Ya no hay duda. El Gobierno tiene decidido tomar el control de los «ahorros» de los municipios para sumar liquidez en la batalla contra el coronavirus y, especialmente, como una respuesta frente a la crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria más grave del último siglo. Así lo ha comunicado oficialmente la ministra María Jesús Montero a la comisión de Hacienda del Congreso durante una comparecencia celebrada a última hora del jueves en la que confirmó, efectivamente, su intención de que esa «hucha» municipal -nutrida ahora mismo de casi 28.000 millones en España, casi 5.000 en la Comunidad y unos 1.600 en la provincia- se gaste de acuerdo con el Gobierno y las autonomías, en este caso la Generalitat Valenciana. Y, además, que se aplique un mecanismo compensatorio para que ese dinero llegue por igual a todas los localidades de España, independientemente de que sus corporaciones locales o diputaciones hayan tenido o no superávit. Una decisión que, en la práctica, supone crear una caja común y redistribuirlo con criterios de igualdad en función del avance de la alarma.
Durante la comisión parlamentaria, en la línea que ya venía apuntando este periódico, Montero detalló que el Gobierno ofrecerá una «propuesta acordada» con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la utilización de ese superávit se pueda emplear en «políticas prioritarias» frente a esta crisis en coordinación con el Estado y las autonomías. La Ministra de Hacienda abogó por un esquema de caja común que, obviamente, concede el control de facto sobre ese dinero al Gobierno y a las comunidades, que son las que tienen las competencias más importantes en la respuesta frente al virus. Hasta ahora, los movimientos que ha realizado el Gobierno en esta dirección se han encontrado con la oposición de los alcaldes, que aspiran a mantener el control del dinero y que, además, se desbloquee con uso exclusivo para cada municipio.
El objetivo, como explicó Montero en el Congreso, es cubrir «aquello a lo que el resto de administraciones no puede llegar» para actuar «entre todos enérgicamente sobre un ciudadano único o una empresa única» y que no se produzca una «asimetría» en función de municipios que cuenten con más o menos dinero en sus cuentas. Avanzó, en este sentido, que arbitrará un procedimiento que permita a los ciudadanos o sectores productivos de ayuntamientos que no hayan contado con superávit no verse «claramente perjudicados». Una propuesta que, en la práctica, supone tomar el control del dinero, controlar su gasto en una caja común y supervisarlo junto a las comunidades autónomas.
Como se recordará, el Gobierno ya desbloqueó, el inicio de esta emergencia, un 20% de ese fondo bloqueado a ayuntamientos y diputaciones para que lo utilizaran contra el virus. Pero sólo abrió la mano con el superávit de 2019, con lo que las entidades locales apenas se han podido utilizar unos 1.000 millones del total. Reservó el resto del dinero, en una decisión que ya adelantaba la voluntad del Gobierno de disponer de ese fondo contra una crisis que amenaza con provocar una histórica caída de la riqueza y del empleo. Ahora sólo queda por ver la resistencia de los alcaldes.
