Compromís lanza el debate para impulsar una reforma constitucional que otorge al Derecho a la Salud su plena y máxima relevancia al tiempo que persigue encauzar una reforma legislativa que garantice un mínimo de inversión en la investigación sanitaria e impida prácticas de descapitalización de la sanidad pública en beneficio de la privada.
Los distintos grupos de Compromís en todas las instituciones en las que tiene representación están registrando iniciativas para un blindaje constitucional de la sanidad pública, como ya reclamó en la última sesión del Congreso de los Diputados el portavoz de la coalición, Joan Baldoví.
El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza a toda persona el derecho a la sanidad, tal como reconocen también la Carta Social Europea y la Constitución española. Sin embargo los marcos de gran consenso jurídicos tienen que actualizarse para blindar los recursos y los derechos que se derivan de la sanidad pública, servicio público que ha sufrido un descenso significativo de recursos en la última década legitimados a través de modificaciones como el del artículo 135 de la Constitución española. Todo ello ha redundado negativamente en la crisis sanitaria por el Covid-19.
La coalición propone convertir la salud así como el reconocimiento constitucional de la asistencia sanitaria universal en derecho subjetivo pleno, ya que en la actualidad no tienen protección jurisdiccional directa. Todo esto contribuiría a dar pleno sentido a elementos tan importantes como la definición del artículo 1.1 de la Constitución, que califica el Estado español como "social"; y que como tal es exhortado en el artículo 9.2 a ordenar a los poderes públicos a aplicar las medidas para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.
Reconocimiento y defensa del servicio público
Ante la actual crisis, Compromís considera que entender la salvaguardia de la salud como un factor capital de igualdad será una necesidad que permita a la ciudadanía recuperar la esperanza, la confianza y favorecer la cohesión social. Por ello, insta a cada institución a expresar el apoyo político al modelo de servicio público de salud universal y de calidad y a sus trabajadores, además de exigir el compromiso de aumentar los presupuestos públicos destinados a este objetivo y la promoción de un estudio de reformas que le permitan asegurar una adecuada planificación estratégica basada en la evidencia científica y el cumplimiento de los principios de equidad.
