Potenciar el desarrollo social y económico igualitario de los municipios de la Comunidad Valenciana. Ese es el objetivo, sobre el papel, de la nueva Ley de Mancomunidades avalada hace menos de un mes por el Gobierno Central y que el Consell ha comenzado a agilizar esta misma semana empezando por el lugar que más le duele a la derecha: la Vega Baja. La Generalitat tiene una nueva vía para llegar a los municipios y ganar visibilidad. En la práctica constituye un dique de contención al poder del PP en la Diputación, que viene denunciando un modelo que vulneraría la autonomía provincial. Ahora que la ley ha echado a andar tras recibir el aval de los tribunales y del Ejecutivo Central, el presidente Carlos Mazón ha preferido, por ahora, evitar otro frente y se ha limitado a decir que cumplirá la legislación. No obstante, en el Palacio Provincial temen que esta medida les reste su capacidad decisoria y se convierta en un mecanismo de contrapoder en zonas como la Vega Baja, donde la izquierda busca hacerse un hueco. Ocho son los puntos que desagradan en la Diputación y que pueden acabar alimentando de nuevo el conflicto con el Consell.
La adscripción de cada pueblo y los riesgos de un boicot
1 Las Mancomunidades, según la ley, son asociaciones voluntarias de municipios que se constituyen para gestionar o ejecutar planes, realizar proyectos o prestar servicios de su competencia a los ciudadanos. Este punto implica que existan ciertas localidades, previsiblemente del PP, que puedan negarse a agruparse y provocar un desajuste entre entidades gobernadas por distinto color. El equipo de gobierno de la Diputación ya ha garantizado que respetará la legalidad pero sus alcaldes no se han pronunciado sobre la posibilidad de negarse a ser incluidos y así provocar un boicot a la norma del Consell.
Las Mancomunidades pueden optar a todas las subvenciones
2 Las aportaciones de los municipios a las mancomunidades tienen la consideración de pagos obligatorios y preferentes para todas las entidades locales. De hecho, el Consell deja claro que la hacienda estará constituida por recursos como aportaciones de los municipios, ingresos procedentes de su patrimonio, contribuciones para la ejecución de obra o instrumentos similares de financiación incondicionada. Estas entidades tienen un amplio abanico de posibilidades para su financiación y de hecho se abre la posibilidad de aportarles cualquier tipo de subvención.
Obligación de que se integren en los planes de inversión
3 La Generalitat y las diputaciones deberán integrar necesariamente a las mancomunidades en sus planes estratégicos de subvenciones, incluyéndolas en todas las líneas y programas que les puedan afectar. Con ello, estos organismos participarán en las convocatorias autonómicas y provinciales de ayudas y subvenciones, por lo que la Diputación de Alicante estaría obligada a colaborar, sea cual sea el color de sus gobiernos. El PP ha denunciado en multitud de ocasiones que la citada norma autonómica enmascara, en realidad, una comarcalización «encubierta», ataca la autonomía provincial y la independencia de cada municipio.
Financiación específica desde la Generalitat
4 Con el fin de promover el desarrollo de las mancomunidades de ámbito comarcal y articular la cooperación de estas, la Generalitat establecerá líneas de financiación cuya cuantía se establecerá con carácter anual a través de la ley de presupuestos de la Generalitat. El Consell abre así la posibilidad de diseñar su propia red de ayudas. Para los populares, sin embargo, este extremo coacciona y obliga a los municipios a mancomunarse para recibir esas subvenciones. De esta manera, «se priva la libertad de los municipios para las convocatorias públicas y el objetivo es usurpara competencias y protagonismo a las diputaciones provinciales», según vienen denunciando dirigentes del PP.
La Diputación debe colaborar con cada mancomunidad
5 La ley establece que las diputaciones provinciales colaborarán y auxiliarán a las mancomunidades con el fin de materializar y desplegar todas sus competencias. Las instituciones provinciales deben articular una colaboración permanente, estable y sostenida para hacer efectiva la prestación de servicios. También contarán prioritariamente con éstas para la prestación de los servicios obligatorios y esenciales, así como para la modernización de la gestión de los pequeños municipios. Para dirigentes del PP, este elemento pone en riesgo el ordenamiento territorial.
La Generalitat ejerce como coordinador de competencias
6 La Generalitat busca su papel protagonista en el territorio y establece que la nueva legislación le pueda atribuir la facultad de coordinar el ejercicio de las competencias de las mancomunidades de ámbito comarcal entre sí. La Generalitat y las diputaciones provinciales prestarán especial asesoramiento y apoyo a las mancomunidades de ámbito comarcal. Igualmente, siempre que resulte posible, prestarán asesoramiento y respaldo al reconocimiento de ámbito comarcal de las mancomunidades.
Delegación de política turística a las entidades comarcales
7 El Consell podrá delegar parte de sus funciones y las potestades que correspondan a la administración en materia de turismo -competencia exclusiva autonómica-, espectáculos públicos, establecimientos y actividades recreativas, en aquellas entidades locales que por sus medios puedan asumirlas, asegurando coordinación y eficacia.
Acceso a las cantidades de los fondos de cooperación
8 El fondo de financiación de las entidades locales de la Comunidad o los instrumentos de financiación incondicionada que normativamente se habiliten, deberán incorporar entre sus beneficiarios a las mancomunidades comarcales. La ley recoge por lo tanto la posibilidad de que el Consell habilite un anexo al Fondo de Cooperación en el que tendrían absoluta prioridad, algo que el PP tampoco respalda.
