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El PP endurece su discurso contra el valenciano con una censura política y judicial al Consell

Pablo Casado anima en la Vega Baja a los padres a denunciar y les ofrece los servicios jurídicos de su partido - El líder popular vincula la ley de plurilingüismo con el independentismo y el «modelo identitario» a favor del «pancatalanismo»

Pablo Casado hace declaraciones ante los medios en su visita a Almoradí / Foto Tony Sevilla

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado la Comunidad Valenciana, de manera oficial, durante 2019, en 19 ocasiones, cifra que ayer destacó de manera singular la presidenta regional del PP, Isabel Bonig. Y en cerca de esa veintena de visitas, por no decir que en casi todas, la línea argumental que ha mantenido el líder popular ha girado en gran medida por el conflicto lingüístico, que el PP ha agitado sin paliativos en ruedas de prensa, mítines, actos de campaña y hemiciclos parlamentarios. Y ayer, a punto de acabar el año de las seis convocatorias electorales (entre municipales, autonómicas, generales y europeas), no iba a ser menos Pablo Casado, quien, en medio de la Vega Baja, a medio camino entre Almoradí y Callosa del Segura, volviera a relacionar la educación y el «procés» catalán.

El líder del PP vinculó ayer la política del Consell a favor del valenciano con el independentismo catalán. Para Casado, la Generalitat Valenciana, como ocurrió «hace décadas» en Cataluña, quiere imponer un «modelo identitario» de «pancatalanismo» a través de la lengua, una forma de hacer política que los populares quieren combatir en los Juzgados. El presidente popular anunció que su formación apoyará las movilizaciones convocadas en la comarca de la Vega Baja contra la «imposición» de estudiar un 25 por ciento de asignaturas en valenciano en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y educación de adultos en toda la Comunidad, a partir del próximo curso 2020-2021, por los proyectos lingüísticos de centro derivados de la Ley de Plurilingüismo.

«Pondremos todos los recursos jurídicos para que las familias puedan recurrir esta medida», dijo Casado, que aseguró que la Comunidad Valenciana es «mucho más que un apéndice de Cataluña» y calificó de «falta de respeto» hacia esta autonomía que «algunos separatistas» vean a los valencianos «como un anexo de una fantasmagórica construcción política que nunca ha existido». Desde su relación directa con la Comunidad Valenciana («a la que quiero» en gran medida al ser su mujer ilicitana), el presidente de los populares aventuró que se «empieza» por la educación y los medios de comunicación y se termina «llevando al Congreso de los Diputados proposiciones de ley para la independencia como hizo Ibarretxe o directamente declarándola como Puigdemont».

Grandes batallas

En los esfuerzos por agitar el conflicto lingüístico no quedó muy atrás la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que insistió, en presencia de Casado, que el PP «va a seguir librando dos grandes batallas en defensa de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana: la libertad educativa y el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura». Bonig hizo también una defensa de la zonas castellanohablantes de la Comunidad Valenciana, «tan valencianas como las zonas donde se habla valenciano, pero estamos viendo el proceso de catalanización que Puig está llevando».

Y hablando de Cataluña, Casado acusó ayer al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de «intentar comprar su investidura con delincuentes condenados en firme por el Tribunal Supremo», en referencia a Oriol Junqueras, y expresó su confianza en que la Abogacía del Estado «no sucumba» a esas «presiones» y cumpla con «su obligación» de defender al Estado y «no a los que han hecho un golpe al Estado».

Pulso entre los populares y la Generalitat por la defensa del trasvase Tajo-Segura

La vicepresidenta recuerda que el Consell ya ha recurrido el recorte y el líder del PP critica el «golpe de gracia»

La visita del presidente del PP a la Vega Baja también sirvió para reivindicar, una vez más, la defensa del trasvase Tajo-Segura, el mismo día que en València, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, la vicepresidenta Mónica Oltra aseguraba que el Consell seguirá defendiendo con firmeza esta infraestructura, considerada por Oltra «una cuestión irrenunciable». La vicepresidenta mantuvo que la posición del Consell sobre ese trasvase es «absolutamente firme, ahora, hace un año, hace dos años y hace tres años», y además recordó que la consellera de Agricultura (también en manos de Compromís) ya ha firmado la autorización a la Abogacía de la Generalitat para recurrir la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de recortar a 7'5 hectómetros cúbicos el envío de agua del Tajo al Segura.

«No es el primer recurso que se presenta, ni la primera oposición a algún recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha», manifestó ayer Oltra.

Partiendo de esa misma decisión de recortar la cantidad de agua trasvasada, al autorizar el Gobierno solo 8 hectómetros cúbicos en diciembre, cuando los técnicos apostaban por transferir hasta 20, Pablo Casado calificó esta decisión de «golpe de gracia» para la infraestructura. Casado anunció que el PP se movilizará para que el agua siga llegando y para que el PSOE «deje de mercadear con un recurso que es de interés nacional». Para el presidente del PP, la decisión responde a motivos «ideológicos» y «sectarios» del Ministerio de Transición Ecológica y lamentó que se quieren «rematar» trasvases que llevan «operando décadas». Frente a ello, defendió que el PP «siempre» ha logrado poner de acuerdo a las cuencas cedentes y receptoras.

«La Vega Baja y Alicante en su conjunto, y Murcia, Almería y la Comunidad Valenciana en global, necesitan agua», recalcó Casado y señaló que es un recurso «público y escaso» que debe tener «un acceso, una sostenibilidad y un coste para quienes la usan, los turistas que la necesitan y la agricultura». El líder de los populares también exigió al Gobierno que deje de utilizar el Mar Menor como «excusa» para «paralizar» el trasvase Tajo-Segura. Por contra, puso en valor el Decreto de la Región de Murcia que tiene como objetivo paliar los efectos perjudiciales para biodiversidad del «agua dulce, los fertilizantes y el sector agrícola» en la laguna salada «más importante de Europa».

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