Si la reconstrucción de la Comunidad Valenciana pasa por la ayuda que conceda la UE, tal y como insiste el presidente de la Generalitat, ayer quiso Ximo Puig demostrar que Europa vuelve a confiar en la Comunidad Valenciana al conceder un nuevo préstamo. Y lo hizo anunciando que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado una operación de préstamo a la Generalitat por cien millones de euros para reparar daños provocados por la DANA de septiembre del año pasado. Una ayuda que en septiembre ya permitirá desembolsar los primeros 50 millones de los que se beneficiarán los municipios de la Vega Baja.
«La primera vez que fuimos a Bruselas faltó poco para que nos cachearan», aseguró ayer Puig, quien defendió en las Cortes que, cuando el Botànic llegó al Consell, «la reputación de La Comunidad no era cero, era menos 14.000». Cinco años después, la relación de confianza ha cambiado por completo. En concreto se trata de la segunda operación que el BEI financia al Gobierno valenciano en el último año, ya que en noviembre concedió una de hasta 270 millones. Todo ello, destacaron ayer desde Presidencia, «después de años en que no se otorgaban créditos tras incumplir el Consell del PP la obligación de destinar a colegios los recursos que le concedieron».
Actuaciones diversas
Este paquete de ayudas permitirá abarcar actuaciones en las comarcas de la Vega Baja y la Vall d'Albaida (Valencia) en educación (reparación de centros y suministro de material), agricultura (reparación de regadíos y caminos), obras públicas (reparaciones de carreteras CV 925-930-935-940-941-945-949-950-951), sanidad (daños del Hospital de Orihuela y centros adscritos), turismo (mantenimiento y reparaciones de infraestructuras) y reparaciones en estaciones de saneamiento de la entidad pública Epsar.
El tipo de interés de esta operación se determinará en septiembre cuando se solicite y se efectúe el primer desembolso. Los posteriores llegarán en 2021 en función de la ejecución de los proyectos. En concreto, el préstamo tiene un plazo de hasta 17 años, con amortización a vencimiento o 30 años y cinco años de carencia, según las preferencias y limitaciones a las que se somete la Generalitat.
