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Toque de la cúpula regional de Ciudadanos a sus ediles de Alicante por oponerse a la ultraderecha

La dirección que controla Cantó pide un informe sobre por qué censuraron el pin parental y rechazaron la moción de Vox contra el valenciano

Los diputados provinciales de Ciudadanos en la Comunidad, ayer en su cita de Castellón.

Los diputados provinciales de Ciudadanos en la Comunidad, ayer en su cita de Castellón. a. I.

Plantar cara a la ultraderecha y evitar hacer seguidismo de Vox les va a costar a los cinco ediles de Ciudadanos en el Ayuntamiento Alicante, integrados en el gobierno municipal junto al PP, tener que explicar a su cúpula autonómica, controlada por Toni Cantó, los motivos que les llevaron a oponerse al pin parental y a rechazar una moción contra el valenciano. La secretaría regional de Acción Institucional de Ciudadanos, dirigida por Jesús Gimeno, ha solicitado al grupo de concejales que detallen negro sobre blanco y de forma exhaustiva todo el proceso interno que les llevó a tomar esa resolución, según confirmaron fuentes de la formación. Los afines al senador Emilio Argüeso, enfrentados con Cantó, no ven motivos para ningún tipo de sanción y lo reducen a una cuestión interna. Pero lo cierto, sin embargo, es que la posición de los munícipes alicantinos ha encrespado al ala más conservadora de Cs con el síndic en las Cortes o el diputado Fernando Llopis al frente.

Esa solicitud de información incluye, según apuntaron estas fuentes, que los regidores rindan cuentas tanto de los antecedentes como del desarrollo y el desenlace del episodio que les llevó a tomar ese camino. Los ediles habían trasladado su postura a la secretaría provincial de Acción Institucional, que no les había puesto ningún tipo de reparo. Los afines a Cantó, por contra, consideran que el grupo municipal de Alicante se desvió de la línea a pesar de frenar a Vox. Especialmente en el asunto del valenciano, uno de los temas que Toni Cantó utiliza de forma recurrente para atacar al Consell del Botànic. Pero, más allá de la actuación orgánica de Ciudadanos, lo cierto es que esa petición supone un toque de atención de la cúpula autonómica a sus cinco ediles después del episodio del pasado jueves en el pleno del Ayuntamiento de Alicante. Una solicitud que se produce, además, a las puertas de una asamblea clave para la supervivencia del partido, en pleno debate ideológico entre el ala centrista y la más conservadora y en medio de los movimientos para llegar a pactos preelectorales con el PP en las citas con las urnas autonómicas que, en principio, se celebrarán a lo largo de estos meses en Cataluña, Galicia y el País Vasco.

Lo que ocurra en la provincia de Alicante no es una cuestión menor para Ciudadanos. Es una de las circunscripciones en las que, pese a perder un diputado, mejor resistieron los naranjas en medio del vendaval que les arrastró a la debacle del 10-N. Y es un territorio en el que comparten el gobierno tanto de la capital alicantina como de la Diputación, donde son decisivos para la estabilidad del ejecutivo de Carlos Mazón. Como se recordará, en esa sesión municipal del jueves, se produjo una triple ruptura del equipo de gobierno durante las votaciones sobre el aborto, el pin parental y la propuesta para modificar la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià -norma aprobada en el Palacio de la Diputación en 1983- para que Alicante cambiara a predominio castellano. Ciudadanos evitó meterse en el avispero ultra. Había un pacto del PP para mantener la unión del equipo de gobierno pero, finalmente, los populares se desmarcaron para acabar alineados con Vox.

Durísima presión

Esa misma tarde, durante una asamblea de Ciudadanos en medio del proceso congresual, ya se disparó la tensión cuando algunos cargos del partido afines a Cantó le echaron en cara a los concejales su posición en el pleno que acababa de terminar. El ala más conservadora elevó la presión, incluso, para un expediente, algo que no está sobre la mesa. Pero, de momento, esa petición de información, efectivamente, requiere a los ediles sobre dos de los asuntos más espinosos para Ciudadanos: el pin parental y, sobre todo, la agitación del conflicto contra el valenciano, casi el único relato político de Toni Cantó. Pero lo más llamativo, sin duda, es que en un partido golpeado por los electores a raiz de su mensaje de derechas en las últimas generales y que, como un intento para tratar de tomar aire, busca recuperar el centro político, la dirección autonómica reclame explicaciones sobre una votación que, frente a la tibieza del PP en Alicante, plantaba cara, precisamente, al relato de enfrentamiento que marca la ultraderecha.

Tanto desde el entorno del grupo más próximo a Emilio Argüeso, ahora con escaño en el Senado y enfrentado al síndic parlamentario por el control del partido, como entre fuentes próximas a la organización del partido en Alicante, existe el convencimiento de que el asunto no pasará a mayores. Más allá, incluso, se considera una cuestión de trámite habitual dentro de la organización que ya se ha producido con otros asuntos. Pero lo cierto es que, finalmente, este asunto se ha convertido en un nuevo episodio del pulso interno en Ciudadanos. A las puertas de un congreso decisivo para el partido, la cúpula nacional reclama que las listas de delegados para esa cita, marcada para mediados de marzo, se pacten entre los dos grandes sectores del partido en la Comunidad para evitar que se genere una imagen de conflicto, si cabe, aún mayor.

La fractura del grupo en las Cortes se destapa al imponer desde Madrid la oposición al derecho civil valenciano

Los naranjas se quedarán solos junto a los ultras y la diputada que iba a defender el punto renuncia incluso a debatir

Hay fuerte marejada en el grupo parlamentario de Ciudadanos. La formación encara dividida uno de los puntos del orden del día del pleno que entre hoy y mañana celebra las Cortes Valencianas. La dirección en Madrid, ahora una gestora, ha impuesto el «no» a una proposición de ley del Botànic, que también apoya el PP, que pide la modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución para la recuperación efectiva del derecho civil valenciano, del que disponen otras autonomías y que regula aspectos en materia civil sobre los que las Corte no puede legislar según el Tribunal Constitucional por lo que solo cabe el cambio en la Carta Magna.

La iniciativa se pospuso la pasada legislatura por el adelanto electoral y si se repite el voto en comisión, Ciudadanos y Vox serán los únicos partidos que se opongan. El malestar en el grupo llega por dos vías. Son muchos los diputados a los que molesta quedar retratados junto a los ultras en esta cuestión y también porque el voto viene impuesto. Los diputados tienen una reunión esta mañana en la que se les comunicará lo que Madrid ya ha decidido, por lo que algunos ni siquiera participarán.

Incluso la diputada que en principio tenía que defender este punto en el debate de hoy, Mamen Peris, se ha desmarcado y no va a salir a la tribuna. La defensa de la posición de Ciudadanos la realiza el diputado Vicente Fernández. Preguntada ayer, Peris aseguró que el cambio se produce porque tiene que intervenir en dos temas más, pero fuentes conocedoras aseguran que es una de las que ha peleado para cambiar el sentido del voto ante el secretario general, ahora en la gestora, José Manuel Villegas.

La tensión interna estalla en un momento en que el síndic, Toni Cantó, intenta mantenerse fiel al discurso de Inés Arrimadas, la que se prevé futura lideresa del partido. Cantó nunca ha mostrado sensibilidad por cuestiones como el valenciano o el derecho civil. Todo lo contrario. Y desde su entorno se asegura que no habrá cambio en el voto. Con todo, otras fuentes no descartaban alguna abstención en el grupo.Al malestar en las Cortes se une lo ocurrido en Alicante después de que el grupo municipal rechazara el pin parental de Vox y apoyara la Llei d'Ús del Valencià.

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