La hipoteca que arrastra la Generalitat, es decir, los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios futuros, se eleva ya a la friolera de 53.045 millones de euros, una deuda para generaciones futuras que no se saldará en lustros y que en su mayoría (46.868 millones, el 88,4%) tiene que ver con el servicio de la deuda, las amortizaciones e intereses de los préstamos a los que el Consell tiene que recurrir para hacer frente a sus gastos como consecuencia de la infrafinanciación autonómica. El dato de esta deuda total contraída a lo largo de los años por los gobiernos de la Generalitat aparece recogida en el informe de la Sindicatura de Comptes entregado ya a las Cortes y que está referido al ejercicio de 2018, el tercero completo gestionado por el Botànic.
Los compromisos de gasto a 31 de diciembre de 2018 crecieron un 2,7 % respecto al año anterior debido precisamente a estas operaciones de endeudamiento vinculadas a los mecanismos de financiación estatales, es decir, el rescate del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La cifra da una idea de la situación de asfixia y dependencia financiera en la que se encuentra el Ejecutivo y también hasta que punto sin un nuevo modelo de financiación o mecanismos de reestructuración de la deuda, el panorama es sombrío. Haría falta dos presupuestos y medio para poder afrontar estos gastos y saldar así la deuda.
Una vez más, la Sindicatura vuelve a alertar de las consecuencias negativas de la infrafinanciación y de cómo este sistema «discriminatorio» compromete la universalidad e igualdad en el acceso a los servicios públicos: «La elevada deuda pública condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valenciano, salvo que se adopten medidas de resarcimiento de la infrafinanciación». Ya lo dijo la institución auditora en su informe de 2017 y ahora vuelve a dar la voz de alarma. Con el nubarrón de la infrafinanciación instalado encima de la Comunidad, la radiografía sobre la situación patrimonial de la Generalitat no puede arrojar datos positivos.
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De hecho, la Sindicatura subraya el «importante desequilibrio patrimonial» de la Generalitat con unos fondos propios negativos por valor de 30.096 millones de euros, un agujero que crece respecto al año anterior cuando se situó en 29.294 millones. La situación es de quiebra técnica ya que el pasivo real que arrastraba la Administración al finalizar ese ejercicio -la suma de lo que debe, incluidos los gastos no reconocidos en el balance- superaba su activo (el valor de sus bienes y derechos en general). La cifra es consecuencia de la acumulación de resultados negativos de 2018 y ejercicios anteriores, pérdidas, insiste, que se originan por la falta de recursos.
Ahora bien, no todos los males financieros le vienen dados al Ejecutivo valenciano. 2018, año preelectoral, fue también el ejercicio en el que el Botànic abrió el grifo. La evolución positiva de reducción del déficit saltó por los aires ese año que se cerró con un desfase entre ingresos y gastos de 2.187 millones de euros. El organismo fiscalizador llama la atención sobre este hecho y apunta como responsable el incremento de gasto, principalmente sanitario. De hecho, ese año los ingresos evolucionaron de forma positiva (un 3,8% más) sobre todo vía tributos cedidos, mientras que el gasto real creció un 3,4% hasta alcanzar 15.407 millones. Dos incrementos encadenados del gasto real, que logró reducirse en 2016.
Reproche por los 1.325 millones
Como ya hizo en 2017, la Sindicatura de Comptes reprocha al Consell que siga incluyendo la partida de la infrafinanciación (1.325 millones) y le pida que se ciña «únicamente» a las previsiones de ingresos que de forma razonable espera obtener. «Hay que procurar que se respete que la presupuestación sea realista», aseveró. Con todo, la conclusión del auditor público es favorable ya que, pese a las salvedades detectadas, la Generalitat Valenciana cumple con las normas y no se ha detectado ninguna situación de responsabilidad contable.
