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Una fractura que aleja soluciones

La ruptura en el Congreso, la tensión y una mayoría parlamentaria muy débil dificulta el cumplimento de la agenda provincial y autonómica

Una fractura que aleja soluciones

Dos votos han permitido a Pedro Sánchez ser presidente del Gobierno. Dos votos favorables, 18 abstenciones y un pacto de Gobierno de coalición, el primero en la historia reciente de la política nacional española con el que ahora debe afrontar la XIV Legislatura en un Congreso que ha registrado unas cuotas de tensión muy elevadas y unas escenas de enfrentamiento verbal poco recomendables. Con estos mimbres de crispación y debilidad, el nuevo Ejecutivo debe arrancar con la carpeta de tareas repleta, especialmente de compromisos con diferentes formaciones políticas, en su mayoría de ámbito territorial concreto, que ahora deben ser prioritarias para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y aquí, entre tantos temas pendientes, está la llamada «agenda valenciana», que en su afección más concreta se limita a la «agenda alicantina».

Un manuel muy extenso de problemas pendientes de solución donde no parece que haya concordia entre fuerzas políticas para salir adelante. Donde no se trata de elegir presidente pero si de conseguir una financiación autonómica adecuada, de aumentar la ayuda para cubrir la dependencia o de mejorar las infraestructuras por todo el Corredor Mediterráneo. Cuestiones que en algunos casos necesitan de la implicación de más fuerzas políticas del arco parlamentario, de diputados que han demostrado que la Cámara Baja está completamente fragmentada, como se vio a todas luces en las dos votaciones para que Pedro Sánchez revalidara su cargo de presidente, y como todo apunta que se va a seguir viendo en próximas fechas.

A la vista de las opiniones de seis diputados en el Congreso, uno por cada formación política que obtuvo representación en los pasados comicios del 10 de noviembre, el diagnóstico del «paciente» no es muy alentador. La radiografía detecta serias lesiones en uno de los ingredientes básicos de la política como es el «consenso», la capacidad de entendimiento y acuerdo, la voluntad de avanzar sin dejar «víctimas» por el camino y sin volver a truncar proyectos que ya eran fundamentales hace varios años y que, ahora, se pueden considerar, como mínimo, retos vitales para el desarrollo de la Comunidad Valenciana y de esta provincia.

Después de leer las palabras de los diputados Alejandro Soler (PSOE), Txema Guijarro (Unidas Podemos), Joan Baldoví (Compromís), César Sánchez (PP), Manuel Mestre (Vox) y Marta Martín (Cs), los seis no coinciden más que en su acreditación como parlamentario en la Cámara Baja. Los tres primeros votaron «sí» a Pedro Sánchez y los tres últimos votaron «no», pero sus diferencias van más allá. Dos de ellos, Guijarro y Baldoví, que han apoyado la creación del Gobierno de coalición, coinciden en una petición: «La 'agenda valenciana' no depende de la mayoría, depende de la voluntad política y de la presión que hagamos», asegura Baldoví. Pero esa predisposición se traduce de manera distinta. Para el diputado de Podemos, asuntos tan trascendentales como aprobar una nueva financiación autonómica requiere «reformar el sistema fiscal español en su conjunto». Guijarro avanza que «la única forma de dar por satisfechas las demandas de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades llegará en la medida que seamos capaces de implementar una pequeña subida del IRPF o de regularizar el impuesto de sociedades». Un aumento de la presión fiscal que no forma parte del acuerdo establecido entre Compromís y el PSOE y de la que no habla el representante socialista, Alejandro Soler, quien considera, con tono triunfalista, que el nuevo Gobierno «va a ser determinante para resolver los problemas de la financiación autonómica y la mejora económica en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante, además de garantizar inversiones de Fomento que reflejen nuestro porcentaje de población».

Si nos vamos a la bancada de la derecha, el tono beligerante mantenido en el Congreso por los líderes del PP, Vox y Cs es el mismo que desprenden ahora sus diputados por Alicante. César Sánchez habla de que los populares «van a seguir poniendo encima de la mesa pactos de Estado y una actitud moderada, responsable y constructiva al Partido Socialista, pero por donde no va a pasar el PP es por poner en riesgo, la estabilidad institucional de España, la unidad y la soberanía nacional». «Moderación» y «no vamos a pasar»en la misma frase no conjugan bien.

Como tampoco casan en un entorno de diálogo institucional las manifestaciones de Manuel Mestre, diputado de Vox, para el que «lo de un nuevo modelo de financiación antes de ocho meses no se lo cree nadie», sobre todo por las «exigencias separatistas respecto a hablar en la Mesa de gobiernos de los Países Catalanes». Para el diputado de extrema derecha, esta Comunidad, con un «domesticado Ximo Puig, podrá arrancar migajas en los próximos Presupuestos Generales del Estado». Y por parte de Cs, Marta Martín considera que si el Gobierno «trabaja por todos los españoles, con independencia de quien les hayan votado y trabajan por el progreso y no por sus intereses particulares a nosotros nos tendrán trabajando. Pero dudo que eso vaya a ser así», concluye.

Fuego cruzado

Con todo este fuego cruzado, el Consell se enfrenta a trasladar a la Moncloa una aspiración que puede marcar, en gran medida su futuro. PSPV y Unidas Podemos, que ya comparten gobierno en València y en Madrid, más el «socio necesario» de Compromís, son conscientes de que una nueva financiación autonómica y una inversión justa ayudará a diluir las críticas de la derecha a propósito del conflicto catalán. La propia Mónica Oltra, desde su cargo de portavoz del Consell, ha apuntado estos días que el diálogo del nuevo Gobierno con las comunidades autónomas «no tiene por qué ser excluyente», ya sean los interlocutores Torra, Puig o García-Page. Es decir, ni excluyente ni perjudicial ni para Cataluña ni para la Comunidad Valenciana ni ra otras autonomías. Territorios vecinos y hermanados en la demanda de soluciones al Gobierno central.

De algún modo los vasos comunicantes que se establecen entre regiones, con caudales de ríos compartidos e intereses económicos y sociales comunes, tienen cierta similitud con lo sistemas circulares de la política, «círculos viciosos» que de la esfera de los mandatarios se propaga a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la Universidad y a diferentes ámbitos. A veces, estas dinámicas pueden estar más acusadas en un lugar que otro pero se van contaminando entre sí. Hay contagio, para lo bueno y para lo mala. Los poderes y los contrapoderes se compensan con círculos que crecen y decrecen, al igual que la actividad parlamentaria cala en la vida cotidiana. El enfrentamiento político está dentro del palacio de la Carrera de San Jerónimo y el debate ciudadano está en calles y plazas.

El presupuesto del Estado, el primer examen en el calendario

El presupuesto del Estado, el primer examen en el calendarioEl primer «gran hito» al que se enfrenta el nuevo Gobierno de coalición serán los presupuestos generales del Estado de 2020, las cuentas que den el carpetazo definitivo a proyecto económico que aprobó el PP en 2018, con Cristóbal Montoro de ministro de Economía, prorrogado ya durante dos ejercicios. Y en este caso, ni siquiera el PSOE y Unidas Podemos, los dos socios de Gobierno, se ponen de acuerdo a primera vista. Mientras Alejandro Soler (PSOE) considera que «es difícil precisar una fecha porque hay muchas prioridades», aunque «la idea es tenerlo cuando lo permita el calendario», Txema Guijarro (Podemos) asegura que su partido está «deseando que se inicie cuanto antes» porque «sin esa plataforma difícilmente se puede operar». Puestos a dar una fecha, Joan Baldoví (Compromís) espera que haya presupuesto «después de San José, algo parecido a cuando Rajoy fue presidente en 2011». Por contra, PP, Vox y Cs desconfían de la capacidad del Gobierno en acordar un nuevo proyecto de ley de presupuestos, para lo que será necesaria, después de dos meses de deliberaciones, al menos mayoría simple de votos en el Congreso, al igual que en la última sesión de investidura.

«La cultura del pacto pondrá a prueba a este nuevo Gobierno»

La catedrática Rosario Tur considera que «no solo hay que pactar para ser presidente, el reto es sostener el acuerdo interno dentro del Ejecutivo»

Para la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández, Rosario Tur, la sociedad española está mucho más preparada para la cultura política de pactos que lo que se nos quiere hace entender. La formación del primer Gobierno de coalición desde la II República no debe sorprender tanto, a su juicio, ya que «en durante más de 40 años de democracia hay experiencias en autonomías de gobiernos gestados a través de coaliciones, incluida la actual experiencia valenciana». El cambio principal, explica Rosario Tur, es que, durante lustros, «los representantes políticos de los granes partidos apelaban al voto útil para fomentar el bipartidismo», algo que ahora «siguen haciendo pero que ya no funciona» por varios motivos.

El primero, según esta catedrática de la UMH es que «la sociedad española siempre ha estado muy fragmentada» a nivel político («no hay más que ver cuántos partidos se presentan en las elecciones, sobre todo en las locales»). El segundo es la «efervescencia democrática con la que arrancó el siglo XXI», con la Primavera Árabe o los movimientos de jóvenes en Europa), y el tercero, la «buena lectura» que las nuevas formaciones políticas han hecho de la ley electoral, «concentrándose en las grandes ciudades y apostando por determinadas provincias donde puedes sacar rentabilidad, como hizo Ciudadanos en Cataluña». Con esa nueva forma de ver la política, «se ha roto la apatía y el bipartidismo», explica Tur.

Desde esta nueva forma de constituir las instituciones democráticas, la catedrática indica que «ahora estamos esperando a ver si este gobierno tiene la capacidad suficiente para articular los pactos necesarios. No solo hay que pactar para ser presidente, si no ver como se sostienen esos pactos internos». Rosario Tur tiene muy claro que «la sociedad está forzando la cultura del pacto y eso va a poner a prueba este Gobierno. Vamos a ver qué capacidad tiene para articular acuerdos dentro del Ejecutivo y vamos a ver hasta qué punto este Gobierno supera esta prueba en una situación de amigos/enemigos. Es una democracia de adversarios, donde no valen los pactos de Estado», añade.

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