El real decreto ley sobre el uso de los remanentes municipales ya tiene fecha para someterse a votación en el Congreso de los Diputados. La propuesta debe ser convalidada en el pleno de la Cámara Baja convocado el próximo 19 de septiembre, un trámite obligatorio para el que el Gobierno no cuenta todavía con la mayoría suficiente para sacar adelante su propuesta. Ante esta incertidumbre, generada por la negativa de alcaldes de toda España, pertenecientes a la totalidad de fuerzas políticas, salvo el PSOE, a apoyar las medidas para gestionar la “hucha municipal”, los socialistas apuran sus posibilidades de conseguir, al menos, una mayoría simple de votos con la que no se tumbe la propuesta.
A la vista de la ruptura actual y las dificultades que tiene el PSOE para conseguir votos favorables (no se los ha garantizado ni su socio de gobierno, Unidas Podemos), y aunque solo sea por medio de abstenciones, los socialistas intentará que el resto de fuerzas del parlamento no sumen más de los 120 votos a favor de los diputados socialistas. El diputado del PSPV en el Congreso, Alejandro Soler asegura que el Gobierno “está trabajado con todas las fuerza políticas, estamos negociando con el resto de partidos para que haya una mayoría suficiente”.
En todo caso, el diputado ilicitano, que es el secretario ejecutivo adjunto de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE que lidera Pedro Sánchez, considera que “el PP debería facilitar que esto se produzca o facilitar que haya ayuntamientos que se acojan al real decreto”. Soler pide al PP que “reflexione”. “No entiendo por qué quien creó el problema, el PP, si no quiere aplaudir la propuesta, al menos que la apoye para que a los ciudadanos les beneficie ese dinero”.
Soler defiende la importancia del acuerdo al que se ha llegado, al ser “la primera vez, en 10 años, que un presidente del Gobierno recibe al presidente de la FEMP”. El diputado recuerda que José Luis Rodríguez Zapatero recibió a Pedro Castro, para aprobar el Plan E, cuando Soler era alcalde de Elche y pertenecía a la junta directiva de la FEMP. “Y desde entonces no ha habido otra reunión. Esta es la primera medida que aporta recursos a los ayuntamientos y ha tenido que venir otro gobierno socialista para conceder recursos”, asegura.
Para el parlamentario, el acuerdo es voluntario. “Ni hay confiscación ni incautación, hay una aportación voluntaria de ayuntamientos que quieren ser beneficiarios de los recursos aportados por el Estado. Desde 2012, la ley Montoro imposibilita hacer uso de esos remanentes, el PP no ha hecho nada para hacer posible el uso de de esos remanentes. Ahora, un Gobierno socialista, en unas circunstancias excepcionales, diseña una estrategia para hacer posible el uso de esos remanentes. Necesitamos que ese dinero pase por el Estado para que el déficit que se genera en los ayuntamientos al hacer uso de ese dinero lo asuma el Gobierno. Ese es el camino que se usa para sortear la ley Montoro”, asevera.
Fondo extra
Además, Alejandro Soler defiende que el Gobierno de España pone a disposición de los municipios 5.000 millones adicionales, “transferencias directas que los ayuntamientos no tendrán que devolver”. Para el cargo socialista, “acogerse a esta medida facilita que los ayuntamientos puedan disponer de una importante cantidad de recursos para los ciudadanos que son urgentes”.
Frente esta opción, “el PP no ha planteado ninguna alternativa ni ha posibilitado el uso de ese dinero durante 7 u 8 años, ni ha firmado una propuesta en el Congreso donde se pedía el uso de superávit en 2019 y 2020, y este acuerdo supera con creces esa propuesta. Pese a ello, solo ponen trabas y por un interés partidista, no respaldan el acuerdo y hurtan a los ciudadanos alicantinos, donde gobierne el PP, de beneficiarse de esta ayuda”, añade.
Por último, Soler explica que se ofrece la compensación por el déficit en el transporte y se hace posible que los ayuntamientos puedan entrar en el reparto de los 140.000 millones de fondos europeos, algo reflejado en el real decreto. Otra ventaja es que “posibilita el alargamiento de las inversiones financieramente sostenibles”. En definitiva, “es absolutamente beneficioso y posibilita que los ayuntamientos que tienen remanente lo puedan utilizar en su totalidad y puedan beneficiarse de ese fondo de 5.00 millones, entre el 35 y el 50% que cada uno aporte, para utilizar en dos años, en un cortísimo plazo. Es un acuerdo extraordinariamente beneficioso para los municipios y los ciudadanos alicantinos, e incluso, para la Diputación de Alicante”, incide el diputado del PSOE.
