El debate sobre la responsabilidad patrimonial de los partidos políticos ante los posibles casos de corrupción que afectan a los representantes que han nombrado lo puso ayer sobre la mesa el director de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, Joan Llinares. En declaraciones a INFORMACIÓN, Llinares señaló que la responsabilidad patrimonial es una cuestión que ya existe, por ejemplo, en el ámbito de la empresa puesto que cuando un directivo se aprovecha de su estructura para cometer una estafa o se ve inmerso en una acción criminal la empresa tiene una responsabilidad directa sobre los actos de su empleado. El director de la agencia defiende, por tanto, que se pueda incorporar también a la responsabilidad de los partidos sobre sus cargos.

Llinares considera necesario que se legisle para que las organizaciones que aceptan situar en puestos de responsabilidad a políticos que después se ven inmersos en casos de corrupción tengan por ello una responsabilidad que afecte incluso a su patrimonio. En ese caso se debería incluir esta opción en el Código Penal, según sostiene el experto. En su opinión, ello obligaría a los partidos a introducir mecanismos para mejorar la selección de las personas a las que van a situar en casos de responsabilidad.

También facilitaría recuperar hasta el último céntimo ya que se podría actuar contra los activos de las estructuras que se benefician. Y esa responsabilidad afectaría no solo a los partidos políticos, sino a sus organizaciones satélites, añade, como entidades participadas por los propios partidos como fundaciones o sindicatos vinculados a partidos que funcionan como correa de transmisión u otros entes dependientes de partidos.

Responsabilidades

De momento, la única responsabilidad de las formaciones políticas se produce cuando se establece un nexo directo de que ha llegado un dinero a las arcas de los partidos y esto se puede acreditar. Ese es el único caso en el que a través de un proceso penal se podría reclamar un reintegro del dinero, pero nunca por responsabilidad en los nombramientos. Mientras, los detalles del sumario del caso Erial provocaron ayer en las Cortes numerosas reacciones. En una de ellas, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, consideró que la investigación ya ha acreditado que en el caso del expresidente Zaplana hubo quebranto público, por lo que el Consell debe personarse para recuperar el dinero.

Mata aportó también que por este caso ya hay dinero en la oficina de recuperación de fondos públicos que depende del Gobierno por lo que es necesario negociar para que el dinero acabe en las arcas de la Generalitat, ya que es de todos los valencianos. Uno de los partidarios de que los partidos devuelvan el dinero robado por sus cargos es el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, que ayer defendió que su partido ha obligado a los corruptos a abandonar sus puestos allí donde tiene influencia en los gobiernos. Según Cantó, los partidos políticos tienen que devolver todo el dinero robado por alguno de sus miembros.

Sin embargo, el síndic del PSPV, Manolo Mata, recordó que Toni Cantó trabajó «de forma entusiasta para el Gobierno de los corruptos» y lamentó que Ciudadanos hable de la corrupción del PP cuando ha asumido plegarse ante este partido para ser su muleta política.

Los partidos del Botànic llamaron a la necesidad de que el PP haga autocrítica por estos años y reconozca que su estrategia creaba una ilusión colectiva de que todo iba muy bien y de grandes acontecimientos, una forma de hacer política que ha llevado a los valencianos a la ruina en estos años.