Aunque la puesta en marcha de este mecanismo ya estaba anunciada desde hace semanas, lo cierto es que llama la atención que se anuncie apenas 24 horas después del movimiento de Compromís. Una operación que pone en cuestión, además, su respaldo a partir de ahora al Gobierno de Pedro Sánchez salvo que accedan a tres condiciones: reparto de fondos de emergencia con criterios de población, un sistema de nivelación mientras se reforma la financiación autonómica y pactar el nuevo modelo del ingreso mínimo vital, que la Generalitat ya inició con la renta valenciana de inclusión.
Este acuerdo, dicen desde el ministerio, ayuda a que las Comunidades Autónomas afectadas puedan cumplir con los plazos de pago previstos en la normativa sobre morosidad, así como garantizar que cuenten con la financiación necesaria para atender de forma inmediata sus vencimientos y sus necesidades de financiación del déficit público. Estos recursos adquieren todavía más importancia en la situación de emergencia actual para enfrentarse al impacto financiero provocado por la crisis sanitaria derivada del Covid-19. De hecho, estos préstamos se destinarán a atender especialmente a los servicios públicos fundamentales.
Como marca la normativa, los recursos aprobados hoy están destinados a atender parte de las desviaciones del objetivo de déficit del ejercicio 2019 pendientes de financiar. Este acuerdo, como es habitual, prevé que se financie el 75% del importe del déficit del año que ha finalizado. El resto de la desviación se asignará a partir de octubre, cuando se conozcan los datos definitivos del año pasado.
