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La asignatura pendiente de Puig y Mazón para este curso político

La Generalitat y la Diputación inician una nueva etapa tras el periodo estival sin haber alcanzado un acuerdo respecto al Fondo de Cooperación para repartir ayudas con criterios objetivos entre los municipios alicantinos

Reunión telemática entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

Reunión telemática entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

Este nuevo e impredecible curso político que ha comenzado se presenta convulso. El jefe del Consell, Ximo Puig, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, han regresado a sus despachos tras el periodo estival con nuevos retos marcados por la pandemia del coronavirus pero con la misma batalla política que dejaron antes de que este virus comenzara a recorrer el planeta. La Diputación de Alicante es la única gran institución de la Comunidad Valenciana que ha rechazado sumarse al Fondo de Cooperación Municipal que impulsa la Generalitat para dotar de fondos a los ayuntamientos sin carácter finalista. 

El conflicto del pasado sigue sobrevolando la relación de ambas instituciones en esta nueva etapa. De hecho, es el principal elemento de distorsión que tienen ante sí y uno de los desafíos más acuciantes para hacer llegar ayudas de uso flexible a los ayuntamientos con las que atender las necesidades generadas por la crisis. 

Atrás quedan los perfiles dialogantes de Puig y Mazón al inicio del mandato en la búsqueda de consensos para pactar un modelo con criterios objetivos. La polvareda ha ido a más y en estos momentos no existen trazos en común en sus posturas respecto al Fondo de Cooperación. 

Su estrategia pasa ahora por marcar posiciones enfrentadas en los grandes temas. Sus constantes reproches evidencian que son incapaces de remar en la misma dirección. Y al final, son los pueblos de la provincia los que están pagando caro estos desacuerdos al tener menos autonomía y recursos para prestar servicios, frente a los de Valencia y Castellón. La Generalitat aporta 40 millones de euros y la inclusión a este plan autonómico obligaría a la Diputación a mover 13,7 millones de las cuentas para 2021.  

El dirigente provincial exprime al límite sus argumentos. Mazón esgrime que las competencias impropias que asume en el ámbito sociosanitario suponen un lastre y se mantiene firme en este gran pulso político que está llamado a marcar el inicio de su mandato. Por su parte, el Consell asegura que los municipios alicantinos están peor financiados por el boicot del PP pero sigue sin cumplir con los plazos de la comisión convocada para abordar el tema.

Carlos Mazón se desplazó a principios de este año a València para participar en la primera reunión de la comisión bilateral entre la institución provincial y la Generalitat con el objetivo de consensuar el sistema de competencias de cada administración. Pese a que uno de los asuntos prioritarios a tratar fue la posible vía para incorporarse al Fondo de Cooperación, el nuevo ciclo arranca con la misma asignatura pendiente. Es más, se atisba como tema determinante en este escenario. Es la espita que justifica este gran pulso político.

Las constantes apelaciones al diálogo alcanzan ya una dimensión inusitada. Del ejemplo se desprende la evidencia. Por un lado, el diputado del PP, Adrián Ballester, denunció esta semana que la Generalitat no ha convocado ninguna reunión de la comisión y pidió un calendario para solucionar las competencias impropias: «Es una reivindicación justa. Con Mónica Oltra hay un calendario pero con los temas que gestiona el PSOE no sabemos nada. Tenemos voluntad de diálogo pero no tenemos ninguna noticia del Consell». Por su parte, el director general de Administración Local, Toni Such, aseguró que la primera parte del fondo ya se ha liquidado a los ayuntamientos y criticó «la falta de interés» de la Diputación por entrar en este proyecto. 

El Consell iniciará en dos semanas una ronda de contactos con las tres diputaciones de cara a la elaboración de los presupuestos y les anunciará que invertirá 40 millones de euros en las tres provincias a través de este fondo, tal y como adelantó Toni Such a este medio. A juicio del director general, los argumentos de Mazón son «palabrería». 

Esta espiral de tensión también estará alimentada los próximos meses por los grupos de la oposición en el Palacio Provincial, que han puesto en marcha una campaña por las comarcas alicantinas para forjar un frente común y alzar la voz contra el agravio comparativo perpetrado. Los socialistas critican que Mazón «no ubique a los municipios en el centro de las prioridades» y aseguran que todas las instituciones asumen competencias impropias. Además, Compromís insiste en que la postura del PP ha dejado a los pueblos con ayudas 20 veces menores que las que recibirán los ayuntamientos valencianos y castellonenses. 

El Fondo de Cooperación también es un punto de tensión entre los socios de gobierno de la Diputación pese a los intentos de Mazón por esconder las grietas que mantiene con Ciudadanos para hacerlas inapreciables. El síndic de Ciudadanos Toni Cantó, en su habitual actitud de jugar a dos bandas, también ha querido ganar visibilidad en este juego de ajedrez y ha tensado la cuerda con Mazón, exigiéndole que se sume al plan. En definitiva, desavenencias a derecha e izquierda que enturbian el recién estrenado curso y que hacen que la recuperación de los municipios sea todavía más complicada.

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