Cuatro sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ) han sacado a la luz el uso que ha hecho José Luis Olivas, el sucesor de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana, del dinero que acumuló en una sociedad inscrita a su nombre y al de su mujer con fondos procedentes de la familia Cotino y de un grupo empresarial vinculado al sector del juego. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, Imarol SL, una sociedad administrada por Olivas y su pareja, únicamente sirvió «para canalizar» dos facturas de 580.000 y 354.000 euros cada una -934.000 euros en total- en concepto de asesoramientos verbales que no se han podido constatar. Para ahorrarse el pago de impuestos, el matrimonio intentó deducirse los gastos de reforma de una vivienda familiar en la Gran Vía Marqués del Turia de València, la compra de joyas por valor de 15.000 euros o el pago de viajes y gastos de carácter personal.

Los 580.000 euros procedieron de la familia Cotino, propietaria del grupo Sedesa. El empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, y Olivas ya fueron condenados a año y medio de prisión por estos hechos y ahora el exjefe del Consell se ha dirigido al Tribunal de Derechos Humanos para que anule la sentencia, según apuntaron fuentes judiciales. Los otros 354.000 euros fueron abonados en concepto de asesoramiento a la sociedad Omalasa, que gestiona la administración de varios casinos. Al menos 181.465 euros se habrían destinado de esa misma manera a la compra de joyas, «viajes particulares de los socios y administradores, a sus visitas a restaurantes o a pagos por adquisiciones y servicios en su vivienda familiar».

Así consta en las cuatro sentencias dictadas por la sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ en la que diseccionan la contabilidad de la empresa de Olivas y su mujer después de que la Agencia Tributaria detectara que una serie de gastos deducidos no correspondían a la prestación de un servicio real de la empresa Imarol SL.

Vinculación con el caso Erial

Esta sociedad está en el punto de mira de los investigadores de la trama de Zaplana y la Guardia Civil cree que Olivas la usó para cobrar mordidas. Las sentencias son de 2018 y podrían sumarse al caso Erial para constatar la naturaleza instrumental de la empresa. La magistrada-instructora, la jueza Isabel Rodríguez, ha citado a Olivas el próximo 31 de marzo para que aclare los fondos que acumuló con esta sociedad.

Según consta en las sentencias, desde 2004 Imarol SL solo declara IVA devengado en 2005 por la compra de una vivienda; en 2008, tras la factura de 580.000 euros a los Cotino; y en 2011, tras facturar 354.000 euros a Omalasa por un asesoramiento verbal en un plan de segregación de mercantiles. Las sentencias constatan que la empresa no tenía trabajadores ni estructura, por lo que el TSJ estimó que ese dinero no puede imputarse a Imarol SL sino a las personas físicas que se beneficiaron de los pagos. Olivas alegó que este asesoramiento «se podía prestar a través de sus administradores sin necesidad de mayor infraestructura». Recordó ante el TSJ que había «presidido Bancaja y Banco de València», y «está cuali?cado para dicho asesoramiento, conoce las implicaciones y riesgos de esas operaciones».

Olivas aseguró que la vivienda que reformó estaba en Motilla del Palancar (Cuenca), pero la inspección descubrió que en realidad correspondían a «las obras ejecutadas en la vivienda de la Gran Vía Marqués del Turia». No se ha acreditado el tipo de asesoramiento que recibió Omalasa de Olivas y su mujer.