El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha rechazado el recurso que presentó la cúpula autonómica del PP contra la resolución de la Conselleria de Educación para revisar el expediente sobre las ayudas al fomento del valenciano concedidas a las empresas del hermano del president Ximo Puig, Francis Puig. Según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, la diputada oriolana Eva Ortiz presentó esta demanda para revisar los criterios de las adjudicaciones ante la sospechas de presuntas irregularidades, pero la sala ha acordado no admitirla. De este modo, el tribunal concluye que Ortiz no está legitimada para presentar este recurso pese a que «se diga en la demanda que representan a un gran número de ciudadanos».

Este procedimiento judicial se dirigía contra la resolución dictada el 6 de abril de 2018 de la dirección general de Política Lingüística para que cesara «la inactividad de la administración de la Generalitat en la comprobación material de la subvención concedida a la aquí demandada», en este caso Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports SA. Según recoge la sentencia, «el escrito denominado por la actora resolución fue la respuesta dada a la parlamentaria popular Eva Ortiz por el director general, expresado en síntesis lo siguiente, que las empresas fueron beneficiarias de una subvención en las convocatorias de 2015 y 2016 habiendo presentado dentro de plazo la justificación de los gastos realizados». Además, trasladó que «los técnicos de la dirección general comprobaron que la justificación de dichos gastos (incluida la aportación de disco duro) era conforme a Orden 22/2015 y Orden 48/2016 de la Conselleria de Educación». Para el alto tribunal valenciano, «no está claro que el escrito o resolución impugnada del director general de Política Lingüística reconociera a la actora la condición de interesada, porque parece que se le da el trato de denunciante, que no es lo mismo».

La sentencia, en cualquier caso, aún no es firme y contra ella se puede presentar recurso. Pese a que el TSJ ha cerrado la vía administrativa por el momento, otro juzgado de València mantiene abierta la vía penal y recientemente ha sumado a la Guardia Civil en la investigación. En este procedimiento se investiga la presunta comisión de «cuatro delitos de fraude de subvenciones por parte de los responsables de las sociedades Mas Mut Produccions SL y Comunicacions dels Ports SA, correspondientes a las anualidades de 2015, 2016, 2017 y 2018».