El Gobierno se enfrenta a una ofensiva que procede de la Comunidad Valenciana. La escalada de tensión con la que Compromís intenta presionar al Ejecutivo de Madrid por todas las vías posibles tiene un objetivo claro: que Pedro Sánchez entienda que hay territorios que parten de una situación más complicada que la de otros. El conflicto se está enconando y el estruendo se está extendiendo al conjunto de las instituciones. La coalición valencianista alimentará hoy esa espiral para poner sobre la mesa las desigualdades estructurales que sufre esta Comunidad tras no haber tenido en cuenta sus peticiones sobre financiación, inversión o cesión de competencias. Esta vez, será la Diputación la que abra el espacio de las críticas a través de dos aliados que están muy poco acostumbrados a ponerse de acuerdo. Y es que el presidente Carlos Mazón ha decidido sumarse a la propuesta de Compromís para reclamar al Gobierno central un reparto «más justo» del fondo de emergencia para las autonomías y que 10.000 de los 16.000 millones presupuestados se distribuyan con un criterio poblacional.
El PP mantuvo ayer varias conversaciones con Compromís en la Diputación para destacar la importancia de poner en el centro del debate esta lacra que hace que la inversión estatal en cada habitante de la provincia esté 117 euros por debajo de la media. La idea busca constituir un frente común ante Madrid y reclamar, además, que haya un fondo de compensación con el fin de aliviar la infrafinanciación que sufre la Comunidad. El portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, aseguró que «buscamos un consenso político fuera del ruido y la bronca», añadiendo que «los políticos tenemos que mostrarnos unidos contra unos intereses en Madrid que mantienen una relación de desprecio hacia nuestros problemas». Por su parte, el PP entiende que es el momento de que la Comunidad reciba el mismo trato presupuestario que el resto de autonomías: «No queremos ser ni más ni menos, solo iguales», apostilló el portavoz Adrián Ballester.
Pleno de la Diputación
Ciudadanos también está de acuerdo con el criterio expresado en la moción al entender que este territorio no debe estar a la cola del tren, sino en los primeros vagones. Sin embargo, sus diputados manifestaron que «resulta inexplicable» que esta reivindicación la estén haciendo frente a sus propios socios en el Botànic. «Parece mero postureo y mucho ruido», indicó el portavoz Javier Gutiérrez, añadiendo que «nos hubiera gustado que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el presidente Ximo Puig hubieran peleado más, pero el resultado es decepcionante, en gran parte por su escasa influencia en el panorama nacional». Con el frente común de las tres fuerzas, la postura más complicada es la del PSPV, que a última hora de ayer mantuvo una reunión en la que decidió abstenerse a no ser que la coalición acepte incluir una enmienda referente al sistema de reparto.
La presión de Compromís no se elevará únicamente desde la Diputación, sino que el diputado en el Congreso Joan Baldoví ha anunciado que condicionará su voto a la sexta prórroga del estado de alarma a que el Gobierno equipare la inversión en las comunidades más empobrecidas para que puedan hacer frente a las consecuencias de la pandemia a través de fondos europeos. La última propuesta de Baldoví ha sido pedir, a través del plan de recuperación de la UE, la creación de un fondo de nivelación que equipare a las cinco autonomías por debajo de la media en financiación. «Hablamos de igualdad de derechos independientemente de donde se viva», proclamó el diputado.
