Una tercera parte de los ayuntamientos que no han rendido cuentas del ejercicio económico de 2018 son alicantinos. Más de un mes después del plazo concedido por el Tribunal de Cuentas, fijado el 15 de octubre, 78 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, de los que 28 son alicantinos, han incumplido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y no han entregado su balance económico anual a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, por la que están obligados a pasar todos los municipios españoles de forma periódica.
De los 28 ayuntamientos de la provincia de Alicante que se han saltado la normativa y que entregarán sus datos con el plazo sobradamente vencido, se encuentran cinco municipios con más de 30.000 habitantes, Torrevieja, Benidorm, Villena, La Vila Joiosa y Santa Pola, que junto con la localidad valenciana de Aldaia encabezan la deshonrosa lista. Al igual que figura entre las localidades con dos años de retraso a la hora de rendir cuentas Benigembla, que junto con Albocàsser (en Castellón) todavía tienen pendiente presentar su balance económico del año 2017, que debía estar presentado desde octubre de 2018.
A todos estos ayuntamientos, la Sindicatura de Comptes les ha remitido requerimientos para que cumplan con su deber, al igual que ha apercibido a una entidad local menor, un área metropolitana y 22 mancomunidades. El requerimiento les recuerda que, mientras no cumplan con su obligación de rendir cuentas, no podrán percibir ninguna ayuda o subvención de la Generalitat, sin perjuicio del inicio de actuaciones del procedimiento de multa coercitiva prevista a su vez en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura de Comptes.
Amplio listado
Las 28 localidades alicantinas que no han rendido cuentas son Adsubia, Agost, Alcalalí, Benejúzar, Benidorm, Benigembla (que no lo hace desde 2017), Benimeli, Bigastro, Cocentaina, Confrides, Daya Nueva, Dolores, El Campello (la propuesta de Intervención pasará por el pleno la próxima semana), Poble Nou de Benitatxell, La Vila Joiosa, L'Alfàs del Pi, Planes, Rafal, Redován, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Sax, Torrevieja, Vall de Gallinera y Villena. En cuanto a las 22 mancomunidades afectadas, prácticamente la mitad de ellas corresponde a la provincia de Alicante.
En este caso, se trata de la mancomunidad del Bajo Segura; Calp, Murla y Vall de Laguar; la depuradora del margen izquierdo del Segura Vega Baja (que no rinde cuentas desde 2014); la depuradora del margen derecho del Segura (también sin cumplir la norma desde 2014); la Foia de Castalla (que no rinde cuentas desde 2016); Font de la Pedra; la de Servicios de Promoción Económica de la Vega Baja (desde 2014); la de Serveis Socials de la Marina Alta; la de Serveis Socials de Mariola y, por último, la Vall de Gallinera (que tampoco entrega cuentas desde el año 2014).
