Sin movimiento en el frente. La brecha abierta entre las conselleries del PSPV y las de Compromís a cuenta del regreso generalizado de los funcionarios de la Generalitat a la actividad presencial se mantiene intacta dos semanas después de la resolución promovida por la conselleria de Justicia, Interior y Administración que ha obligado a reincorporarse a la totalidad de la plantilla a sus puestos de trabajo. Ayer, la titular de ese departamento, Gabriela Bravo, reunió a las 12 subsecretarías del Consell -incluidas las críticas con la decisión- y a los sindicatos en una comisión mixta de seguimiento para evaluar hasta qué punto los diferentes departamentos autonómicos han obedecido las recomendaciones y cumplen las medidas de seguridad exigidas en sus trabajos.
El encuentro era una oportunidad para acercar posturas con datos y evidencias encima de la mesa, puesto que también participaron los responsables del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), encargado de evaluar la seguridad en los centros. Pero la división volvió a evidenciarse. Bravo descartó introducir cambios en su norma como se había reclamado desde Compromís, que abogaba por rebajar la presencialidad y fomentar el teletrabajo. Después de que algunos departamentos como Economía o Agricultura desafiaran la orden general y decidiera dictar sus propias instrucciones en ese sentido, la consellera instó ayer a los subsecretarios a cumplir la resolució inicial, abierta en todo caso a cierto margen de interpretación para ajustarla a las necesidades de cada caso concreto.
La titular de Justicia planteó a los altos cargos una alternativa consistente en establecer turnos diferenciados con tal de lograr que se cumplan las distancias de seguridad entre el personal y evitar aglomeraciones, recordando que los centros pueden estar abiertos hasta las 20.30 horas. En la órbita de Compromís se incidió, sin embargo, en que no pueden regular los turnos si los trabajadores no están de acuerdo, apelando al propio decreto.
