Un día después de la bronca en el Congreso entre el diputado de Compromís, Joan Baldoví, y la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el trato a la Comunidad Valenciana en el reparto de los fondos de emergencia, el Gobierno ha activado una inyección a la Generalitat de 1.559 millones en el marco del mecanismo extraordinario de liquidez. Es un sistema que facilita cantidades a aquellas comunidades que tienen una mayor desviación del déficit por su falta de financiación a través de operaciones de tesorería sin pago de intereses. Es un fondo, de hecho, que únicamente perciben Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, las tres autonomías peor financiadas.
Aunque la puesta en marcha de este mecanismo ya estaba anunciada desde hace semanas, lo cierto es que llama la atención que se anuncie apenas 24 horas después del movimiento de Compromís. Una operación que pone en cuestión, además, su respaldo a partir de ahora al Gobierno de Pedro Sánchez salvo que accedan a tres condiciones: reparto de fondos de emergencia con criterios de población, un sistema de nivelación mientras se reforma la financiación autonómica y pactar el nuevo modelo del ingreso mínimo vital, que la Generalitat ya inició con la renta valenciana de inclusión.
Este acuerdo, dicen desde el ministerio, ayuda a que las Comunidades Autónomas afectadas puedan cumplir con los plazos de pago previstos en la normativa sobre morosidad, así como garantizar que cuenten con la financiación necesaria para atender de forma inmediata sus vencimientos y sus necesidades de financiación del déficit público. Estos recursos adquieren todavía más importancia en la situación de emergencia actual para enfrentarse al impacto financiero provocado por la crisis sanitaria derivada del Covid-19. De hecho, estos préstamos se destinarán a atender especialmente a los servicios públicos fundamentales.
Como marca la normativa, los recursos aprobados hoy están destinados a atender parte de las desviaciones del objetivo de déficit del ejercicio 2019 pendientes de financiar. Este acuerdo, como es habitual, prevé que se financie el 75% del importe del déficit del año que ha finalizado. El resto de la desviación se asignará a partir de octubre, cuando se conozcan los datos definitivos del año pasado.
