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El PP y el PSOE trasladan a la Diputación el conflicto por los ahorros municipales

Los socialistas acusan al equipo de Gobierno de la institución provincial de renunciar a 56 millones extras para los ayuntamientos. Los populares replican que la ayuda llegará si se entregan más de 245 millones de remanentes a devolver en 17 años

Diputados del Partido Socialista en el pleno donde se aprobaron últimos presupuestos de la institución provincial.

Diputados del Partido Socialista en el pleno donde se aprobaron últimos presupuestos de la institución provincial.

Diputados del Partido Popular en el pleno donde se aprobaron últimos presupuestos de la institución provincial. José Navarro

La pugna por la «hucha municipal» sigue creciendo. Con los ayuntamientos del Partido Socialista y del Partido Popular absolutamente enfrentados por la propuesta del Gobierno de gestionar los remanentes de tesorería acumulados durante años por las entidades locales, ahora se ha trasladado el mismo campo de batalla a la Diputación de Alicante. Las instituciones provinciales también están reguladas por la misma Ley de Estabilidad Presupuestaria que creó el ministro del PP, Cristóbal Montoro, que prácticamente restringe el uso de los remanentes municipales a pagar deuda. Una norma de 2012 que, en este tiempo, ha servido para reducir de una manera aplastante los préstamos que los ayuntamientos debían a los bancos, pero que, a su vez, ha alimentado a las entidades financiares con miles de millones en concepto de ahorros que no se pueden gastar.

En el caso de la Diputación de Alicante, el remante acumulado a febrero de 2020 es de 245.462.067 euros. Más de 245 millones que son la cifra con la que la institución alicantina podría participar de la propuesta del Gobierno. Si entrega sus remanentes, que ahora mismo no puede gestionar, Hacienda se los devolvería en un plazo máximo de 15 años a contar desde 2022. Es decir, en 2037. A cambio, entre este mismo año 2020 y el próximo, la Diputación recibiría el 35% del dinero que cede. Bajo los cálculos del grupo socialista de la Diputación de Alicante, si se aprobarse en el Congreso el decreto de uso de los remanentes, y siempre y cuando la Diputación se adhiera al plan, recibiría en este mismo ejercicio en torno a 56 millones de euros extraordinarios de subvención.

Cálculo inexacto

Sin embargo, esta cifra está calculada sobre un remanente de tesorería de la institución provincial que el PSOE sitúa en torno a los 162 millones de euros, cuando la cifra es mas elevado. Según la información presupuestaria actualizada de la Diputación de Alicante, a la que ha tenida acceso este periódico, el remanente de tesorería supera los 245 millones, por lo que el 35% que entrega el Estado a cambio de recibir el 100% de la «bolsa de los ahorros» estaría en unos 85 millones de euros.

Asimismo, desde el grupo socialista señalan que hay «otro gran beneficio» para los ayuntamientos y la Diputación de Alicante, como es el hecho de que el decreto incluya la posibilidad de que se utilice el superávit de 2019 para gastos generales en 2020. Cabe señalar que, en la actualidad, solo se pueden utilizar estos superávits para sufragar inversiones financieramente sostenibles. En el caso de la Diputación de Alicante se trata, de 31'7 millones de euros (cifra facilitada por el PSOE).

Por todo ello, la portavoz adjunta socialista en la Diputación, Patricia Maciá, considera que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón «rema en contra» de los intereses de los municipios, especialmente «en un momento tan delicado como el que estamos viviendo ahora». Por contra, el vicesecretario de Política Territorial y diputado provincial del PP, Alejandro Morant, asegura que el PSPV ofrece «un chantaje al municipalismo» y «oculta la verdad» para «financiar el macrogobierno más caro de la historia de la democracia, con 22 ministros y más de 800 asesores».

Los alcaldes socialistas empiezan a acatar la orden de su partido y aceptan la propuesta creada por Hacienda 

La dirección de la Federación de Municipios española y valenciana intensifica la presión para evitar disidentes

A medida que se acerca la convalidación en el Congreso del Real Decreto que materializará el acuerdo sobre los remanentes de los ayuntamientos, prevista para el 10 de septiembre, el PSOE está intensificando su presión para que no haya alcaldes socialistas «remolones» que se desmarquen de la propuesta del Ministerio de Hacienda y pongan en evidencia al Ejecutivo que lidera su compañero de filas, Pedro Sánchez. Si en un primer momento, tan solo mostraban su adhesión a la propuesta ayuntamientos como Elche o Elda, ahora ya empiezan a decantarse por dar este paso otras localidades con alcalde socialista como San Vicente del Raspeig, Novelda, La Vila Joiosa, Sant Joan d'Alacant o Villena.

En las últimas horas, la dirección del Partido Socialista ha lanzado mensajes de unidad para no dejar lugar a dudas. Así, desde el grupo socialista en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezado por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se ha emplazado a todos los grupos políticos a apoyar estas medidas y abandonar «una polémica absurda e intencionada, llena de falsedades, porque el acuerdo es totalmente voluntario y es la única alternativa jurídica».

Por su parte, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), el socialista Rubén Alfaro, alcalde de Elda, solicita «altura de miras» a los grupos ante la alternativa planteada por el Gobierno de congelar el decreto sobre los ahorros de los ayuntamientos y el nuevo fondo municipal de 5.000 millones hasta que los grupos acuerden posibles modificaciones durante el trámite del Congreso. Alfaro propone que se abra «un espacio de confianza en el que los grupos se muestren flexibles para poder desbloquear el uso de los remanentes», añade.

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