El Ministerio de Hacienda está negociando con la Federación Española de Municipios tomar el control de la gran bolsa de ahorros de los municipios para sumar liquidez a la hora de afrontar las consecuencias del coronavirus. A cambio les liberará sólo una parte reducida de ese remanente para gasto local. Esa «hucha» que ha ido acumulando el municipalismo alcanza, en total, los 28.000 millones en España, algo más de 4.700 en la Comunidad y unos 1.600 en la provincia de Alicante. Una cantidad enorme bloqueada en cuentas, algo muy difícil de justificar en un tiempo como el actual. Después de meses de intentonas y de resistencias de los alcaldes, el Ejecutivo abrirá un poquito la mano para usar el superávit a través de un controvertido sistema que a su vez le permitirá a Hacienda tener el mando de todo ese dinero.
La fórmula planteada por la ministra María Jesús Montero se basa en que los municipios presten al Gobierno de forma «voluntaria» el superávit para articular una devolución a plazos como ingresos no financieros. La idea de Hacienda es que las entidades locales aporten sus ahorros a las arcas del Estado. Luego se les devolvería, primer0, mediante dos ingresos en 2020 y 2021 por 5.000 millones, el superávit aproximadamente del último ejercicio. Esa es la cantidad que se les liberaría para poder gastarla en estos dos años como respuesta a la crisis. De esa cifra, algo más de 500 millones corresponden a los municipios de la Comunidad Valenciana y unos 180 a las entidades locales alicantinas. El resto del dinero se reintegraría a plazos en una década. La adscripción al plan, efectivamente, sería «voluntaria» pero la negativa a adherirse impedirá que ese municipios pueda acceder ni tan siquiera a la pequeña parte que va a liberar de gasto el Ministerio de Hacienda. Así que, en la práctica, estamos hablando de una obligación. O eso, o seguir sin poder gastar ni un sólo euro de las cantidades ahorradas.
Dirigentes provinciales del PP denunciaron ayer que esta medida supone la incautación del dinero del remanente de tesorería local con ese compromiso de devolverlo en distintas anualidades. Cargos populares califican de «chantaje» que la negativa a aceptar las condiciones de Hacienda les impida usar un dinero sumado durante años de control de sus balances financieros. El PP considera que esta medida deja a los consistorios sin recursos para hacer frente al incremento de gastos que la pandemia ha supuesto para las arcas locales y que seguirá creciendo durante los próximos dos años. Sin embargo, para los socialistas, esta iniciativa concede oxígeno a los municipios y permitirá impulsar la tarea de reconstrucción en la etapa poscovid al desbloquear miles de millones de euros que se podrán invertir en la recuperación.
Desde la Federación Española de Municipios se ha recalcado en todo momento que estos remanentes generados en los últimos años pertenecen a las entidades locales y se ha reivindicado su derecho a decidir su vía de aplicación para luchar contra el coronavirus, reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social. El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, reconoció ayer que no tenía constancia oficial de esta propuesta. Pero sí quiso dejar claro que, de ser así, los consistorios recibirían este año el 40% del último remanente de tesorería y, en el próximo ejercicio, el 60% restante, lo que, en su opinión «dejaría a los ayuntamientos un margen de acción positivo, aunque no sea completamente el deseado por los alcaldes valencianos ya que hemos reivindicado poder invertir la totalidad del dinero». Rubén Alfaro insistió en la importancia de seguir trabajando para acabar con la regla de gasto que asfixia a las corporaciones locales cumplidoras. El planteamiento que realiza el Ministerio de Hacienda va encaminado a que los municipios gasten esa pequeña porción de superávit que se les autorizará en agenda urbana, vivienda, carriles bici, economía de cuidados y actividad cultural.
