Finalmente y después de un largo periplo parlamentario, las Cortes Valencianas aprobaron la nueva Ley del Juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad con los únicos votos del Botànic y en medio de una gran tensión. La votación telemática, celebrada con una interrupción ante los errores del sistema, culminó una semana en la que los tres grupos del bloque de la derecha han intentado boicotear la aprobación, diputados de la izquierda han denunciado sentirse "señalados" por los "lobbys" del juego, se han convocado protestas de afectados por los cierres de una norma que es muy restrictiva y se han producido hasta acusaciones veladas de corrupción. Poco antes de la una de la tarde quedaba aprobada una ley que la derecha entiende que afecta al empleo en un momento en el que se avecina una crisis mientras que la izquierda la considera más necesaria que nunca para controlar la tentación de personas que quieran conseguir dinero fácil en tiempos de dificultad pero que, en realidad, pueda acabar completamente arruinada. Finalmente, 52 votos favorables de los parlamentarios del PSPV, Compromís y Podemos; 37 en contra del PP y Ciudadanos; y 10 abstenciones de Vox, que se ausentó de la sesión.

Un informe elaborado por los servicios jurídicos de las Cortes Valencianas, emitido a última hora del miércoles, avaló la votación telemática y allanó el último obstáculo legal. El dictamen, reclamado por la oposición y que finalmente también había solicitado el presidente del hemiciclo autonómico, Enric Morera, validó la fórmula elegida y el procedimiento administrativo, con lo que dejó con pocos argumentos al bloque de la derecha en su intento de boicotear la aprobación de la norma, que lleva varios meses de una tramitación que arrancó antes de que se produjera la suspensión del periodo de sesiones por la covid-19.

El conflicto arrancó el pasado lunes cuando se inició el pleno de las Cortes que finaliza hoy. A pesar de que en la Junta de Síndics, con todos los partidos representados, se aceptó que, debido a las circunstancias especiales por la pandemia, el voto de esta ley fuera ponderado -es decir, un portavoz de cada grupo puede emitirlo en representación de todos sus compañeros ausentes-, Vox presentó el lunes en el límite del plazo una impugnación donde se negaba. El escrito firmado por la síndica Ana Vega aseguraba que el voto de cada diputado es personal, por lo que antes de empezar el debate el pasado, el presidente del parlamento, Enric Morera, ya anunció que la votación sería telemática y el jueves al acabar estos tres días de pleno.

Al oír la decisión, la portavoz del PP, Isabel Bonig, saltó como un resorte para sumarse a la petición de un informe de los letrados de la Cámara, un «informe con criterios objetivos y jurídicos». Visto lo visto, y como las protestas de Vox y PP no cedían, Morera se vio obligado a parar dos veces el pleno para convocar a los portavoces al pie de la tribuna, sin salir del salón. Como la primera llamada fue «informal», tuvo que hacer una segunda convocatoria más «oficial» para llegar al mismo punto: la votación se pasó a este jueves, día tope que tenían los diputados que no acudan al pleno por cuestiones de seguridad ante la epidemia para optar por ordenador.

Dudas que el diputado del PP, Rubén Ibáñez, ensanchó desde el punto de vista político cuando apuntó que el único partido que ha tenido «relación comercial con empresas del juego» es el PSPV al haber vendido su sede «a una empresa» del sector en 2017, en el momento que «se iniciaba la tramitación de la ley». El socialista José Muñoz replicó con dureza a Ibáñez diciendo que se deje de «insinuaciones» y «sea valiente si nos acusa de corrupción». Un órdago lanzado que ahora se resuelve con este informe de los letrados de las Cortes y con la votación parlamentaria que supone la aprobación definitiva de la norma.