Al contrario que muchos abuelos, el expresidente Zaplana nunca se quejó de que su nombre no hubiera bautizado a ninguno de los casos de corrupción que adornan su hoja de servicios. Desde Naseiro al IVEX, pasando por Sanz o Terra Mítica. Ni siquiera Erial, que provocó el derrumbe del Lehman Brothers de la corrupción, aquel 22 de mayo de 2018, lleva su nombre. Pero lo importante es la sustancia. La de Erial, esencia zaplanista, corrupción 2.0. Cuando nadie hablaba de Agenda 2030, el visionario Zaplana ya vio nicho de negocio en la movilidad (la concesión de ITV, en 1997) y las energías limpias (el Plan Eólico, en 2003).

La gran beneficiaria de esas concesiones amañadas, Asedes Capital (matriz del grupo Sedesa, de los Cotino), dio un pelotazo de 86.511.400 euros con la posterior venta del negocio. La investigación acredita el abono de 20 millones en mordidas a la trama Zaplana, 11,3 pagados a través de la luxemburguesa Imison International.

Pero la UCO lleva ya descubiertos 20 millones, entre la cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), gestionada por el uruguayo Fernando Belhot, y el capital derivado a Suiza y Luxemburgo. Los investigadores sospechan que parte del dinero encontrado tiene otra denominación de origen, distinta a las concesiones que motivaron la investigación, al atraco a las arcas públicas cuyo guión, como una ruta del tesoro, se esbozó en las seis hojas olvidadas por Zaplana en un hueco entre la caja fuerte y una pared del piso que vendió el 18 de diciembre de 2006.

La génesis del caso es una particularidad de la causa Erial. La cuantía de las mordidas interceptadas, sería otra. Hasta 20 millones de beneficio neto para la trama. Después de «impuestos». Porque, como en cualquier negocio, el de la fabricación de comisiones tiene unos costes de producción, tasas y peajes por silencios, disimulos y firmas. ¿Cuál sería la cifra facturada?

La mejor extradición, la del botín

Pero si hay un distintivo especial en esta investigación, ese es la cantidad de dinero expoliado que ha sido recuperado. Unos 11 millones, entre propiedades embargadas y efectivo (6,3 millones). Nunca en una causa de corrupción se han recuperado tantos fondos. ¿Razones? Repatriar el capital público robado fue una prioridad para los investigadores, especialmente para el fiscal Anticorrupción.

Ese fue siempre el valor añadido que se persiguió, más que lograr la detención del testaferro Fernando Belhot y solicitar su extradición a España. Ya no bastaba con detener a los presuntos corruptos, ni siquiera con desnudarlos de la etiqueta «presunto» con una condena judicial. Tanto Belhot como Beatriz García Paesa, clave de bóveda del entramado financiero que descansaba en Luxemburgo, aceptaron la permuta «confesión por impunidad». En parte también por un error fatídico de Zaplana: ser un obseso sibarita. Un adicto a la «delicatessen» que, lejos de contratar a una «pyme», se encomendó a dos multinacionales de referencia en el trilerismo financiero global. Pero se convirtió en una cuenta medio «prescindible», en cola de un león que no arriesga bocados millonarios de tres dígitos por mantener aperitivos de uno.

Volando al Río de la Plata

Con el objetivo de que el dinero volviera a casa por Navidad, el 11 de diciembre de 2018, un martes, el fiscal del caso y agentes de la UCO se embarcaron en un avión rumbo a Montevideo. Para resolver con una operación sorpresa las comisiones rogatorias que habían sido remitidas a aquel país en busca de datos e información sobre el patrimonio zaplanista bronceado y gestionado por Belhot. Por aquello del cambio estacional, allí era verano. El calor extremo acompañó al registro de la oficina de South Capital Partners, en el 6329 de la Avenida General Rivera. Fuentes del caso aseguran que tanto Belhot como su socio de despacho se mostraron colaboradores con la justicia española las cinco horas en las que permaneció la misión en el bufete que mueve patrimonio oculto de empresarios y políticos de medio mundo.

¿Quién es Washington Fernando Belhot Fierro? Hay dos tipos de abogados: los que se dedican a sacar al cliente de un lío y aquellos que se ocupan de meterlo en un enredo productivo. Los que más se cotizan son los segundos. Hay menos, tienen más talento y reportan mayores beneficios. Han estudiado Derecho, pero se dedican a la ingeniería financiera, a levantar estructuras societarias y contables en las que ocultar patrimonio. Para llegar a tener un nombre en esa élite de letrados hay que manejar nociones de geografía, especialmente insular. Islas Vírgenes, Islas Caimán, Bahamas, las islas del Canal -Jersey y Guernesey-, Bermudas€ El hombre que manejaba el dinero de las comisiones de Zaplana es una autoridad en las llamadas «finanzas corporativas». La justicia española lo tenía ya en el punto de mira por ser quien custodiaba las presuntas mordidas del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El abogado de Montevideo ofrecía sus servicios a través del despacho BGL Asesores Legales Fiscales, primero, y, luego, desde South Capital Partners.

Y tiene querencia por ocultar fondos en la citada Banca Privada de Andorra. En BPA depositó buena parte del dinero del caso Odebrecht, el escándalo multinacional de los sobornos y comisiones abonados por esa constructora brasileña a políticos de 12 países a cambio de adjudicación de obra pública. Nada menos que 788 millones de dólares, manejados por BGL. Es ese asunto el que ocupa el 90 % del disco duro de sus preocupaciones.

Desde el primer momento, Belhot entendió que le salía a cuenta aceptar que era el gestor del patrimonio del expresidente, pero reiteró que desconocía el origen ilícito de los fondos. Con esta premisa y la certeza de que pasaría de imputado (investigado) a testigo, rubricó su confesión en un escrito que inculpa de forma demoledora a Zaplana. Belhot aceptó el trato, convencido, además, de que así no tendría que echar la persiana de su despacho y de que esta causa carecía de relevancia de cara el escándalo Odebrecht. No veía así peligrar los 160 millones que movía en BPA, sino solo aquellos que, según él, pertenecían a Zaplana. A lo sumo, 9 millones. Calderilla para su volumen de negocio.

En definitiva, que vistas las pruebas acumuladas, optó por sacrificar a un cliente para salvar el negocio. El letrado de Montevideo explicó que tenía a su nombre el «patrimonio oculto» de Zaplana. Y que ejercía de fiduciario del expresidente y de Joaquín Barceló. Pero apuntó que esa relación no se sostenía en ningún contrato privado firmado, sino estrictamente en la confianza. Los acuerdos y la rendición de cuentas eran «verbales» porque Zaplana nunca quiso que hubiera constancia documental. En los diez años de contactos entre ambos no se cruzaron ni un «mail», ni un solo «WhatsApp». Zaplana, en plena forma. La relación entre cliente y representante era únicamente vía llamadas de móvil o a través de Mitsouko Henríquez, la secretaria personal del acusado y receptora de gran parte de los 2,3 millones que Belhot hizo llegar al exministro. La estrategia de defensa judicial de Zaplana pivotará precisamente sobre la ausencia de un contrato que acredite el verdadero propietario del dinero. Y tiene razón el exministro. Buena parte del dinero, ya no es suyo.

Porque la confesión de Belhot por escrito fue ratificada a través de una videoconferencia con la jueza Isabel Rodríguez en enero de 2019. Y entonces se ejecutó la segunda parte del trato, que consistía en entregar los 6,3 millones que tenía a su nombre en el Julius Baer Group de Suiza. En dos cuentas en dólares, euros y libras. El 25 de enero de 2019, Belhot ordenó dos transferencias, de 5,4 millones y 900.000 euros, a la cuenta de los juzgados en Banco Santander.

Una Paesa con pedigrí

Cuando la Fiscalía llamó a su puerta para preguntar por Zaplana, «Beatrice» García Paesa tenía un problema mayor con la justicia: una turbia venta de armas a Angola por 153 millones. Así que cogió un avión rumbo a Manises y, en la oscuridad de la madrugada, declaró en la Ciudad de la Justicia. Y regaló tres cajas con documentos.

Un requisito para triunfar como letrado de ciencias financieras es tener poco apego al terruño, estar dispuesto a instalarse en cualquier calle del planeta. Beatriz García Paesa, por ejemplo, gestiona el despacho de servicios de fideicomiso y estructuras societarias GB Avocats Luxembourg en el número 5 del Bulevar Royal, en el corazón financiero del Gran Ducado. Es la sobrina de Francisco Paesa, el escurridizo agente secreto que pasará a la historia como el hombre que ayudó, primero, y vendió, después, a Luis Roldán, el ex director general de la Guardia Civil que se fugó de España en 1994 para evitar ser juzgado por corrupción.

Beatriz siempre tuvo en su tío Paco un espejo en el que mirarse. Con apenas 28 años, Beatrice, así la conocen en Luxemburgo, colaboró con él en ayudar a Roldán a ocultar los casi 11 millones de euros (1.800 millones de pesetas de la época) que tenía en un banco suizo. El dinero fue transferido al Overseas Union Bank de Singapur. Y para allá que se fue Beatriz a mover efectivo a través de varios ingresos para distorsionar el rastro del dinero. Ha prosperado mucho. Su oficina es una especie de ONG que presta auxilio y cobertura a empresarios y políticos que, como la familia Cotino (dueños de Sedesa y de Asedes Capital) o Zaplana, buscaron cobertura para el comercio internacional de comisiones.

En la sede de su bufete están domiciliadas las dos empresas vinculadas a Joaquín Barceló y Juan Francisco García, para canalizar el pago de mordidas: Imison International y Fenix Investments. En esa dirección se radica también Anipa Corporation, firma que controlaba activos de Pontia Asset Management, cuyo administrador único es Vicente Cotino Escrivá, sobrino del exdirector general de la Policía.

García Paesa participó en la constitución de Imison International ante notario el 16 de mayo de 2001. La sociedad se creó con 607.000 euros de capital social. La firma Interconsult poseía 606.900 euros en acciones y el resto, una acción de cien euros, fue suscrito por la letrada. Parte de las comisiones llegó en billetes, con el maletín de toda la vida. Como el que le llevó Juan Cotino, con 640.000 euros en metálico a Luxemburgo para capitalizar las sociedades creadas. No llegó a sospechar nada sobre un origen delictivo del dinero, explicó en su testifical, porque el transportista del maletín era nada menos que el director general de la policía española. La coartada tiene empaque.

Al igual que Belhot, García Paesa también recibió la visita del fiscal y agentes de la UCO. La segunda estación del periplo internacional en la misión de recuperar el dinero incluyó el registro de las oficinas de GB Avocats Luxembourg. La letrada también colaboró para que se recuperase la mayor cantidad de dinero posible. Disposición absoluta. A fin de cuentas, la investigación no la tenía a ella en la diana.

Y, como Belhot, tiene un problema de mayor cuantía con la justicia española y con la luxemburguesa. Un turbio asunto en el que se la acusa de delitos de corrupción en una operación de venta de armas a Angola. Un contrato de equipamiento policial al gobierno angoleño firmado por la empresa pública española Defex, en UTE con Comercial Cueto 92. Un acuerdo de 153 millones, de los que entre 40 y 60 fueron comisiones.

Tres meses en prisión

La investigación, abierta en Luxemburgo desde 2009 y luego también en España, apuntaba a sobornos y tráfico de armas. El titular del Juzgado Central de Instrucción 5, Pablo Ruz, le atribuía a García Paesa la constitución y gestión de firmas en paraísos fiscales que recibían fondos de UTE que firmó el contrato con el país africano.

La abogada fue detenida en Luxemburgo el 9 de julio de 2014 y extraditada a España, donde estuvo tres meses en la cárcel. Hasta que depositó una fianza de 100.000 euros. Con ese horizonte, entendió que colaborar no la libraba del caso Angola, pero no le complicaría la existencia. Era, pues, conveniente hacer un esfuerzo de máxima colaboración con la jueza, el fiscal y la UCO.

Así fue como la emperatriz financiera del Gran Ducado cogió un avión rumbo al aeropuerto de Manises. Facturó tres cajas con documentos y prestó declaración en el Juzgado de Instrucción número 8. En la Ciudad de la Justicia, a donde accedió en coche. Un 18 de enero de 2019. Y de madrugada. La causa ganó en discreción y seguridad. Y ella no abandonó su zona de confort. La zona de confort de los Paesa. La oscuridad.