Los socialistas valencianos quieren que el Gobierno mueva ficha antes de que el decreto ley sobre el uso de los remanentes municipales sea tumbado en el Congreso. Destacados dirigentes del PSPV, comenzando por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostraron ayer claramente partidarios de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez consiga un mejor acuerdo con los ayuntamientos que contente a todas las partes y que, por supuesto, le permita superar el trámite de la Cámara Baja. Desde que se hizo público el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, y sobre todo, desde que se publicó en el BOE el texto definitivo de esta medida, con varios cambios sobre el acuerdo original, el Partido Socialista no ha hecho más que acumular el rechazo de la práctica totalidad de fuerzas políticas, contrarias al plan para liberar los remanentes municipales. Solo mantiene una abstención de Unidas Podemos, con muchas dudas y no de todas sus confluencias, un apoyo insuficiente para convalidar ese decreto en el parlamento.
Desde su publicación el pasado 4 de agosto, este decreto-ley se debe convalidar o derogar en el plazo de un mes, por lo que se dispone hasta primeros de septiembre para salir adelante o dejarse aparcado. Un margen de tiempo escaso y una época muy complicada para negociar en plenas vacaciones, lo que no impide que desde el PSPV hayan comenzado a lanzar mensajes al Ejecutivo central. El responsable del Consell encargado de la Administración Local, Antoni Such, acostumbrado a lidiar a diario con los problemas de liquidez de los ayuntamientos, indicó ayer a este periódico que «si existe la dificultad para sacar adelante el acuerdo, tendremos que hacer un movimiento de piezas entre todos», puesto que «no creo que el acuerdo llegue así al Congreso». Such, director general de Administración Local, espera que «haya un acuerdo entre todos para que el municipalismo afronte estos recursos, porque está muy necesitado de financiación», indicó.
Afrontar la crisis
El alto cargo del Consell entiende la situación del Gobierno de España, que «está haciendo frente a todo lo relacionado con la crisis», y entiende que «cada ayuntamiento quiera disfrutar de sus recursos, de los beneficios conseguidos con los impuestos propios». Después de comparar ambas premisas, Such considera que «tiene que haber modificaciones para que las dos partes puedan salir satisfechas», añadió el director general de la administración local. Dando por hecho que los socialistas consideran que el acuerdo pactado por Pedro Sánchez y Abel Caballero mejora en gran medida las condiciones de financiación de los ayuntamientos respecto a las exigencias impuestas por el exministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, ha llegado un punto en el que son constantes las quejas de alcaldes socialistas que no saben qué hacer ante la propuesta, ofrecida de forma «voluntaria».
Si tienes deuda, debes dedicar el superávit a reducir los números rojos y si tienes remanentes, que entregas al Gobierno, no te los devolverán por completo hasta 2037. Para los alcaldes del PP, no existe tesitura alguna. Directamente, la orden es declararse en rebeldía y rechazar la medida del Gobierno para liberar la hucha municipal. La balanza, no obstante, tiene un nuevo componente, como son las voces de dirigentes del PSPV que piden que haya un acuerdo para que las entidades locales puedan fortalecerse al ser la primera ventanilla ante la crisis. Los socialistas mueven ficha para evitar que se abra otra brecha más con Compromís, cuyos alcaldes son contrarios a la propuesta inicial.