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Casado se apunta al éxito de Feijóo, evita las presiones del ala dura y rebaja su tono

El líder del PP se centra en Alicante en una alternativa para bajar impuestos, generar empleo y apostar por la reactivación del turismo tras la crisis del coronavirus mientras pasa de puntillas por las cuestiones ideológicas

El líder del PP también se ha subido al éxito de Alberto Núñez Feijóo y ha hecho referencia a las elecciones gallegas y vascas.

El líder del PP también se ha subido al éxito de Alberto Núñez Feijóo y ha hecho referencia a las elecciones gallegas y vascas. Álex Domínguez

Un cita excepcional por muchos motivos. En primer lugar, se trataba del primer congreso provincial que el PP celebraba después de la pandemia. También constituía el inicio de un ciclo de reforzamiento orgánico después de las sucesivas citas electorales, las dos últimas el pasado fin de semana en Galicia y el País Vasco, muy diferentes para los populares. Y, por último, este cónclave marcaba un punto de partida para que Pablo Casado comenzara a controlar el territorio del PP en la Comunidad Valenciana. Y así lo hizo, además, alejándose de su línea más dura y tomando la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo como ejemplo para devolver al PP a un cierto espacio de moderación frente a la influencia del ala dura de los populares.

Pablo Casado evitó entrar en temas ideológicos en el congreso provincial que entronizó a Carlos Mazón como presidente provincial. Se decantó por el pragmatismo con un claro trazado del nuevo rumbo que ha emprendido. La estrategia de cimentar un distanciamiento con Vox y ensanchar al partido fue seguida a rajatabla por el líder nacional del PP, quien se sumó al éxito de Alberto Núñez Feijóo y estimó que su victoria en Galicia supone dar un «pulgar para abajo» al Gobierno de coalición de los socialistas y Podemos. Frente a esta gestión, defendió la propuesta alternativa del PP en cuestión económica para bajar impuestos, generar empleo e impulsar la Formación Profesional Dual, que, según dijo, se abordará con un plan nacional de reformas.

En ese nuevo perfil, Casado ofreció su apoyo a las conversaciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha emprendido en Europa para captar fondos para la reconstrucción. A cambio, pidió una negociación que esté a la altura de España y que el Gobierno muestre solvencia, con el fin de que los representantes de otros países de la Unión Europea «se fíen de nosotros». El líder del Partido Popular, alertó de que el presidente del Gobierno «no puede lavarse las manos» ante los brotes de casos de coronavirus que se están dando en los últimos días, y pidió medidas que eviten cierres prolongados de la sociedad que puedan afectar a la economía. En su opinión, el Ejecutivo «tiene la obligación de coordinar, dirigir y amparar» a toda la población, teniendo en cuenta que actualmente las competencias corresponden a las autonomías. Por ello, pidió responsabilidad y acusó al Ministerio de Sanidad de pasividad a la hora de emitir protocolos de prevención sanitaria. «Llevamos semanas reclamándolo».

Así se refirió al hecho de que la Generalitat Valenciana decretara la obligatoriedad del uso de la mascarilla, después de que lo hayan hecho Andalucía y Murcia. Tras abrir las puertas del partido a Mazón y ofrecerle un apoyo nítido, Casado incidió en la importancia del turismo y pidió que se extiendan los ERTEs hasta finales de año, que se rebaje el IVA del sector hasta el 4 % y que se den facilidades para que los restaurantes y hoteles vuelvan a estar activos. Solo endureció el mensaje al referirse a la salida de prisión de los líderes del «procés» catalán para disfrutar del tercer grado penitenciario: «No se puede tolerar escuchar mítines en la calle de personas que están en libertad condicional». En alusión a ese escenario que se vive en Cataluña, aseveró que «lo mínimo» exigible a un Gobierno es que «defienda la nación a la que representa», pidiendo a su vez a Pedro Sánchez que defienda al rey por recibir «ataques intolerables» por parte de Pablo Iglesias.

Amenaza de boicot del PP al plan del Gobierno de España para controlar la «hucha» de los municipios

Los alcaldes de Alicante y Madrid piden a Pedro Sánchez que no trate a las entidades locales como a «niños pequeños»

Los compromisarios que participaron en el congreso provincial del PP en Alicante aprobaron a última hora la inclusión de una enmienda a la ponencia elaborada por Pablo Ruz y María Gómez para rechazar tajantemente la propuesta del Gobierno mediante la que pretende tomar el control de los ahorros de los municipios. Los populares amenazaron con boicotear el plan al considerar que impide que cada municipio invierta en las necesidades de su localidad. Pero esta crítica no solo se dio a conocer a través de la enmienda, sino que los intervinientes se opusieron frontalmente a la fórmula anunciada por la ministra María Jesús Montero para incautarse de la hucha local y liberar a los municipios sólo 5.000 millones, una pequeña parte de esa «hucha». Con esta medida, los consistorios tendrían que transferir todo su superávit acumulado al Estado a cambio de poder gastar esa cantidad en los próximos dos años. El resto se devolvería a plazos en diez años.

El congreso del PP fue el escenario escogido para escenificar el rechazo de toda la organización a esta propuesta. Según los populares, los remanentes de tesorería y el superávit de 2019 que han generado las administraciones locales «no pueden ir a parar a manos de un Gobierno irresponsable». El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida insistió en que los ayuntamientos no son menores de edad sino instituciones que han trabajado «para salir de esta crisis» y pidió al Gobierno que defienda la autonomía local y que no les quite su capacidad de decisión: «No puede ser que nos quieran quitar dinero, hacernos una suerte de préstamos y decirnos dónde invertirlo. Estamos dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro, a que el dinero de los ayuntamientos acabe donde más se necesite, pero no estamos dispuestos a que se nos quite la decisión», lanzó Almeida.

Además, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, amenazó con boicotear el plan del Gobierno con un rotundo «no lo vamos a entregar» y manifestó que tomar el control de los remanentes de tesorería de las entidades locales «es ahogar las arcas y apropiarse de unos ahorros que pertenecen a nuestros vecinos y que son necesarios para afrontar la recuperación». Los compromisarios también aprobaron una corrección a la ponencia para exigir al Gobierno la reforma urgente del sistema de financiación autonómica que posibilite a la Comunidad Valenciana «disponer de los recursos suficientes para poder acceder a unos servicios públicos de calidad», según defendieron.

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