Una de las novedades de la ley del juego que ayer se debatió en las Cortes es que las máquinas tragaperras de los bares se tendrán que activar mediante un mecanismo. Al igual que para sacar tabaco, el camarero aprieta un botón, cuando la ley se aplique, alguien tendrá que conectar el artefacto. Ayer en las Cortes, los grupos políticos de la derecha, especialmente el PP y Vox, pulsaron todos los dispositivos posibles para boicotear una votación necesaria para cerrar un proceso largo y farragoso con el que se pretende regular el juego y prevenir la ludopatía. La oposición cantó una línea y consiguió posponer la votación al jueves, al acabar la sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no sin antes lanzar acusaciones veladas de corrupción o meter en el debate las protestas de trabajadores de salones de juego que se manifestaban por las calles de València al temer por sus puestos de trabajo. No parece, sin embargo, que la oposición vaya a cantar bingo. El Botànic considera necesario aprobarla. Y ahora más que nunca por el impacto de la ludopatía en una crisis como la que se avecina.
A pesar de que en la Junta de Síndics, con todos los partidos representados, se aceptó que, debido a las circunstancias especiales por la pandemia, el voto de esta ley fuera ponderado -es decir, un portavoz de cada grupo puede votar en representación de todos sus compañeros ausentes-, Vox presentó en el límite del plazo una impugnación donde se negaba. El escrito firmado por la síndica Ana Vega aseguraba que el voto de cada diputado es personal y que no hay compañero que te sustituya, por lo que antes de empezar el debate, el presidente del parlamento, Enric Morera, ya anunció que la votación sería telemática y el jueves al acabar estos tres días de pleno. Al oír la decisión, la portavoz del PP, Isabel Bonig, saltó como un resorte para pedir un informe de los letrados de la Cámara, un «informe con criterios objetivos y jurídicos». Visto lo visto, y como las protestas de Vox y PP no cedían, Morera se vio obligado a parar dos veces el pleno para convocar a los portavoces al pie de la tribuna, sin salir del salón. Como la primera llamada fue «informal», tuvo que hacer una segunda convocatoria más «oficial» para llegar al mismo punto: la votación se pasa al jueves, día tope que tienen los diputados que no acudan al pleno para optar por ordenador.
Con las presiones que estos días está ejerciendo las empresas del sector del juego para que la ley no salga adelante, con las denuncias de diputados de la izquierda por sentirse «señalados» y con más de 200 personas vinculadas a las casas de apuestas protestando, cualquier retraso en la aprobación de la ley del juego crea todavía más incertidumbre sobre esta normativa y sobre este sector. Dudas que el diputado del PP, Rubén Ibáñez, ensanchó cuando apuntó que el único partido que ha tenido «relación comercial con empresas del juego» es el PSPV al haber vendido su sede «a una empresa» del sector en 2017, en el momento que «se iniciaba la tramitación de la ley». El socialista José Muñoz replicó con dureza Ibáñez diciendo que se deje de «insinuaciones» y «sea valiente si nos acusa de corrupción». Órdago lanzado.
El eldense Jesús Selles estrena la intervención por videoconferencia
La «nueva normalidad» de la reapertura de las sesiones ordinarias de plenos en las Cortes incluyó la primera intervención telemática de la historia de un diputado, que pudo hablar en el salón de plenos estando a distancia. El diputado socialista Jesús Sellés, como vicepresidente de comisión de Economía, explicó el dictamen respecto al Proyecto de Ley del Juego que se debattía en esa misma sesión. La imgen del parlamentario alicantino, edil del Ayuntamento de Elda, se proyectó en una pantalla de gran formato de la sala, dando paso a continuación al debate entre los grupos. Otra novedad en esta nueva forma de reactivar las Cortes de la covid.
Cs se une al Botánic para pedir que los fondos de Europa sean ayudas directas
El pleno tambión sirvió para que los grupos del Botànic recibieran el apoyo de Ciudadanos, que apoyó una propuesta para que el plan europeo de reconstrucción incluya que el Consell inste al Gobierno de España a defender ante la UE que la deuda pública contraída por el Estado se debería convertir en ayudas directas para combatir la covid-19, además de pedir inversiones para reactivar sectores productivos. El PP y Vox rechazan la propuesta, en cuya defensa, Manolo Mata (PSPV) pronunció otra de las frases del pleno: «La Covid ha acabado con el neoliberalismo. Thatcher, Reagan y sus ideólogos están liquidados».
La financiación de los municipios enfrenta a la izquierda con la oposición
El PP solo encontró el apoyo de Ciudadanos y Vox en su iniciativa para instar al Gobierno a flexibilizar la financiación de los ayuntamientos durante la crisis. Los populares no aceptaron la enmienda del Botànic para prorrogar o suspender los planes económico-financieros locales porque «supondría disparar de nuevo el déficit». Mª José Catalá (PP) exigió «coherencia» al Botànic para respetar la autonomía municipal. Mientras, Ernest Blanch (PSPV) cuestionó la credibilidad del PP y se preguntó si «el mejor ejemplo de gestión es dejar la deuda de Torrent en 60 millones», localidad donde fue alcaldesa Catalá. La votación será el jueves.
