Un informe elaborado por los servicios jurídicos de las Cortes Valencianas, emitido ya con la noche entrando en la Comunidad, avala la votación telemática que se celebrará en la sesión parlamentaria de este jueves para aprobar la Ley del Juego. El dictamen, reclamado por la oposición y que finalmente también había solicitado el presidente del hemiciclo autonómico, Enric Morera, valida la fórmula elegida y el procedimiento administrativo, con lo que deja con pocos argumentos al bloque de la derecha en su intento de boicotear la aprobación de la norma, muy restrictiva y que busca la prevención de la ludopatía. Salvo una sorpresa que nadie prevé en estos momentos, mañana se aprueba la ley del juego con el apoyo del Botánico, la oposición de PP y Ciudadanos, y la abstención de Vox. Todo ello salvo que un nuevo requiebro retrase de nuevo el trámite, algo que ahora parece improbable.

El conflicto arrancó el pasado lunes cuando se inició el pleno de las Cortes que finaliza hoy. A pesar de que en la Junta de Síndics, con todos los partidos representados, se aceptó que, debido a las circunstancias especiales por la pandemia, el voto de esta ley fuera ponderado -es decir, un portavoz de cada grupo puede emitirlo en representación de todos sus compañeros ausentes-, Vox presentó el lunes en el límite del plazo una impugnación donde se negaba. El escrito firmado por la síndica Ana Vega aseguraba que el voto de cada diputado es personal y que no hay compañero que te sustituya, por lo que antes de empezar el debate, el presidente del parlamento, Enric Morera, ya anunció que la votación sería telemática y el jueves al acabar estos tres días de pleno.

Al oír la decisión, la portavoz del PP, Isabel Bonig, saltó como un resorte para sumarse a la petición de un informe de los letrados de la Cámara, un «informe con criterios objetivos y jurídicos». Visto lo visto, y como las protestas de Vox y PP no cedían, Morera se vio obligado a parar dos veces el pleno para convocar a los portavoces al pie de la tribuna, sin salir del salón. Como la primera llamada fue «informal», tuvo que hacer una segunda convocatoria más «oficial» para llegar al mismo punto: la votación se pasó a este jueves, día tope que tienen los diputados que no acudan al pleno para optar por ordenador.

En medio de las presiones que estos días están ejerciendo las empresas del sector del juego para que la ley no salga adelante -mañana mismo hay convocada una nueva protesta- y con las denuncias de diputados de la izquierda por sentirse "señalados", cualquier retraso en la aprobación de la ley del juego creaba todavía más incertidumbre sobre esta normativa. Finalmente, será hoy el día en el que finalizará la tramitación. Los socios del Botànic creen que la ley es necesaria para evitar casos de ludopatía en una crisis como la que se avecina.

Dudas que el diputado del PP, Rubén Ibáñez, ensanchó cuando apuntó que el único partido que ha tenido «relación comercial con empresas del juego» es el PSPV al haber vendido su sede «a una empresa» del sector en 2017, en el momento que «se iniciaba la tramitación de la ley». El socialista José Muñoz replicó con dureza Ibáñez diciendo que se deje de «insinuaciones» y «sea valiente si nos acusa de corrupción». Un órdago lanzado que, salvo una nueva pirueta, ahora se resuelve con este informe de los letrados de las Cortes.