El impacto de la emergencia sanitaria del coronavirus con un frenazo de proporciones astronómicas aún por calibrar en la actividad económica se ha traducido, sin embargo y al menos de momento, en un inédito cierre de filas de nuestra clase política. Cierto que con algún matiz. Cierto que con alguna advertencia de que se exigirán responsabilidades en un futuro que pocos aciertan a atisbar. Pero cierre de filas al fin y al cabo. Acostumbrados hasta aquí a las luces cortas, la baja estopa y el ventajismo electoralista, la unidad política supone una gran novedad a pesar de que, todo hay que decirlo, viene impuesta casi a martillazos. Nadie esperaba un escenario tan dantesco y preocupante como el que estamos viviendo. Ni de lejos. Miente el que diga lo contrario. Eso y no una voluntad sincera de acuerdos es lo que ha terminado facilitando un acercamiento hasta hace poco impensable.
Con la situación agravándose por momentos, el número uno del PP, Pablo Casado, cambió radicalmente de discurso después de conversar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Empezó la crisis con un perfil de dureza que poco a poco ha ido dulcificando a la vista del avance del virus. Inés Arrimadas ha estrenado su victoria en las primarias de Ciudadanos con la propuesta de ofrecer su decena de votos en el Congreso al gobierno de coalición que comparten los socialistas y Podemos. Les facilitaría aprobar unos presupuestos de emergencia para abordar la crisis sanitaria.
Nadie lo hubiera esperado con otra coyuntura de un liderazgo que, por ahora, se mantiene en la línea de derechas de Albert Rivera. Y menos con una iniciativa de este calado. Cabe recordar que, en estos momentos, las vigentes cuentas del Estado están marcadas por la provisionalidad. El Gobierno de España tiene que funcionar con una prórroga de los presupuestos de 2018, los últimos elaborados por Cristóbal Montoro como ministro con Rajoy en la Moncloa. Hasta Santiago Abascal ha tenido que rebajar el volumen del relato de la ultraderecha. Contagiado por el virus y con el error político a cuestas del multitudinario mitin que organizó el mismo fin de semana de unas manifestaciones feministas del 8 de marzo que tampoco se tuvieron que celebrar nunca, no le ha quedado otro remedio que callarse un poco.
Ese decorado se ha reproducido, con algún punto de diferencia, en la política valenciana. El pasado lunes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, citó a los portavoces parlamentarios por videoconferencia. Ni siquiera la exigencia a Madrid de la financiación autonómica -cuestión clave de la agenda autonómica que ahora va a quedar aparcada sin fecha- había generado tal nivel de unanimidad. Isabel Bonig, presidenta del PP, continúa con su tono sensato y de altura de miras. El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, rectificó y se sumó a la unidad tras el espantoso ridículo que protagonizó en las Cortes cuando fue el único que decidió hacer oposición en la tribuna con una catástrofe. Y hasta la portavoz de Vox, la alicantina Ana Vega, en cuarentena domiciliaria tras dar positivo, aseguró que la Generalitat contaba con toda su colaboración. Su partido, ya saben, quiere cerrar las autonomías.
Hubo cordialidad y consenso ante la emergencia. Tanto que acordaron crear un grupo de whatsapp en el que, además de Puig y los tres portavoces de los grupos de la derecha, están también el socialista Manolo Mata, Fran Ferri de Compromís y la alcoyana Naiara Davó por Podemos. Coincidieron en que era la mejor fórmula de compartir información de primera mano sobre la evolución de la crisis. Falta por ver el administrador del grupo. Sea el que sea, ahora es muy fácil mantener ese espacio conjunto en una situación tan adversa. Será luego, para afrontar la recuperación, cuando serán necesarios grandes pactos sociales y económicos. Y no podrán ser sólo de WhatsApp.
