El Tribunal de Cuentas ha absuelto definitivamente de cualquier responsabilidad contable en la compra de Valmor por un euro a las exconselleras de Cultura y Deporte con el PP Trinidad Miró y Lola Johnson (defendida por el letrado David González Wonham), tres exdirectivos de la empresa Circuit del Motor entre 2011 y 2012 y un ex alto cargo del Consell: José Miguel Escrig, Julio García y Blanca Tomás, que ostentaban los poderes de esa empresa; también se desestima la demanda contra Luis Lobón, por ser quien suscribió el contrato de adquisición de Valmor en representación de la Generalitat, según la nueva sentencia del tribunal económico a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN.
El Tribunal de Cuentas ya se pronunció sobre esta cuestión en otra sentencia hecha pública en junio de 2019 y dictada por la magistrada Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia y vicepresidenta del Gobierno con Aznar. La Generalitat recurrió y ahora un tribunal ha desestimado el recurso de la Abogacía y obliga al pago de las costas procesales a la Generalitat y Circuit del Motor, que podrían ascender a 1,5 millones de euros, según fuentes del proceso. El juicio se celebró tras la reclamación de reintegro instada por la Generalitat, a través de la empresa pública Circuito del Motor, por la compra de Valmor Sports por un euro, y la asunción de un total de 24 millones de deuda. La Generalitat reclamaba el pago de esos 24 millones a Lola Johnson, José Miguel Escrig, Julio García, Blanca Tomás y Luis Lobón. Subsidiariamente, la Generalitat pedía 14,6 millones a estas mismas personas y a la exconsellera Trinidad Miró (presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2007 a 2011) por los gastos no pagados por Valmor Sports a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula Uno de 2008, 2009 y 2010.
Los magistrados consideran que las exconselleras y los exdirectivos durante la etapa del PP en el Circuit del Motor de la Comunitat no incurrieron en una «conducta gravemente negligente» que, señalan, «resulta difícil mantener» ya que «la propuesta y el acuerdo [para la compra de Valmor] estuvieron fundados en los informes de situación que se recabaron y tuvieron en cuenta». La tesitura, insisten los jueces del Tribunal de Cuentas, era «la defensa del interés público que suponía las celebraciones del evento deportivo y, por otra, las consecuencias igualmente negativas, económicamente, de frustrar el juego de obligaciones recíprocas que resultaban de los contratos mercantiles celebrados y de las penalizaciones que comportaban su incumplimiento».
