Las Cortes han convalidado las dos líneas de ayudas de la Generalitat con 33 millones de euros para trabajadores afectados por ERTE y conciliación familiar durante el estado de alarma por el coronavirus. Este decreto-ley ha salido adelante sin votos en contra, con la abstención de PP y Vox, a pesar de las críticas de la oposición por insuficientes.

Hasta el 5 de mayo, en la Comunitat se han presentado un total de 64.063 expedientes temporales que afectan a 395.883 trabajadores. De ellos se han resuelto 54.506 (85% y 296.846 empleados implicados), según ha expuesto el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, en la diputación permanente.

Con un total de 33 millones, las prestaciones a afectados por ERTE suman 30 millones y las de conciliación otros tres millones, con la previsión de llegar a 200.000 y 10.000 trabajadores, respectivamente. Se concederán de forma directa a empleados con rentas bajas: las de los ERTE con 150 euros por persona y las otras con 300, 450 o 600 en función de la reducción de jornada.

El objetivo es "salvaguardar en la medida de lo posible el bienestar y la capacidad productiva". En la post-crisis, la Generalitat apuesta por generar valor añadido con "más marca y diseño", mediante una industria "limpia, digna y con empleo de calidad". "Todos deseamos volver a la normalidad cuanto antes", ha aseverado el titular de Economía, de Compromís.

La oposición pide más ayudas

De la oposición, el PP se ha abstenido denunciando que el Consell "recorta 70 millones en Educación" para pagar estas subvenciones y "no tiene plan económico 54 días después, con un presidente (el socialista Ximo Puig) que se ha acostumbrado a filosofar hablando de Europa". "Ansia de marketing y medidas cosméticas que llegan tarde", pues ha recordado que las ayudas de los ERTE se presentaron el 8 de abril y se tramitarán durante tres meses.

Ciudadanos lo ha apoyado "aunque sea puntual" y ha exigido un refuerzo de medios para que los pagos lleguen cuanto antes y "un ERTE de altos cargos y asesores" en la Generalitat. También ha propuesto que las ayudas de conciliación se mantengan mientras los colegios y centros de mayores sigan cerrados.

A pesar de abstenerse, Vox lo ha tachado de "burla y parche pequeñito" y ha urgido al Consell que presione al Gobierno, además de advertir que los padres necesitan más ayudas "ante los planes a, b y c 'top secret' del consejero de Educación", Vicent Marzà (Compromís).

Del Botànic, PSPV ha prometido que el Consell buscará un "mecanismo elocuente" para que las ayudas se empiecen a cobrar la próxima semana y ha defendido que "hay plan" aunque nadie estaba preparado para la pandemia, "ni Juan Roig". Ha replicado a las quejas por altos cargos preguntándose si es mejor una "estrategia nacional" para que haya los mismos que en Andalucía o Madrid, donde gobiernan PP y Cs.

Compromís ha aplaudido a las mujeres obligadas a enfrentarse a "la misión imposible de mantener la economía doméstica" y ha defendido que la conciliación no es una utopía. Y Podem ha llamado a la responsabilidad, lamentando que esta crisis también discrimina entre clases como "los que van de Madrid a Marbella a pasar el confinamiento".

Medidas financieras extraordinarias

Las Cortes también han validado el decreto-ley del 17 de abril de medidas financieras extraordinarias ante la crisis. El conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, ha defendido que es un régimen excepcional mientras se mantenga la alarma, con una serie de modificaciones presupuestarias, agilización de trámites y donaciones y la actualización de la renta valenciana de inclusión.

Esta norma ha salido adelante con los votos del Botànic, que ha negado que incluya recortes y ha asegurado que "hay plan", y la abstención de Cs. El PP la ha rechazado por "farragosa" y "dar todo el poder al conseller de Hacienda no solo durante el estado de alarma, sino todo 2020".

Cs ha puesto como ejemplo el apoyo de su líder nacional, Inés Arrimadas, a la cuarta prórroga del estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez para instar al PSPV a escuchar sus propuestas en lugar de las "trasnochadas" de sus socios de gobierno. "Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe", ha avisado.

Durante el debate, ante las críticas de Ferran Martínez (Unidas Podemos)porque la oposición "se atreva a hablar de recortes cuando despedían a profesionales mientras saqueaban las arcas y no dejaban de las raspas", la síndica 'popular', Isabel Bonig, ha tomado la palabra para defender la gestión del anterior gobierno del PPCV, "sin un caso de corrupción de 2011 a 2015" cuando era consellera. Y ha zanjado: "Quien coja un euro, a la cárcel y fuera de la política".