El mandato municipal y autonómico empezó hace tan sólo medio año con una sintonía casi absoluta entre Carlos Mazón, nuevo presidente de la Diputación y principal referente institucional del PP en toda la Comunidad Valenciana, y Ximo Puig, tras su reelección para una segunda legislatura como jefe del Consell. Pero ahora esa buena relación se ha reconvertido en una doble estrategia por parte de Mazón. Aflojar la cuerda para Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, con un pacto, incluso, en los presupuestos de la Diputación, que se votan mañana. Y, a la vez, elevar la presión contra el presidente de la Generalitat. El movimiento perpetúa así desacuerdos heredados de la etapa de César Sánchez que, con este alejamiento, amenazan con enquistarse como ocurre con el conflicto sobre el Fondo de Cooperación Municipal. Con ello, Mazón convierte la relación de la Diputación y la Generalitat en una «pinza» que aviva aún más la distancia a su vez en el Botànic.
Los «pesos pesados» del Palacio Provincial -empezando por el presidente y acabando por su portavoz, Adrián Ballester- llevan desde principios de diciembre acogidos al argumentario de elogiar la figura de Oltra frente a Puig. Integraron ese mensaje en su relato justo tras el episodio del enfrentamiento entre el presidente de la Diputación y el jefe del Consell durante la celebración del Día de la Constitución en Alicante. Pero, sobre todo, tras la reunión de la segunda semana de este mes entre la vicepresidenta y líder de Compromís con Mazón en la que se acordó un calendario de cinco años para el traspaso de competencias sociales de la Diputación a la administración autonómica. Tareas que viene desempeñando la corporación alicantina desde hace más de 37 años cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía pero que, en realidad, correspondían al Consell. Una vieja reivindicación de los mandatarios que han pasado por la Diputación durante estos años pero que nunca se ha llegado a resolver.
Como se recordará, el acuerdo incluye que a lo largo del próximo ejercicio, la Generalitat ya asumirá el servicio de teleasistencia domiciliaria, liberando de esa manera 1,1 millones de las arcas provinciales. Mazón ha garantizado a Oltra que sumará esas cantidades a un gran fondo social que repercutirá directamente en los municipios una vez que ya no las tenga comprometidas. Ese sería el primer paso. Pero la gran gestión social pendiente a la que se ha comprometido Oltra, sin ninguna duda, es el traspaso del Hogar Provincial. En las previsiones de la Diputación para 2020 Mazón ha incluido una actuación de 800.000 euros en esas instalaciones para que el viejo edificio esté en condiciones cuando se realice la transferencia. La idea de Mazón es que el actual presupuesto del Hogar, cuando lo asuma la Generalitat, engrose además el mencionado fondo social siempre ligado al municipalismo.
Esa conexión con Oltra ha llevado al presidente de la Diputación a poner encima de la mesa la retirada del recurso judicial contra la Ley de Servicios Sociales, la norma «estrella» del mandato de Mónica Oltra y que fue impugnada en su momento por César Sánchez. Durante la etapa anterior, la institución alicantina acudió los tribunales de forma sistemática con las leyes del Botànic. Así que el gesto de Mazón, en el momento en el que se consume, podría tener gran valor, en tanto que supone aflojar la cuerda de la tensión sobre la figura de Oltra. Un escenario que se completa con el pacto presupuestario entre Mazón y el portavoz de Compromís, Gerard Fullana. Por contra, sin embargo, la presión sobre Ximo Puig, especialmente, tras el encontronazo del Fondo de Cooperación Municipal.
No será el último choque. En la Diputación denuncian que Puig no ha cumplido con la comisión mixta, aún no constituida. Recelan de la aplicación del mencionado fondo municipal a través de una ley que está en la recta final de su periodo de elaboración antes de que se tramite en las Cortes pero que en el Palacio Provincial no descartan llevar a los tribunales al invadir, dicen, la autonomía local. Y no gusta ni un ápice la actual interlocución desde Presidencia de la Generalitat. Consideran que la figura del secretario autonómico de Cohesión Territorial, Alfred Boix, está entorpeciendo las conversaciones como estrategia política. En la Diputación sugieren que la única solución para poder presupuestar el Fondo de Cooperación Municipal, igual que hacen Valencia y Castellón, pasaría por la asunción desde la Generalitat del servicio de salud mental, un traspaso paralizado desde hace años. Apremian en el PP a Puig para que Sanidad, bajo control del PSPV, asuma esa competencia ya, como ha hecho Oltra en Bienestar Social, para poder dedicar el dinero al fondo local. Nueva etapa de conflicto.
Oportunidad con el fracaso en la gestión de César Sánchez
Oportunidad con el fracaso en la gestión de César SánchezCarlos Mazón se ha sacado de la manga como respuesta al Consell un fondo municipal propio incluido en un paquete de inversiones por 40 millones. El presidente de la Diputación ha tenido la habilidad de vender como un logro, un plan de inversiones que, en realidad, está edificado sobre el fracaso de César Sánchez. Son inversiones que se nutren de remanentes. Es decir de aquellas partidas que el anterior presidente fue incapaz de gestionar.
