La insuficiencia del presupuesto para hacer frente a los gastos, sobre todo en el ámbito de los servicios públicos básicos, ha llevado al Consell a abusar de una figura que, si bien le permite garantizar la continuidad de las prestaciones sociales, le sitúa al borde de la legalidad. Los contratos de enriquecimiento injusto o de resarcimiento permiten desplazar toda la legislación y amparar al contratista para cobrar de la Administración pese a no existir contrato alguno o estar gravemente viciado. En 2018 se disparó tanto en número de expedientes como en volumen de dinero asociado a esta figura. Así, crecieron hasta el 27,5 % al suponer un importe total de 1.424 millones, 400 millones más que en 2017; y un 13 % respecto al número de expedientes (pasan de 339 a 384).

La Sindicatura de Comptes deja claro su desagrado con esta figura y advierte del «riesgo de incumplimiento de la normativa de contratación». La advertencia, incluida en el informe de fiscalización del ejercicio de 2018, no es nueva. De hecho, ya lo hizo en su informe anterior, en el que recomendó «actualizar las medidas necesarias para aprobar una regulación normativa completa de la tramitación administrativa de las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, tanto las debidamente adquiridas,como las que no lo son». Una recomendación que, a la vista de los datos, cayó en saco roto.

El informe fiscalizador revela que el departamento que más veces recurrió a esta práctica es el que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, Igualdad y Políticas Inclusivas, con 118 expedientes (siete más que en el ejercicio anterior), y un valor de 118 millones. Muy lejos, no obstante, del importe de la conselleria de Sanidad con los 1.319 millones de euros concentrados en 15 expedientes. Hacienda y Justicia también recurrieron a esta controvertida figura con 62 y 64 expedientes, respectivamente, y 15 y 8 millones. Cabe añadir que del importe total de la Generalitat (1.422), 505 corresponden a gastos de ejercicios anteriores y 917 a gastos correspondientes a 2018.

Sin éxito

Cabe recordar que el PP llevó sin éxito a la vicepresidenta Mónica Oltra a los tribunales por abusar de estos contratos. La denuncia se archivó, lo que no implica que no sea un procedimiento irregular. Los motivos, no son necesariamente ocultos. La mayoría de los expedientes tiene que ver con la falta de crédito para afrontar pagos de servicios. Cuando se inicia una licitación, es necesario contar con crédito y esto no siempre ocurre, sobre todo en conselleries como la sanitaria que está infrapresupuestada. Otras veces el problema es que no se ha llegado a tiempo para convocar el concurso correspondiente. Lo que sí revela una falta de planificación.

La Sindicatura es taxativa cuando habla de gastos contraídos fuera de cobertura presupuestaria. En concreto, cita los registrados en la cuenta 409 por valor de 803 millones de euros. «Vulneran lo dispuesto en la normativa», asegura. El otro cajón legal de facturas en los cajones (la cuenta 411) se eleva a 246 millones, aunque el auditor público corrige al alza la cifra y añade 35 millones de la deuda reconocida con el IVO y la concesionaria del hospital de la Ribera.