El informe anual de la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2018 revela un incremento global del 29,7 % en el volumen de pérdidas acumuladas por las empresas públicas de la Generalitat respecto al ejercicio anterior. En conjunto, las 26 sociedades dependientes de la administración autonómica cerraron el año con un «agujero» contable de 229,95 millones de euros que superó en 52,7 millones de euros el resultado negativo de 2017. La cifra rompe una tendencia a la baja iniciada en 2015 y regresa a niveles de 2016, cuando las pérdidas alcanzaron los 277,6 millones de euros. En el último año de gestión del PP, 2014, el importe negativo llegó a los 416 millones.
El incremento reflejado por el organismo fiscalizador en 2018 responde en buena medida a los malabarismos de la radiotelevisión pública À Punt. La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) arrojó un resultado negativo de 48,2 millones en la cuenta de pérdidas y ganancias (antes de recibir la subvención correspondiente de la Generalitat), mientras que la Corporació de Mitjans de Comunicació (CVMC) terminó el año con un resultado negativo de 987.659 euros.
La empresa pública con más pérdidas continúa siendo Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), con una desviación de 98,3 millones. Turisme Comunitat Valenciana (TCV) también engrosó su déficit, de los 30,7 a los 39,8 millones de euros, mientras que el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (Ivass) zanjó el año con un resultado negativo de 33,8 millones y la Agencia Valenciana Antifraude aumentó su pasivo un 6% y cerró con un déficit de 126.296 euros. La Sindicatura añade 608.511 euros de pérdidas del Plan Cabanyal y 1,2 millones del Parc Sagunt.
Solo 7 de las 26 empresas públicas fiscalizadas presentaron un resultado positivo, entre ellas Vaersa, la Epsar o el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El pasivo global acumulado, en cambio, se redujo en 1.500 millones de euros.
Ataques informáticos
La millonaria estafa cibernética perpetrada contra la EMT ha dejado al descubierto los peligros a los que se enfrenta el sector público valenciano y ha puesto el foco en la fiabilidad de las barreras para prevenir el fraude informático. En su último informe anual, la Sindicatura de Comptes alerta de las «debilidades significativas» detectadas en los controles básicos de ciberseguridad de los sistemas de información que gestionan las nóminas del personal de la Conselleria de Sanidad.
El organismo fiscalizador emplaza al departamento autonómico dirigido por Ana Barceló a «tomar conciencia de la necesidad de lograr los niveles exigidos por la normativa» frente a la multiplicidad de amenazas existentes, a fin de garantizar la prestación adecuada de servicios a los ciudadanos, la protección de la información sensible y el cumplimiento de Ley de Protección de Datos.
