Con tachaduras y correcciones manuales. Así ha aparecido 18 años después la propuesta que presentó a la Generalitat Valenciana la empresa Proyectos Eólicos Valencianos, de la que formó parte la familia del exdirigente del PP Juan Cotino, para hacerse con unas de las zonas del plan eólico que diseñó el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. En concreto, se ha constatado la existencia de al menos dos versiones diferentes de síntesis de un informe y dos versiones diferentes de informe-propuesta, una de las cuales ha aparecido con tachaduras y correcciones manuales. El plan eólico generó más de 60 millones de euros en beneficios para la familia Cotino y la investigación apunta a que Zaplana acumuló una fortuna en paraísos fiscales a cambio de servir en bandeja a grandes empresas el servicio. Por el momento, la jueza y el fiscal Anticorrupción han recuperado un total de 6,4 millones de euros que permanecían escondidos en Suiza.
Se desconoce el autor
La Agencia Valenciana Antifraude ha trasladado esta circunstancia al juzgado en el informe elaborado recientemente sobre la convocatoria del plan eólico de la Comunitat Valenciana que se investiga en las diligencias derivadas de la Operación Erial. El dossier no identifica quién es el autor de esas anotaciones, la causa o la finalidad de las tachaduras. Los números anotados han sido modificados y mecanizados en una de las versiones del informe y Antifraude ha remitido al juzgado las capturas de pantalla en las que se observan las anotaciones, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN. En julio de 2001, Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, constituyó junto a Endesa y Bancaja la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos.
En 2003, el expresidente José Luis Olivas sale del Palau para irrumpir en Bancaja y le sustituye Francisco Camps. Unos años después la familia Cotino vendió su participación a Endesa en esta empresa de renovables. El informe de Antifraude encargado por la jueza sitúa a la familia Cotino y al expresidente Zaplana en una situación muy comprometida. Este análisis concluye que la Administración autonómica incluyó una serie de condiciones con posterioridad que benefició a determinadas empresas. De hecho, traslada Antifraude, la aplicación de al menos tres de las condiciones límites han favorecido de forma directa a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos. No es la primera vez que trasladan al juzgado sospechas de manipulación de este expediente administrativo. Tras la detención de Eduardo Zaplana, ordenada en mayo del año 2018, la Generalitat, bajo mando de la izquierda, abrió una investigación interna sobre el presunto espionaje en la documentación del plan eólico que se encontraba en una de las naves del Centro de Archivo y Logística que la Generalitat tiene en Riba-roja. Seis días antes de la operación policial que permitió desmantelar esta presunta «organización criminal», un cargo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Alfonso Roselló, pareja de una ex directora general del Consell de Zaplana, visitó esta nave y estuvo rebuscando entre la documentación que alló se encontraba.
En cambio, la investigación interna de la Generalitat se archivó porque el almacén no tiene cámaras. Se constató que accedió a las instalaciones de Riba-roja en dos ocasiones en 2018, el 20 de abril y el 16 de mayo, pero «por causas diferentes» a las que motivaron la investigación interna. La Generalitat verificó que la documentación que estaba fuera de su sitio corresponde a la autorización de la instalación de uno de los parques eólicos de la zona 6 que investiga el juzgado.
En principio, la documentación encontrada no tenía relevancia ni relación directa con el proceso de adjudicación de las zonas eólicas, ya que se trata de documentación administrativa necesaria para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de energía eléctrica. No obstante, durante la mencionada investigación no se pudo determinar «la razón lógica que justifique» que esa documentación estuviera en Riba-roja, ya que los documentos sobre autorización de instalaciones son de uso frecuente y están depositados en el archivo central de la Conselleria de Economía, en la Torre 2 de la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre.
