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«Me preocupa mucho el debate sobre derechos ya conquistados y el discurso del odio o la xenofobia»

Desde el martes, cuando tomó posesión en las Cortes Valencianas, Ángel Luna González (Madrid, 1952) es el Síndic de Greuges de la Comunitat

Ángel Luna, Síndic de Greuges, entrando a la sede de la institución en Alicante, en una foto tomada el pasado jueves.

Ángel Luna, Síndic de Greuges, entrando a la sede de la institución en Alicante, en una foto tomada el pasado jueves. Rafa Arjones

Después de cinco años como adjunto de José Cholbi en esta institución, ahora se convierte usted en Síndic de Greuges...

Ha sido un buen periodo de adaptación a una institución que exige tener que afrontar los problemas con una gran dosis de imparcialidad y de independencia como única garantía de la credibilidad.

¿Por qué la Sindicatura de Greuges sigue siendo una gran desconocida pese a que tiene una tarea importantísima como es defender a todos los ciudadanos?

Tiene que ver con una limitación de medios y de funciones. Cuando la gente recurre a nosotros espera que una resolución favorable al problema que se nos plantea se convierta en ejecutiva o que podamos sancionar a la administración que incumpla. Y nosotros no tenemos esa facultad. Nuestra única arma, ya lo dije en la toma de posesión, es persuadir a una administración de que hace mal algo y reprocharle que no respete derechos o libertades.

Pero eso significa, entonces, que está en cuestión esa autoridad moral y ética de la institución...

La administración debe atenderla siempre. Pero también es cierto que esa autoridad moral y ética también es algo que se debe ganar.

Y encima la Sindicatura de Greuges tampoco tiene una penetración social aceptable. Ni tan siquiera en su sede de Alicante...

Es verdad... Y es todavía menor en Valencia y en Castellón.

¿Cómo se puede dar la vuelta a esa imagen de invisibilidad?

Un esfuerzo mayor por publicitar nuestras resoluciones, manifestarnos en aquellos problemas que la gente entiende como importantes y tener actividad en todas las provincias. La facilidad para presentar una queja es absoluta. No hace falta venir aquí. Este año, sólo el 13% de las quejas se han registrado de forma presencial. El resto por teléfono, web, correo... Y, sin embargo, el porcentaje de quejas que viene de Alicante sigue siendo mucho mayor que las de Valencia o Castellón.

¿Eso puede significar que durante estos años no han terminado de conectar con los problemas que de verdad afectan a la gente?

Nunca se terminan de detectar. La sociedad y los problemas evolucionan. Nosotros tenemos que tener una atención permanente...

Pero si los ciudadanos no confían es que ustedes, posiblemente, no han hecho bien el trabajo...

No es desconfianza. Creo que el problema es que no nos conocen.

Puede que la gente entienda que los políticos no hacen caso a la Sindicatura. ¿Atiende la administración sus requerimientos?

Unos más, otros menos... Desde luego, hay consellerias y municipios más sensibles a contestar nuestras resoluciones que otros. Hay casos de ayuntamientos que directamente no responden de forma sistemática. Son recalcitrantes. Y algunos de ellos, en breve, se van a encontrar con un escrito diciéndoles que, de continuar con esa actitud, daremos cuenta a la Fiscalía porque entendemos que pueden incurrir en un delito de falta de colaboración.

¿Hay una mejor relación entonces con la Generalitat que con las corporaciones locales?

En el Consell no hay, en general, una actitud negativa. Digamos que hay consellerias que se lo toman con más calma y, dentro de ellas, departamentos concretos que responden de una forma más relajada.

¿Cuáles?

Hemos tenido dificultades para conseguir respuestas, fundamentalmente, de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aunque también es verdad que nos llegan un número de quejas importante. Y de manera muy puntual en alguna cuestión sobre Sanidad.

Hablando de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En su toma de posesión lanzó un toque de atención a la acción social de la Generalitat. ¿Entiende que no se está haciendo lo suficiente?

Ha habido un grandísimo avance en el reconocimiento legal de una serie de derechos. Pero no corre en paralelo ni a la capacidad organizativa de la administración para hacerlos efectivos ni a los medios necesarios para poder cumplir. Esa es la radiografía de la situación.

¿La peor situación es la de la prestación por la Dependencia?

Es evidente que ha mejorado la aportación de recursos por parte del Consell. Pero no es suficiente. Tanto la Dependencia como el nuevo derecho de la Renta Valenciana de Inclusión se están atendiendo a través de una colaboración de los municipios con la Generalitat. Y esa estructura no es satisfactoria. Las corporaciones locales reciben más medios pero a golpe de cada presupuesto. Y llega el 31 de diciembre, se acaban los contratos de personal y el servicio se desmantela. No digo que el sistema adoptado para hacer efectivo ese servicio no sea adecuado pero sí que es muy problemático.

¿Cree entonces que la administración no está respondiendo?

Creo que ese sistema es discutible y habría que replanteárselo. Es cierto que están buscando un mecanismo plurianual pero, de momento, eso no ha dado resultados.

¿Es consciente cuando cuestiona el sistema de la Dependencia del bloqueo de la financiación autonómica? El Gobierno de España prometió financiar el servicio con un 50% y solo aporta un 16%...

Claro que sí. En el caso de la Comunidad Valenciana, es una situación dramática. No todas las autonomías estamos igual. Y hay algunas que estamos peor tratadas que otras. En el caso de la Dependencia, es verdad que la ley establece un porcentaje de financiación por parte del Gobierno de España que no se está cumpliendo. Pero eso no quita la crítica a la gestión del Consell.

En su toma de posesión, usted hizo mucho hincapié también en la situación de los Discapacitados...

Es muy preocupante. Los retrasos de la Discapacidad son escandalosos... Estamos hablando, en algún caso, de años para una valoración que, por cierto, en este caso no pasa por los municipios sino que la hace directamente el Consell.

La atención a los menores ha cobrado actualidad tras la condena por abusos a un cuidador, exmarido de la vicepresidenta Oltra. ¿Hay mala gestión en el trato a menores en esta Comunidad?

No voy a hablar de ese caso concreto ni tampoco del que se produjo en Segorbe, sobre el que abrimos una queja que tuvimos que cerrar cuando se judicializó. Ahora bien, nosotros venimos haciendo desde hace tiempo resoluciones duras sobre la atención a menores. La última, muy reciente, sobre el retraso en los pagos a las entidades que gestionan centros de menores. Hay concesiones que acaban y ni siquiera se ha sacado a concurso la nueva con demoras de meses. Es muy grave. ¿Tiene que ver con falta financiación? En algún caso sí. Pero, sobre todo, con falta de previsión.

¿Afecta este escenario de dificultad en la atención social al porcentaje de pobreza y exclusión?

Claro. Son cuestiones que tienen que ver con la situación personal de cada uno pero también con las ayudas sociales. España es poco eficiente a la hora de redistribuir y de usar prestaciones públicas para acabar con la situación de pobreza.

¿Entiendo, por tanto, que la Comunidad también es poco eficiente para distribuir, por ejemplo, la Renta Valenciana de Inclusión?

Sí. Ese es el ejemplo paradigmático de una ley técnica y socialmente muy potente. Muy bien pensada y muy bien elaborada sobre el reconocimiento de derechos. Pero con unas dificultades a la hora de aplicarla que son realmente serias.

¿Hasta qué punto considera que se están vulnerando derechos de los ciudadanos con el retraso de las listas de espera en Sanidad?

Uno de los derechos fundamentales de la sociedad es tener una buena administración. Y eso tiene que ver con recibir la atención pública en un plazo razonable. Unos plazos que en el caso de la atención sanitaria no se están cumpliendo.

¿Pero tiene solución un problema que es estructural?

Tiene que tenerlo. Por la vía de incrementar los recursos o de una reorganización de los servicios.

La izquierda llegó al Consell con la promesa de acabar con los barracones en los colegios, que se han reducido pero no se han erradicado. ¿Avance insuficiente?

Creo que en este tema ya estamos llegando tarde. Son muchos años de barracones. Y es un periodo en el que no se ha producido un incremento notable de la población o un aumento de la natalidad. Todo lo contrario. Ya no hay la excusa de hablar de una avalancha de gente. No se está avanzando al ritmo que toca.

¿Hay adoctrinamiento en las escuelas de esta Comunidad, como denuncian algunos grupos parlamentarios en las Cortes?

Si tengo que juzgar por las quejas presentadas, no existe esa preocupación. Es cierto que hubo alguna muy puntual que venía de un grupo político. Pero no somos conscientes de que eso se esté produciendo.

¿Hay discriminación todavía hoy para el uso del valenciano?

A tenor de las quejas que hemos recibido, no. Pero tampoco creo que el castellano esté discriminado. Anualmente, se registran entre 70 y 80 sobre derechos lingüísticos. Algunas sobre el uso del valenciano y otras del castellano. De acuerdo a las quejas, no aprecio una discriminación de ninguna de las dos lenguas.

Una cosa son las quejas y otra su visión. ¿Existe una discriminación en esta Comunidad de alguna de las dos lenguas oficiales?

Es clarísimo el Estatuto de Autonomía. Todos los ciudadanos pueden canalizar su relación con la administración en la lengua oficial que quieran. Tienen el derecho a dirigirse y a recibir la respuesta en el mismo idioma que utilizaron para realizar esa comunicación.

¿Y entiende que vale con el Estatuto de Autonomía o que sería necesario aprobar el requisito lingüístico para los funcionarios?

No me corresponde a mi decirlo. Ahora bien, me parecería razonable para aquellos puestos de la administración que tuvieran una relación directa con los ciudadanos.

¿Le preocupa el auge de la ultraderecha por el debate sobre derechos que ya están consolidados?

Me preocupa, primero, las actitudes dirigidas a limitar o recortar derechos de los ciudadanos que ya están conquistados. Y, en segundo lugar, me preocupa muchísimo el discurso del odio y la xenofobia.

¿Y el mensaje que trasladan sobre la violencia de género? Es la primera vez en quince años que se ha vetado una declaración de este tema en las Cortes Valencianas por la posición que toma Vox

Muy preocupante. A estas alturas, negar la existencia de la violencia de género me resulta inconcebible. No tenemos un problema con las leyes, aunque sí de medios. Hay una escasez de medios que es abrumadora.

Están poniendo también en el disparadero a los inmigrantes...

El caso de los menores extranjeros no acompañados es especialmente sangrante. No vienen a quitarle nada a nadie. Los que vienen, en muchos casos, son los más decididos. Los más valiosos. Si fuéramos capaces de ofrecerles, que aún no lo somos, un itinerario formativo razonable, tenemos un tesoro Y sin embargo los criminalizan. No estamos sabiendo dar una respuesta y, como quedan relegados a escenarios de exclusión, por eso en algún caso se ven arrastrados a delinquir.

¿Y la memoria histórica?

Hay una ley y se tiene que aplicar.

El próximo martes se completará en las Cortes la renovación de la Sindicatura de Greuges con Concha Bru y Carlos Castillo como adjuntos primero y segundo...

Son dos personas que pueden aportar visiones complementarias. Mi intención es ser muy participativo. Cuando surja un tema reuniré a los adjuntos y a los asesores para fijar criterio sabiendo que al final el que firma es el Síndic. Pero es importante tener visiones amplias.

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