Cinco empresas valencianas de un total de 73 mercantiles de toda España han incumplido la obligación de proporcionar al Tribunal de Cuentas las facturas de los servicios que prestaron a los partidos políticos durante las campañas electorales de las generales del 28 de abril de 2019 y las europeas del 26 de mayo. Las mercantiles valencianas han realizado trabajos para todo el espectro político: el PSOE, el PP y Vox. El incumplimiento se ha detectado en la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos sobre dos de los comicios convocados en 2019. El montante total de las facturas que no ha sido comunicado al órgano fiscalizador asciende a 6,4 millones de euros, según ha adelantado el periódico «El Mundo».

Las empresas que realizan trabajos para los partidos durante las campañas electorales están obligadas por ley a comunicar al Tribunal de Cuentas la facturación emitida a las formaciones políticas, siempre que el importe sea superior a los 10.000 euros, según recoge el artículo 133.5 de la ley del régimen electoral de 1985.

El Partido Popular es la formación que mayor cantidad de dinero destinado a las campañas electorales que no ha comunicado al Tribunal de Cuentas, por valor de 2,6 millones. Casi la mitad de esa cantidad se corresponde con la facturación realizada por la agencia de marketing Servinform, con varias delegaciones que incluyen las ciudades de Madrid y València, y que asciende a 1,1 millones de euros. La segunda formación con mayor cantidad de facturas no comunicadas al Tribunal de Cuentas es Vox, por un valor de 1,8 millones de euros. Entre las empresas que no han cumplido con su obligación de notificar al Tribunal de Cuentas las facturas superiores a 10.000 euros se encuentra la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) que facturó 14.520 euros a la formación que lidera Santiago Abascal por albergar un mitin de la formación de ultraderecha. Otra empresa proveedora de Vox es Coprint impresión y reprografía, con sede en València, que facturó 52.962 euros.

Por último, el PSOE es la tercera formación cuyos proveedores electorales tienen que remitir la documentación pertinente al Tribunal de Cuentas. Sobre un total de 21 empresas, dos tienen sede valenciana. Se trata de la agencia de publicidad Entiak de Javier Olmo Alario, con sede en València y que facturó 21.551 euros a la formación que lidera Pedro Sánchez en las elecciones generales y otros 12.100 euros en los comicios europeos. Y también la mercantil Grupo Ricarte The quality print, con sede en la localidad alicantina de Elx, que facturó a los socialistas un total de 24.724 euros.