Los técnicos de Hacienda propusieron ayer en la comisión por la reconstrucción sanitaria, social y económica de la Comunidad una subida de los impuestos autonómicos y reabrieron el debate sobre una tasa turística que se ajuste a los tipos de alojamiento. El representante del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguró ante los diputados en las Cortes que hay margen para incrementar la contribución fiscal en la Comunidad sin que eso suponga una presión «desmesurada» y planteó una fiscalidad verde, retocar el tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas, reducir el mínimo del impuesto de Patrimonio y ampliar los supuestos de pago de Sucesiones y Donaciones.
El secretario general del sindicato José María Mollinedo enumeró una serie de propuestas referidas a impuestos de los que dependen en mayor medida la progresividad y el potencial redistributivo del sistema tributario (IRPF, Impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones). Lo hizo justo el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba que es inevitable la aprobación de una reforma fiscal acompasada con el crecimiento económico y que contemplará una subida del IRPF a las rentas altas, un aumento del tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones o un alza de impuestos especiales y medioambientales. Al igual que en el contexto estatal, las Cortes Valencianas también pusieron ayer el foco en esa subida de impuestos. Aunque, eso sí, lo hicieron desde diferentes enfoques.
En cuanto a los tributos propios, Gestha habló de crear un impuesto autonómico sobre estancias turísticas teniendo en cuenta las características de los distintos tipos de oferta de alojamiento en la Comunidad, además de analizar las cargas que aplican otras comunidades y que podrían trasladar a este territorio. La implantación de la tasa turística entró ayer en el debate de la reconstrucción tras las desavenencias que el gravamen ha provocado entre los socios del Botànic. Además de este polémico impuesto que carga las pernoctaciones turísticas, los técnicos de Hacienda propusieron incrementar en el IRPF la progresividad de la tarifa autonómica aplicable sobre la base liquidable general, recuperando tres tramos de la escala general del IRPF a partir de 120.000, 140.000 y 175.000 euros. En el Impuesto sobre el Patrimonio, apuntaron a reducir el mínimo exento general a 500.000 euros y a aumentar la progresividad de la escala de gravamen para los grandes patrimonios.
En Sucesiones y Donaciones, instaron a revisar las reducciones aplicables en adquisiciones mortis causa para que aumenten las bases liquidables cero en las herencias de menor cuantía; y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados, propusieron una tarifa con varios tramos para las transmisiones de los mayores valores de inmuebles y de vehículos de lujo. También afirmaron que existe un mayor margen en los impuestos indirectos medioambientales y abogaron por empezar a aplicar una fiscalidad «verde».
Los trabajos parlamentarios ya superan el ecuador
La comisión para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunidad Valenciana tras el coronavirus ya ha pasado su ecuador y a finales de este mes emitirá un dictamen que se remitirá al pleno de las Cortes para el debate y aprobación de las propuestas de conclusiones. Los trabajos de esta comisión se están centrando en cuatro frentes: el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social; y la posición de la Comunitat con el Gobierno, el resto de administraciones y la Unión Europea.
Los jóvenes reclaman planes de empleo que faciliten su emancipación
El Consell Valencià de la Joventut reclamó ayer en la comisión para la reconstrucción el desarrollo de políticas de empleo joven y medidas en materia de vivienda para facilitar la emancipación de los menores de 30 años. Su presidenta, Pilar Blasco, destacó ante los diputados la necesidad de políticas específicas para abordar la alta tasa de paro juvenil, la precariedad de los contratos y el continuo aumento de los precios del alquiler. «No se puede recortar ni un euro en empleo juvenil», dijo en la sesión.
