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El Gobierno suaviza las exigencias de déficit al Consell para poder hacer frente a la crisis

El Ministerio de Hacienda mantiene que la ley de estabilidad sigue vigente, pero desliza en una carta a la autoridad fiscal que la coyuntura obliga a ser flexible

Vicent Soler charla con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, durante un encuentro.

Vicent Soler charla con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, durante un encuentro.

La situación financiera de la Generalitat y la necesidad de diseñar unos nuevos presupuestos que hagan frente a la brutal crisis sanitaria, social y económica que ha traído la pandemia será sin duda uno de los retos capitales del Botànic II en el nuevo curso político. El panorama es sombrío dada la compleja situación de las arcas autonómicas atrapadas en el túnel hasta ahora sin salida de la infrafinanciación.

Ahora bien, el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a rebajar la presión a las comunidades que, como la valenciana, son incapaces de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con base en esta norma están obligadas a presentar planes para ajustar el exceso de gasto.

Sobre el papel y, así lo deja claro el Ministerio de Hacienda en una carta remitida a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), los procedimientos y mecanismos establecidos en la ley de Estabilidad para el cumplimiento de las reglas fiscales (gasto, déficit y deuda) por parte de las comunidades siguen vigentes, pero el propio ministerio evidencia que «las circunstancias extraordinarias» fuerzan a matizar el escenario.

El ministerio recuerda que aquellas comunidades que hayan incumplido el objetivo de déficit de 2019 tienen que presentar sus Planes Económicos Financieros (PEF) si bien añade que se les ha trasladado que «avancen en el escenario del ejercicio de 2020, sin perjuicio de que puedan completar más adelante lo referente a 2021, una vez haya más certezas sobre la evolución sanitaria y económica». Es decir, mayor flexibilidad. El ministerio añade que como novedad estos planes incluyen valoraciones del impacto presupuestario de la crisis sanitaria, una novedad que constata que toda la revisión está vinculada a la crisis.

La respuesta del Gobierno al órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley de estabilidad evidencia que el ministerio es consciente de que no puede apretar más de la cuenta y exigir restricciones a unas comunidades autónomas cuya planificación presupuestaria se ha visto desbordada por la pandemia. En este marco general de 'empatía' con los Gobiernos autonómicos, el ministerio es consciente también de que debe aliviar de alguna manera a aquellas comunidades infrafinanciadas (la valenciana y la murciana, principalmente), lo que implica rebajar la presión sobre los planes de ajuste.

Diálogo existente

Fuentes de la Generalitat admiten que del diálogo existente con los altos funcionarios del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero se desprende que los protocolos clásicos que acompañan los plantes de ajuste van a suavizarse. Formalmente, no existe una instrucción en este sentido, pero en el Consell dan por hecho que habrá cierta relajación. Las fuentes consultadas recuerdan que la Generalitat arrastra un déficit estructural de recursos todos los años de más de 1.300 millones de euros. La falta de recursos suficientes para mantener un nivel de gasto suficiente para cubrir los servicios básicos es un problema recurrente, pero se agrava en una situación de crisis sin precedentes como la actual. En este contexto, exigir al Consell que haga recortes para cumplir con los objetivos de déficit no es razonable, insisten.

Cabe apuntar que la crisis ha dejado en el aire las grandes citas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se fijan los escenarios de estabilidad. Esta reunión, que normalmente tiene lugar en julio, no se celebró, por lo que también ha quedado pendiente la aprobación de los PEF.

Bonig se abre a pactar con Puig los presupuestos desde la «lealtad crítica»

La presidenta del PPCV pide al jefe del Consell voluntad de diálogo y exige sacrificios y recortar en privilegios

«Lealtad crítica». Así definió ayer la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, la posición de su partido ante la gestión del Botànic de la pandemia, un planteamiento a partir del cual se abre a pactar los presupuestos de la Generalitat para 2021. A diferencia del líder nacional del PP, Pablo Casado, que ya ha dejado claro al presidente Pedro Sánchez que no validará unas cuentas en las que Unidas Podemos haya participado, Bonig, a preguntas de la prensa, mantuvo que está dispuesta: «Si Puig me llama con voluntad de diálogo», dijo. Y añadió: «Pero no, si lo que quiere es solo una foto».

Para Bonig, muestra de la voluntad de consenso fue su participación en el pacto de reconstrucción de las Cortes Valencianas y ello a pesar, se lamentó, de que el tripartito no aceptara ninguna de sus propuestas.

Bonig recordó que ya durante el estado de alarma ofreció al Consell pactar unos presupuesto de legislatura. «Los presupuestos actuales no valen, hay que empezar de cero», indicó la presidenta de los populares valencianos.

Eso sí, avisó de que aunque el PP está dispuesto a aportar (recordó que puso a disposición de la Generalitat a ex altos cargos de la etapa PP para ayudar en la gestión), no aceptará «sumisión». Entre los requisitos para el pacto, está que el Consell haga «sacrificios» y «recorte privilegios» y centre los esfuerzos en la economía, la sanidad y la educación.

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