Hace hoy justo cinco años se celebraron unas elecciones en la Comunidad Valenciana que se saldaron con un vuelco total y absoluto en las urnas. Carcomidos por la corrupción y con una gestión que debilitó las competencias de la Generalitat, aquellos comicios del 24 de mayo de 2015 finiquitaron veinte años de hegemonía del PP y devolvieron a la izquierda al Consell con una coalición formada por el PSPV y Compromís con el respaldo parlamentario de Podemos. Habían pasado dos décadas desde que Eduardo Zaplana sustituyó a Joan Lerma. Y el nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, se encontró con un gobierno, como definió entonces con precisión, necesitado de levantar la «hipoteca reputacional», convertida en un lastre por la imagen de la última etapa del PP. Obligado a reconstruir los grandes servicios públicos y la atención social, diezmados por los recortes. Y, finalmente, poner en el mapa el «problema valenciano»: reivindicar un trato justo desde el Estado para una autonomía perjudicada por un equilibrio territorial que le coloca siempre como moneda de cambio entre la influencia que ejercen Cataluña, el País Vasco y Madrid.
Pocos le daban una vida larga al pacto que nació de esas elecciones y que se bautizó con el nombre de Acord del Botànic por el jardín de València en el que se firmó. Nadie dudaba que el cambio político se iba a producir. Otra cosa es que ese proceso tuviera una continuidad. Dos formaciones, socialistas y Compromís, que se miraban casi al mismo nivel. Separadas por sólo cuatro diputados. Un tercer socio, Podemos, que hacía a la vez de oposición o de gobierno según le convenía y que, encima, levantaba recelos entre sectores económicos. Y con una bicefalia de facto en la que Puig hacía tándem con Mónica Oltra, líder de Compromís y vicepresidenta con plenos poderes que acompañaba en ese momento de una indudable proyección política y social. Cinco años después han pasados muchas cosas. Unas segundas elecciones que abrieron heridas por la decisión de Puig de adelantarlas sin acuerdo interno. Un PSPV reforzado con un liderazgo indiscutible del presidente de la Generalitat, como ha demostrado esta alerta, frente al estancamiento de Compromís. Y la entrada en el Consell de Podemos, con mucho menos peso electoral que en 2015 pero con un grupo de diputados decisivos para una mayoría parlamentaria que, todo hay que decirlo, ahora es más exigua que en el primer mandato. Cinco años después y pese a todo eso, decía, el Acord del Botànic -renovado en Alicante para su segunda versión- no sólo se mantiene sino que, además, se ha convertido, con todos sus errores y diferencias internas, en el más consolidado, estable y solvente de los llamados gobiernos del cambio, surgidos de esas elecciones de 2015 como suma de las diferentes sensibilidades de la izquierda.
Ya antes de declararse la emergencia, sin embargo, este Consell transmitía síntomas de agotamiento. Carencias, sin ir más lejos, en un departamento como Sanidad, clave para combatir esta alarma. Con una consellera, Ana Barceló, muy debilitada y con una nómina de altos cargos, salvo alguna excepción como el subsecretario David Fernández, mal avenida y desconectada. Algo que se ha evidenciado en esta crisis cuando desde Presidencia han «monitorizado» la labor de la conselleria para sostener a Barceló y desplegar una gestión, en general y no sólo en este área, más que razonable. Pero a la espera de los congresos tanto del PSPV como de las dos grandes fuerzas de Compromís, previstos para este verano y ahora aplazados sin fecha, Ximo Puig optó en su momento por no mover ficha. Ni en la composición de la arquitectura del ejecutivo ni tampoco en un relato de gestión condicionado, en este primer año de la segunda legislatura del Botànic, por las grandes catástrofes: el temporal de septiembre que arrasó la Vega Baja y ahora la alerta sanitaria más grave en los últimos cien años.
El coronavirus, sin embargo, va a ejercer como detonante. Reinventarse ya sí es una obligación. Reorientar la gestión sin adelgazar la estructura del gobierno aunque se puedan acometer cambios para, apuntan, enfocar mejor la salida del covid-19. Acelerar para abordar reformas pendientes ahora inaplazables. Y, a la vez, cuadrar un nuevo relato político con tres años por delante de mandato y margen de maniobra antes de la próxima cita electoral. Hace unos días, la síndica de Podemos en las Cortes, la alcoyana Naiara Davó, apuntaba con gran acierto que ahora el Botànic debe redefinir sus prioridades. Y tiene razón. Al actual Consell le quedan grandes asuntos por resolver que han vuelto a asomar de nuevo con el coronavirus. Dos ejemplos claros. Uno. La financiación autonómica que asfixia las arcas de la Generalitat con un modelo caducado desde hace seis años y que nos relega a la cola del sistema. Sin recursos ni hay respuesta a esta crisis ni es viable el autogobierno. Y segundo. Hay que terminar de consolidar una cobertura social aún débil como se ha visto con las residencias de ancianos. Es verdad que Oltra cambió la ley e incrementó las inspecciones pero también que aún mantiene el modelo que implantó en su día el fallecido Juan Cotino con Francisco Camps. Mercantilista y con graves carencias.
Pero junto a esas carpetas pendientes ligadas a la financiación -la eficiencia en el gasto y la solidaridad de Europa serán claves- o a la atención a los mayores con un refuerzo global del Estado del Bienestar, no pueden esperar tampoco, admiten en la Generalitat, otros grandes retos. Transición energética, cambio «razonable» de modelo productivo, una nueva movilidad sostenible, impulsar la sociedad del conocimiento y la innovación como motor económico además de una reforma profunda de la administración para agilizarla y aligerar trámites ciudadanos. Y a la gestión se suma el relato. El gran valor de este Consell será, ante todo y con su mayoría parlamentaria, preservar la estabilidad frente al lío del Gobierno de España. En el el PSPV lo saben. «No hay problema en el Botànic», dijo Puig el jueves. En Compromís, pese a la estrategia con Joan Baldoví para visibilizarse en el Congreso alejándose de Pedro Sánchez o de los roces en el día a día de la gestión, también lo piensan. «Seguimos a prueba de bombas», zanjó Oltra el viernes. Reinventarse con estabilidad después de cinco años si quieren también sobreponerse al coronavirus.
El PP de Alicante toma posiciones y marca su camino
A la vez que los populares se aíslan en las Cortes Valencianas, en la Diputación llega a pactos y exhibe colaboración institucional
Al margen de mantenerse a flote después de cinco años, una de las grandes ventajas con las que juega a su favor el Consell del Botànic es el papel de una oposición aún sin consolidar. Dejando al margen la estrategia de agitación callejera con contaminación acústica y ambiental de la ultraderecha, el grupo de Ciudadanos de Toni Cantó parece dispuesto a seguir la estela de Inés Arrimadas. Acercarse a los socialistas en las Cortes Valencianas sin importarle demasiado, por otra parte, que gobierna con el PP en el Ayuntamiento de Alicante o en la Diputación. No le preocupa. No son de su bando en el partido. Busca en València un viraje de la derecha al centro político. Situarse entre los que proponen una salida para esta crisis, como se ha evidenciado en esta semana que termina con la comisión de reconstrucción autonómica. Pirueta incierta.
A la vez, opera un grupo del PP en el parlamento autonómico con Isabel Bonig, cuestionada permanentemente desde la derrota electoral, dispuesto a abdicar de su condición de principal alternativa de gobierno. De su condición de partido serio y razonable de la derecha para, como se ha visto en esa misma comisión, enrocarse con discursos y planteamientos, a veces, más reaccionarios que Vox. ¿Cómo es posible que dos de los argumentos del PP en esa cita del viernes fueran oponerse a alargar lacomisión unos días o cuestionar si el reglamento permite añadir un compareciente más? Casi a la misma hora que se celebraba esa reunión, en la Diputación, con Carlos Mazón al mando, se convocaba un pleno que aprobaba por unanimidad seis millones en ayudas a autónomos. A pesar de que en la corporación provincial el conflicto político es intenso, todos los grupos llevaban semanas colaborando en el acuerdo. « Quan toca, toca», le concedió el combativo Gerard Fullana, diputado de Compromís, a Mazón que, apenas 24 horas antes, habia recibido en su despacho al alcalde de Alicante, Luis Barcala. Colaboración entre los dos principales gobiernos populares en esta Comunidad. Acuerdos amplios y lealtad institucional. El PP de Alicante toma posiciones y línea propia. Atentos.
