La gestión de las residencias de ancianos se encuentra en el punto de mira. José María Toro, presidente de la asociación empresarial de residencias Aerte, pasó ayer revista y abrió un duro conflicto contra el Consell al atacar con dureza sus decisiones durante la pandemia que afectó especialmente a los ancianos. Toro eludió responsabilidades, denunció la falta de material, de pruebas masivas y de información y elevó el tono al hacer mención a su interlocución con la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra. «Nos hemos sentido solos», dijo en referencia a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Durante su comparecencia en la comisión de reconstrucción social, sanitaria y económica en las Cortes Valencianas, José María Toro se sacudió todas las culpas en materia de protección de mayores y centró su discurso en responsabilizar al Consell por vía doble. Por un lado, cargó con dureza por la falta de información de la administración valenciana asegurando que Aerte mandó un correo a las consellerias de Igualdad y de Sanidad el 26 de febrero preguntando por los protocolos a poner en práctica. Y, sin embargo, los centros no se cerraron al público hasta el 18 de marzo. En segundo lugar, el compareciente entregó munición a la oposición sobre el impacto que habría tenido la crisis de haber cerrado antes las visitas a los centros. Ante estos duros reproches, el PP y Vox volvieron a alimentar la espiral de tensión, un tono ya habitual en esta comisión, con duras acusaciones contra la gestión de la Generalitat.
«Trabajadores y residentes en una situación de desprotección absoluta, falta del material sanitario o escasez de pruebas masivas». Estas son algunas de las principales quejas que ayer elevó el presidente de Aerte y que provocaron, en su opinión, que no se pudiera garantizar una adecuada atención sanitaria. Indicó, además, que las derivaciones a hospitales dependieron del departamento y que hubo casos en que se negó o se indicó que la atención en la residencia era lo más adecuado. «Dejar a una persona con una enfermedad junto a muchísima gente vulnerable era un absoluto error», insistió. José María Toro consideró que en esta crisis falló el sistema sanitario, no el modelo residencial, haciendo hincapié en que a estas instalaciones no se les puede exigir algo para lo que no están preparadas, y reclamando mayor coordinación sociosanitaria. El responsable de la asociación rechazó la idea de que el modelo residencial fuera causa de la alta mortalidad.
Pero su comparecencia no solo se centró en criticar las decisiones sino que José María Toro también puso en el punto de mira la falta de coordinación entre Sanidad y Políticas Inclusivas y sus «contradicciones entre normativas» como la de nuevos ingresos. Respecto a Igualdad y Políticas Inclusivas, señaló que se han sentido solos porque no hubo reuniones en los dos peores meses de la pandemia. Al acabar la sesión, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra salió al paso de estas acusaciones y dijo que el contacto con el presidente de Aerte fue constante a lo largo del estado de alarma y que hubo numerosas conversaciones durante esos dos meses. Por otro lado, el presidente de Acdesa, asociación por la defensa de la Salud, Eduardo Zafra, reclamó en las Cortes un pacto por la sanidad y los servicios sociales pues son «imprescindibles para el futuro y suponen innovación y puestos de trabajo» y pidió recuperar el sistema sanitario público y revertir las concesiones, al considerar que los modelos públicos y privados tienen que estar separados.
Arranca la recta final hacia las conclusiones de la comisión
Durante la comisión para la reconstrucción económica, social y sanitaria de la Comunidad que tuvo lugar ayer en las Cortes, los usuarios de Sanidad propusieron medidas como recuperar la fortaleza del sistema sanitario público mientras Aerte pidió garantizar el suministro de material de protección, pruebas periódicas cada 15 días y una comisión de coordinación sociosanitaria. Fue una de las cuatro comparecencias de la jornada. Ya enfila esta comisión su recta final para unas conclusiones que deberán cerrarse antes de finales de julio.
