El pleno del Consell celebrado esta mañana ha aprobado varias medidas de tipo social, económico y administrativo para paliar los efectos del coronavirus. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que el Consell ha acordado medidas extraordinarias de gestión de servicios sociales con el objetivo de poner a disposición de la Generalitat Valenciana los medios y recursos sociales o socio-sanitarios de otras administraciones públicas y entidades privadas en función de las necesidades que surjan con motivo de la expansión del COVID-19.
La resolución tiene en cuenta que los servicios sociales valencianos deben atender a una población considerada de alto riesgo en caso de contagio del coronavirus, lo que hace indispensable movilizar recursos materiales y humanos para prevenir y, en su caso, combatir la enfermedad y proteger a las personas más vulnerables.
Ora medidas viene conformada a través de un decreto que dará estabilidad a las plantillas de profesionales de los servicios sociales municipales a través del instrumento del contrato programa, que permitirá la colaboración financiera entre la Generalitat, diputaciones provinciales y entidades locales de la Comunitat Valenciana para favorecer el mantenimiento y la continuidad de alrededor de 2.500 puestos de trabajo. Este decreto regula la coordinación interadministrativa, la colaboración financiera en materia de servicios sociales y la coordinación en los equipos profesionales de los servicios sociales de atención primaria.
Por otro lado, con la finalidad de aliger trámites para poder atender la emergencia más rápidamente, el pleno del Consell ha acordado que toda la actividad de los órganos de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos quede sujeta a control financiero permanente, en sustitución de la intervención previa establecida en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. El control financiero permanente se aplicará durante la vigencia del estado de alarma y su posible prórroga.
Esta medida temporal de carácter extraordinario va a permitir garantizar la prestación de los servicios esenciales de la Generalitat, así como armonizar las actuaciones necesarias de prevención de contagios de los trabajadores en los ámbitos en los que no se ha implementado el teletrabajo. Por ejemplo, una ventaja de este sistema es que todas contrataciones que se realicen para contrarrestar la crisis sanitaria vayan por procedimiento de emergencia, sin tener que pasar por tantos filtros administrativos como determina de forma habitual la Intervención de la Generalitat.
Otra de las medidas comentadas por Mónica Oltra es la suspensión durante tres meses del pago del alquiler en todo el parque público de la Generalitat a las familias que pierdan el empleo de forma definitiva o temporal (ERTE) o tengan pérdida de ingresos. Esta moratoria afedta a esos inquilinos concretos, y no al resto de alquileres, donde quien tiene competencia es la administración del Estado.
Violencia machista
Por otro lado, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha reforzado el contacto con las víctimas de violencia machista y los recursos de los centros Mujer24H ante un posible repunte de casos durante el estado de alarma decretado por el coronavirus.
"La situación de confinamiento aumenta el riesgo para las víctimas, que deben convivir permanentemente con su posible agresor", ha advertido la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en rueda de prensa telemática tras el pleno semanal.
En este contexto, la red de centros Mujer24H ha reforzado el contacto telefónico permanente con todas las víctimas, con la orden de atender presencialmente los casos urgentes que se puedan derivar inmediatamente. Igualdad también tiene preparados recursos adicionales para hacer frente a un posible aumento de casos.
Se trataría de mujeres que deberían ingresar en algún centro específico para quedar alejadas de su presunto maltratador, así como sus hijos, "sobre todo en los casos donde no hay denuncia previa ni orden de protección pero sí situación de riesgo", ha subrayado Oltra.
