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Doble juego del PP: defensa de la escuela concertada y ataque al Consell por reducir alumnos en las aulas

Miguel Ángel Sánchez, portavoz adjunto popular, se estrena en la Diputación con una polémica intervención en la que vincula la rebaja de las ratios con maniobras para poner trabas a los conciertos educativos

Los diputados votando en el pleno que tuvo lugar ayer en el Palacio Provincial.

Los diputados votando en el pleno que tuvo lugar ayer en el Palacio Provincial. INFORMACIÓN

La educación concertada se situó ayer en el epicentro del debate del pleno celebrado en la Diputación de Alicante. Los partidos protagonizaron una discusión enconada con argumentos frontalmente opuestos que utilizaron como arma arrojadiza. Sin lugar a dudas, las declaraciones que más polémica generaron fueron las del portavoz adjunto del PP, Miguel Ángel Sánchez, quien afirmó textualmente que «hay que restar todos los agravios que se vienen aplicando a los centros concertados como la reducción de ratios», en un ataque a la rebaja del número de alumnos por aula que impulsa el conseller Vicent Marzà y al intento de que la concertada cumpla con las mismas condiciones que los centros públicos. No tardaron los portavoces de la oposición en alarmarse y preguntar si había sido un lapsus, a lo que el diputado, que se estrenaba en el pleno en este mandato, se reafirmó por completo en sus declaraciones.

El diputado del PP criticó la actitud del Gobierno Central en materia educativa y cargó contra la ministra Isabel Celaá por las afirmaciones «en las que cuestiona que los padres puedan elegir la educación de sus hijos que suponen un ataque hacia la enseñanza concertada y ponen en riesgo el futuro de este tipo de centros» que, según indicó, «son necesarios porque garantizan una oferta plural, al tiempo que permiten ahorros en el sistema público de enseñanza». El diputado rechazó, asimismo, la política educativa impulsada por Marzà, al que acusó de «tener una agenda oculta para desarrollar políticas contrarias a la enseñanza concertada». Tras el pleno y una vez reunido con sus asesores, Miguel Ángel Sánchez, consciente de la polémica, trató de poner paños calientes y matizó sus polémicas palabras. Explicó que su intención es pedir el mismo número de alumnos para la pública «porque a la concertada se le exigen unas ratios más bajas para poder mantener los conciertos», según apostilló. Pero, con todo, el lío ya estaba montado.

Para el socialista Toni Francés, las declaraciones de Sánchez fueron «desafortunadas» al considerar que la reducción de alumnos «es una propuesta del Consell que genera calidad de la educación». Francés precisó que «siempre se ha criticado el hacinamiento de las aulas y si el PP ve en esto una amenaza es que no entiende nada sobre la mejora de la educación». Para los socialistas, la defensa de la escuela pública no supone «ni un ataque a los centros educativos concertados, ni un menosprecio a su profesorado, ni a las familias». Además, Toni Francés alertó sobre la falta de iniciativa del PP en la Diputación «que lleva al pleno temas alejados de su gestión y de las necesidades locales». La ausencia Bernabé Cano provocó que en la votación sobre la concertada los dos socios de gobierno (PP y Ciudadanos) igualaran a 15 votos con PSPV y Compromís, por lo que fue el voto de calidad del presidente Carlos Mazón el que desempató.

En la línea de Francés, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, acusó al PP de querer destinar los recursos públicos a privilegiados e insistió en la idea de que la escuela pública es «patriotismo del bueno», mientras el PP «quiere que se pague con dinero público una educación que elige por renta y que separa por sexos» insistiendo en que «a nadie se le impide la libertad de enseñanza» y recalcando el derecho a una educación igualitaria, para permitir que niños de familias con diferencia de recursos económicos se sienten juntos. En nombre de Ciudadanos, el diputado Javier Gutiérrez, rechazó la «aversión» de la izquierda «a la concertada» y se mostró como firme defensor de la libertad educativa. En otro orden de cosas, el también responsable de Infraestructuras anunció, en respuesta a una pregunta socialista, que existe un plan para la puesta en valor y reapertura de las oficinas comarcales de la Diputación que incluye, entre otras acciones, el refuerzo de su plantilla.

Unanimidad para exigir una red de trenes de cercanías en la provincia y un instituto climático en la Vega Baja

Todos los partidos apoyan la Carta de Alicante planteada por Compromís para apoyar las políticas municipalistas

«El consenso es la nota predominante de este pleno». Así resumía ayer el equipo de gobierno el desarrollo de la sesión plenaria en la que, al margen de la fuerte polémica por la educación concertada que copó gran parte del debate, se aprobó una declaración institucional para condenar la violencia de género y una moción de Compromís de apoyo al municipalismo. La denominada Carta de Alicante pretende ser un apoyo a las políticas de los alcaldes y de exigencia de infraestructuras urgentes al gobierno del Estado.

Todos los grupos políticos votaron a favor para concretar las demandas más urgentes desde la óptica municipal al gobierno del Estado, centrada en la defensa de los municipios de la provincia y en la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a su impulso inversor y político. El texto reclama, entre otras medidas, una reforma de la financiación de la Administración local, una modificación de la regla de gasto aplicable a las administraciones con superávits continuados, el cumplimiento de las previsiones del Plan de Cercanías ferroviarias en la provincia y la creación de un Instituto de Emergencia Climática en la comarca de la Vega Baja.

La carta firmada inicialmente por los concejales de la coalición es un primer documento abierto al resto de partidos y agentes sociales y económicos para impulsar la acción local mediante un nuevo marco normativo estatal y nuevas inversiones. El objetivo es denunciar la situación que sufren muchos ayuntamientos, «los que enfrentan serias limitaciones como la falta de inversión directa en infraestructuras o la imposición de cambios unilaterales por parte del Gobierno central».

La Carta de Alicante plantea, igualmente, una reforma financiera de la administración local con criterios de corresponsabilidad fiscal y que, específicamente, tenga en cuenta el peso poblacional, la carga turística y la tipología urbana a la hora de contemplar el coste de los servicios públicos. En este sentido, se propone que aquellos consistorios con un superávit continuado puedan ampliar el margen de gasto no financiero y el catálogo de aquellas inversiones que sean consideradas financieramente sostenibles.

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