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El Consell rebaja la tensión y garantiza el valenciano para sus funcionarios en un año

Mónica Oltra y Gabriela Bravo escenifican el acuerdo entre los socialistas y Compromís y anuncian que se agilizarán los plazos para que el requisito lingüístico se implante en la Generalitat antes del ecuador de la legislatura

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la vicepresidenta Mónica Oltra ayer en València.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la vicepresidenta Mónica Oltra ayer en València. EFE / Ana Escobar

Una rueda de prensa conjunta al finalizar la reunión del Consell para escenificar que la implantación del requisito lingüístico en la administración ha superado, al menos en su primer estadio, una larga y tensa negociación interna del Consell entre el PSPV y Compromís. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra y la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, compartieron mesa y micrófono al acabar el pleno donde se desbloqueó, dos años después, el proyecto de Ley de la Función Pública. Una foto conjunta -sin el tercer protagonista de las negociaciones, Vicent Marzà- en la que ambas defendieron que, una vez que comience la tramitación parlamentaria, se acortarán los plazos para que dentro de un año, justo antes de la mitad de la legislatura que se cumple en abril de 2021, se pueda poner en marcha el reglamento que desarrolle la aplicación específica del conocimiento del valenciano que se exigirá a cada uno de los empleados autonómicos.

Tras la entrada en vigor de la ley una vez pase el debate en las Cortes se conceden doce meses para contar con esa disposición reglamentaria. Pero el Consell deja entrever que ese plazo se acortará y que no impedirá que el departamento competente trabaje desde ya en el documento final que, casi cuatro décadas después, implantará el requisito lingüístico en la administración para las dos lenguas oficiales. Puestos a comparar periodos temporales, un espacio insignificante si lo equiparamos con que «en 40 años de autogobierno aquí no se había apostado por la lengua» como ahora, según destacó ayer la consellera Gabriela Bravo, que reconoció que la Comunidad Valenciana era la única autonomía con lengua propia que no exigía el requisito de conocerla para sus trabajadores públicsos. Profundizando en este argumento, la vicepresidenta Mónica Oltra también recordó que «el Estatut d'Autonomia dice claramente que el valenciano es lengua propia de la Comunidad», cooficial con el castellano.

Como prueba del interés en agilizar la entrada en vigor de la ley y aplacar a los que le acusan de tibieza con la normalización lingüística, Bravo explicó que se va a constituir una comisión de expertos, con técnicos de Política Lingüística y Función Pública, entre otros, que en paralelo a la tramitación de la norma en las Cortes hará un «estudio preparatorio» para la elaboración del reglamento. Con esta medida, la consellera se mostró convencida de que «antes del ecuador de la legislatura» estará terminado ese reglamento. La Ley de la Función Pública exigirá a cada empleado público que quiera acceder a la administración o que ya trabaje en ella el requisito de una capacitación lingüística del valenciano, que será «proporcional y adecuada al puesto», detalló Gabriela Bravo.

La consellera precisó que, al igual que el resto de comunidades bilingües, será un reglamento el que determinará los niveles de capacitación lingüística que se exigirán a los diferentes empleados públicos, por lo que no hay ningún «conflicto» en desarrollarlo tras la aprobación de la ley. Al mismo tiempo, la norma, formada por 191 artículos y varias disposiciones, busca «rejuvenecer el capital humano» de la administración -en la que casi el 50% de funcionarios se jubilará esta década-, dar estabilidad a unas plantillas con alta temporalidad, y garantizar, además, la presencia equilibrada de hombres y mujeres.

Grupos favorables a la normalización lingüística aprietan a Vicent Marzà

Creen que la ley «retrasa» el requisito y piden una reunión con Puig y los grupos en las Cortes para agilizar su trámite

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Escola Valenciana lamentaron ayer que el proyecto de Ley de Función Pública que ha aprobado el Consell «retrase un año más y condicione la competencia lingüística a un reglamento», algo que solo puede entenderse en «una voluntad de postergar una medida que ya hace demasiados años debería estar vigente». En un comunicado, ambas entidades afirman que el texto aprobado «no asegura la competencia lingüística en todos los puestos de trabajo de la administración valenciana» por lo que han acordado solicitar una reunión conjunta con el presidente, Ximo Puig, así como abrir una ronda de contactos con los partidos políticos con representación en las Cortes para garantizar su inclusión en la tramitación parlamentaria de la norma.

«No entendemos por qué, pese al amplísimo consenso de las principales fuerzas sindicales y entidades cívicas valencianas, la inclusión de la competencia lingüística en valenciano haya sido un obstáculo para la Conselleria de Justicia». Además recuerdan que «la competencia lingüística en la lengua oficial y propia es un hecho que ya hace décadas se aplica en otros territorios, tanto dentro de nuestra comunidad lingüística (Cataluña e Islas Baleares) como, con ciertas particularidades, de fuera (Galicia y País Vasco)», añaden estos colectivos.

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