«No hay conflicto». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, limitó ayer el último enfrentamiento que ha sacudido los cimientos del Botànic II a una «cuestión procedimental» puramente «técnica», que se resolverá «de manera inminente» en menos de una semana. La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas evitó la confrontación con los socialistas a cuenta del anteproyecto de la Ley de Función Pública. La Consellera de Justicia que dirige Gabriela Bravo lo presentó para que se acordara en el pleno del viernes, pero Compromís lo impidió, tras las discrepancias surgidas sobre el reglamento que ha de regular el requisito lingüístico para el acceso de los funcionarios a la administración. Fue la mano derecha de Oltra en el «consellet» del jueves, Alberto Ibáñez, quien verbalizó la posición de la coalición valencianista aduciendo que no había un acuerdo cerrado para implementar la capacitación lingüística.
La decisión ha levantado ampollas en Justicia porque, según fuentes del Consell, había entendimiento con la Conselleria de Educación para elaborar dicho reglamento en una comisión interdepartamental cuyo borrador debería tener el visto bueno de la dirección general de Política Lingüística, en manos de Compromís. De ahí que, en un sector del gobierno, se interprete lo sucedido como un golpe de autoridad de Oltra frente a Marzà y Bravo, con quien ha mantenido agrios desencuentros. En el entorno de la vicepresidenta niegan esta versión y la dirigente no quiso ayer ahondar en los pormenores. «Tengo la buena costumbre de no comentar especulaciones ni fuentes anónimas», respondió en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Oltra sí admitió que, a falta de cerrar un «fleco técnico», existe un «acuerdo de fondo» desde 2018 sobre «lo prioritario y fundamental», que, a su juicio, es «garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la administración en la lengua oficial que elija». En la misma línea, la Conselleria de Educación recalca ese entendimiento a falta de «ajustar» el procedimiento. El departamento que dirige Vicent Marzà quería participar en el decreto de la Ley de Función Pública, una cuestión que Justicia declinó reivindicando sus competencias.
La ley sigue aparcada a la espera de tramitación cuatro años después de comenzar a redactarse. Aunque la misión de la norma es transformar y modernizar la administración bajo una nueva arquitectura, la división que genera entre los socialistas y Compromís el grado de flexibilidad en la aplicación del requisito lingüístico retrasa su aplicación. La ley obliga a redactar un reglamento para regular la exigencia de un determinado nivel de valenciano en virtud de cada puesto funcionarial autonómico. En la anterior legislatura, Compromís forzó a incluir una cláusula según la cual, si en un año no se hubiera aprobado dicho documento, el requisito lingüístico se implantaría de forma automática en función de las categorías. Pero Justicia acabó eliminando dicha disposición después de que el Consell Jurídic la viera incongruente. A cambio, Bravo planteó a Educación una comisión con expertos para elaborar el reglamento y tratar de desatascar el conflicto.
El Consell descarta sumarse al frente judicial contra el Gobierno por el IVA
La vicepresidenta Oltra deja la actitud del Botànic II en el campo de la «reclamación» y la «reivindicación»
El Botànic II no tiene previsto sumarse al frente de comunidades que van a llevar al Gobierno a los tribunales para reclamar la liquidación del IVA correspondiente al último trimestre del año 2017. La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, avanzó esta semana que no va devolver los 2.500 millones de euros adeudados a a las autonomías pese a haberse comprometido a ello, aduciendo que ese montante «no existe» por el ajuste de contabilidad nacional de hace dos años, con lo que la medida -a su juicio- «ha decaído». Esta decisión ha generado en un goteo de anuncios de reclamaciones judiciales por parte de diferentes gobiernos autonómicos. La «guerra del IVA» trasciende de la barrera partidista, puesto que, además de Cataluña, Andalucía, Madrid y Galicia, también han comunicado su intención de seguir esta vía los presidentes socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha, Francisco Javier Lambán y Emiliano García Page.
Ayer, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, reiteró que la Generalitat va a «reclamar» y «reivindicar» al Gobierno central que «arregle la fechoría» del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y pague los 281 millones que adeuda a la Comunitat Valenciana del IVA de 2017, pero, a preguntas de este diario, no se pronunció sobre la posibilidad de imitar a otras comunidades acudiendo a los tribunales. Oltra dijo que el gobierno valenciano tiene «toda la legitimidad» para exigir el dinero, insistiendo en que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que no lo abonó.
El PP acudirá a la vía judicial
Por su parte, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, anunció ayer que la próxima semana llevarán al Gobierno central a los tribunales para que «devuelva el dinero que corresponde a los valencianos» de la liquidación del IVA. Así lo avanzó Bonig en las jornadas interparlamentarias del PPCV, en las que intervino junto a la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y otros dirigentes populares del ámbito nacional, autonómico y provincial. Bonig recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez «dijo que iba a pagar el IVA» y exigió una reunión con la ministra en la que se fijen unos plazos de pago. También reprochó a los «grupos de la izquierda» de las Corts que no firmaran una iniciativa con este objetivo y advirtió de que la Comunitat «acumula la mitad del déficit de España y no es una herencia del PP». Esto demuestra, a su juicio, que «hay una escalada peligrosa contra el Estado de Derecho».
