Las subvenciones públicas que concede la Generalitat serán sometidas a partir de ahora a un control mucho más exhaustivo ya que la fiscalización incluirá la revisión de la documentación que debe aportar la entidad beneficiaria o el particular para justificar la ayuda. Con esta decisión, adoptada por la Intervención General de la Generalitat, se trata de cubrir «lagunas» que, según confirmaron fuentes del departamento de Hacienda que dirige Vicent Soler, se habían detectado. Cabe apuntar que la fiscalización previa de los gastos, entre ellos, los que tienen que ver con la concesión de ayudas a cargo del erario público, no implica la comprobación a posteriori de si la justificación es correcta. Esto pertenece a la fase del control financiero permanente que también realiza la Intervención directamente para los gastos de la administración de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, según se reconoce en una resolución del propio órgano de control interno, la justificación de las subvenciones era «un aspecto del gasto no controlado por la función interventora». Como consecuencia, la Intervención resolvió incluir en el Plan Anual de Control Financiero Permanente del ejercicio de 2019 (un documento que marca la previsión de actuaciones) incluir la revisión «sobre los expedientes de reconocimiento de obligaciones derivados de subvenciones del capítulo IV y VII», es decir, los capítulos de transferencias corrientes (ayudas a entidades o personas físicas) y transferencias de capital (dirigidas a las empresas públicas, entidades y ayuntamientos). Así las cosas y según consta en la citada resolución, entre otras cuestiones, la Intervención de la Generalitat debe «verificar si la certificación expedida por el órgano gestor respecto a la comprobación de la justificación documental aportada por el beneficiario o la entidad colaboradora y respecto del cumplimiento de los fines subvencionados es adecuada con la documentación justificativa que obra en el expediente».
Como ocurre en toda fiscalización, el control se centra en muestras de expedientes de gasto. Serán las intervenciones delegadas las responsables de verificar los justificantes que aportan las entidades o personas que reciben una ayuda. La Intervención admite que hasta ahora la fiscalización permanente era únicamente complementaria respecto del control previo y se adentraba en la verificación de la justificación. Además, la Intervención revisará los expedientes de endeudamiento y otras operaciones financieras y, en el ámbito del personal, aquellos relativos al inicio, progresión e inclusión en el grado de la carrera profesional que se paga al funcionariado de la Generalitat.
