Los compromisarios que participaron en el congreso provincial del PP en Alicante aprobaron a última hora la inclusión de una enmienda a la ponencia elaborada por Pablo Ruz y María Gómez para rechazar tajantemente la propuesta del Gobierno mediante la que pretende tomar el control de los ahorros de los municipios. Los populares amenazaron con boicotear el plan al considerar que impide que cada municipio invierta en las necesidades de su localidad. Pero esta crítica no solo se dio a conocer a través de la enmienda, sino que los intervinientes se opusieron frontalmente a la fórmula anunciada por la ministra María Jesús Montero para incautarse de la hucha local y liberar a los municipios sólo 5.000 millones, una pequeña parte de esa «hucha». Con esta medida, los consistorios tendrían que transferir todo su superávit acumulado al Estado a cambio de poder gastar esa cantidad en los próximos dos años. El resto se devolvería a plazos en diez años.

El congreso del PP fue el escenario escogido para escenificar el rechazo de toda la organización a esta propuesta. Según los populares, los remanentes de tesorería y el superávit de 2019 que han generado las administraciones locales «no pueden ir a parar a manos de un Gobierno irresponsable». El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida insistió en que los ayuntamientos no son menores de edad sino instituciones que han trabajado «para salir de esta crisis» y pidió al Gobierno que defienda la autonomía local y que no les quite su capacidad de decisión: «No puede ser que nos quieran quitar dinero, hacernos una suerte de préstamos y decirnos dónde invertirlo. Estamos dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro, a que el dinero de los ayuntamientos acabe donde más se necesite, pero no estamos dispuestos a que se nos quite la decisión», lanzó Almeida.

Además, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, amenazó con boicotear el plan del Gobierno con un rotundo «no lo vamos a entregar» y manifestó que tomar el control de los remanentes de tesorería de las entidades locales «es ahogar las arcas y apropiarse de unos ahorros que pertenecen a nuestros vecinos y que son necesarios para afrontar la recuperación». Los compromisarios también aprobaron una corrección a la ponencia para exigir al Gobierno la reforma urgente del sistema de financiación autonómica que posibilite a la Comunidad Valenciana «disponer de los recursos suficientes para poder acceder a unos servicios públicos de calidad», según defendieron.