Falsificación de documentos públicos, suplantación y atribución de cargos en una reunión de afiliados, descontrol absoluto de las cuentas del partido, financiación sin control y supuesto enriquecimiento de los responsables locales del partido a costa de la colaboración y las aportaciones monetarias de los afiliados de Vox de Torrevieja. Cuando el 80% de la agrupación local empezó a denunciar la «falta de transparencia y buena gestión», les contestaron con «amenazas, insultos y vejaciones». Ante la gravedad de la situación, alargada en el tiempo para que las críticas «no hagan daño al partido en periodo electoral», desde hace unas semanas, en la cúpula de la formación ultraderechista, el presidente Santiago Abascal y el secretario general Javier Ortega Smith disponen de un dossier con 99 páginas donde se detallan con pelos y señales los episodios que han llevado a que un partido que en los comicios municipales consiguió una edil y que el 10-N logró 5.300 votos (el 22% del censo electoral de Torrevieja), tenga a su militancia «levantada en armas».
El pasado verano, un grupo de 70 afiliados solicitó a la gestora provincial la destitución del coordinador local, Juan Carlos Ramos, considerado, junto a la concejala Carolina Vigara, como responsables de todo el entramado de recaudación ilícita. Pero la gestora «no quiso saber», se desentendió del tema y se convirtió «también en culpable al estar cubriendo a los autores» de estas irregularidades. Entre las afiliadas que lleva más tiempo luchando contra un sistema que mueve «mucho dinero sin control» está Amparo Maroto. Según esta simpatizante del partido de Abascal, «éramos unos 150 afiliados, trabajando mucho sin pretender nada», pero ahora que los «pocos que controlan el partido ya han conseguido sueldo, lo que queremos es acabar con toda la basura de Vox en Torrevieja». Y por eso han acudido a la cúpula de Vox en Madrid, ya que «no es posible pedir menos que la atención, la sensibilidad y la comprensión de las situaciones para resolver de la manera más inocua posible estas acciones, dado que nuestros estatutos dejan claro cuál es la solución. Solo hace falta valor y honradez ya que la ineficacia de Comité Ejecutivo Provincial ha quedado acreditada», afirma la denuncia enviada a Madrid,en poder de este diario, y que se incorpora, además, a una lista de casos de supuesta financiación ilegal, como el ya destapado por este periódico en El Campello y otros posibles en Mutxamel, Sant Joan, Elche o Callosa de Segura.
Las sospechas de financiación ilegal comenzaron con las mesas informativas donde Carolina Vigara y Juan Carlos Ramos, siempre según la denuncia, «se dedicaron a realizar un modo de negocio propio, ingresando una parte del mucho dinero recaudado en donaciones en la cuenta del partido, que nunca nos mostraron, y otra parte era de mantenimiento para ellos». En otra ocasión, Vigara y Ramos pidieron dinero para una pancarta pagada previamente por el partido, o no entregaban carnets de Vox plastificados que hacían por 20 euros cuando Madrid pedía 10, o dejaron por pagar la luz del local utilizado en las elecciones municipales, que costó 100 euros «por amistad de un simpatizante con el propietario y se recogieron más de 600 euros entre la militancia» para este cometido.
En opinión de la responsable de comunicación de la gestora provincial de Vox, Mónica Borrás, «las donaciones que se perciben están controladas desde la provincia puesto que el secretario provincial/tesorero (cargo que recae en el diputado autonómico Miguel Pascual), lleva las cuentas. Y estás, a su vez, se auditan cada año por Madrid. No hay forma de financiación ilegal posible», explica. De los dos afectados, el excoordinador local, Juan Carlos Ramos, contestó textualmente a este periódico: «No tengo nada que hablar con ustedes». La concejal Carolina Vigara no contestó ni a llamadas ni a dos mensajes de Whattshap que aparecían en el sistema como «vistos».
