Más facilidades para dar estabilidad a las plantillas públicas y consolidar el empleo. Esa es la exigencia que ayer elevó la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, al Gobierno de España al pedir que se supriman las tasas de reposición para la convocatoria de oposiciones en la función pública valenciana. Bravo insistió en esta medida durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la que participó por videoconferencia junto al resto de responsables autonómicos en la materia y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.
En su intervención, la consellera defendió que se elimine la limitación del porcentaje máximo de puestos de trabajo que la Generalitat puede sacar a las Ofertas de Empleo Público (OPE) en relación al número de trabajadores que se jubilan cada año porque «de no llevarse a cabo esta medida, nunca se podrá acabar con la temporalidad de las plantillas públicas ni tampoco acometer su regeneración». En este sentido,la consellera Bravo recordó que en los últimos cuatro años se ha incrementado el número de trabajadores temporales porque tienen una limitación para sacar los puestos estructurales «porque nos lo impide la tasa de reposición, pero al mismo tiempo, se permite crecer con plazas temporales». Esto implica, según Bravo, que el Gobierno les permite «crecer en precariedad» y al mismo tiempo limita la capacidad para dar estabilidad a las plantillas, «pero no una estabilidad a través de procesos selectivos de consolidación». Por todo eso, según lamentó, han estado creando plazas sin capacidad de poderlas sacar después a las OPE. En la actualidad, la Dirección General de Función Pública gestiona 220 procesos selectivos, de los cuales están ya en marcha un total de 130.
Comienza el trámite de la Ley de Función Pública, que incluye el requisito lingüístico
Las Cortes han comenzado a tramitar el proyecto de ley de Función Pública para, entre otras cosas, implantar el requisito lingüístico entre los funcionarios de la administración autonómica. Tras años de desencuentros, en enero de 2018 se aprobó el anteproyecto con la cuestión del requisito lingüístico como gran escollo para el consenso. La disposición en la que se recoge la hoja de ruta para implantar el valenciano en la administración explicita que en el plazo de un año desde la entrada en vigor, el Consell regulará la acreditación del nivel de los conocimientos de valenciano en cada uno de los empleo públicos.
