Los socialistas valencianos van a tener que sudar tinta para lograr que la promesa fiscal de Ximo Puig a la empresa familiar se convierta en realidad. Compromís y Unides Podem rechazan extender del 95 al 99% la bonificación fiscal del impuesto de sucesiones a todas las empresas familiares. Solo aceptan beneficiar a aquellas de menor facturación (10.000 euros al año) cuando la empresa pase de padres a hijos. El asunto está llamado a convertirse en el gran conflicto entres los socios del Botànic en la negociación de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2020 en las Cortes. Y ello porque en esta rebaja fiscal se suman intereres empresariales y de partido. Puig prometió en la campaña de las autonómicas de abril bonificar al 99% las sucesiones en la empresa familiar. Era una reivindicación histórica del colectivo que hasta ahora solo tienen bonificado este impuesto al 95% y únicamente para empresas con poca facturación.

La Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler trató de incorporar la propuesta electoral en el anteproyecto de la ley de acompañamiento, pero Compromís, que no comparte la filosofía de la rebaja fiscal, condicionó el acuerdo a que saliera adelante su propuesta de incrementar al 1,9% el impuesto de actos jurídicos documentados en las primeras copias de escrituras y actas notariales que formalicen préstamos o créditos hipotecarios. Se trata de un tributo que pagaba la ciudadanía y que ahora, tras una sentencia del Supremo, corresponde a los bancos. El PSPV y Compromís no llegaron a un acuerdo y la ley de acompañamiento pasó al pleno del Consell sin ninguna de las dos medidas. Hacienda estudió dejar el asunto para otro ejercicio y propuso crear una suerte de observatorio fiscal sobre todoa la política de impuestos.

Sin embargo, las negociaciones se acabaron retomando. Con el texto ya en trámite parlamentario, los tres socios del Botànic firmaron una enmienda que incorporaba ambas propuestas. La relativa a la bonificación fiscal a la empresa familiar limita las nuevas ventajas a las sociedades de menor facturación. Registrada la enmienda, el pasado viernes el grupo socialista trató de modificar el texto para eliminar ese tope y que el ahorro fiscal se extendiera a todas la empresa familiar, al margen de su facturación. Compromís se negó (y sigue haciéndolo) a firmar la rectificación y Unides Podem, aunque lo hizo en un principio, ayer rectitificó y en boca de su portavoz, Naira Davó, rechazó extender la exención fiscal a las grandes empresas. A partir de aquí el relato tiene dos versiones. Desde el grupo socialista se mantiene que hubo un error en la redacción de la enmienda (realizada en la conselleria) y no se eliminó el requisito de la pequeña dimensión. El propio portavoz socialista Manolo Mata habló de esta redacción incorrecta y dio por hecho ayer tras la reunión de la junta de síndics de las Corts que el acuerdo político con Compromís incluía una bonificación completa.

Según esta versión, Compromís se habría aprovechado de un error para, ya en las Cortes, desdecirse y solo apoyar el beneficio fiscal para las pequeñas empresas. Sin embargo, desde la coalición de Mónica Oltra se mantiene que la propuesta recoge los términos políticos del acuerdo, es decir, una bonificación fiscal limitada. De hecho, en esta formación no se ocultaba el malestar con las filas socialistas que habrían tratado de colarle un cambio no pactado. Para los socialistas, sin embargo, la deslealtad estaría en su socio por supuestamente aprovecharse de un error. Bloqueado un acuerdo botánico, Mata dejó claro ayer que «hará lo que sea», incluido pactar con el PP, para que salga adelante. Se da la circunstancia de que el PP ha registrado su propia enmienda sobre el impuesto de sucesiones, aunque esta va más lejos que la promesa del Puig al plantear una exención del 100%. Y de momento, los populares no tiene intención de facilitar las cosas: «Que apoyen nuestra propuesta», indican los populares. Con el voto del PP, los socialistas no tendrían suficiente. Necesitan también a Ciudadanos o Vox. Lío a la vista.