El PP y Ciudadanos quieren dar por zanjado cualquier atisbo de crisis interna en el seno del equipo de gobierno de la Diputación de Alicante. Y lo han hecho en uno de sus momentos más complicados, tan solo dos días después de que Toni Cantó haya abierto un canal de comunicación con el PSOE para consensuar los presupuestos y ante el evidente volantazo ideológico de Inés Arrimadas para alejarse del sector más derechista. Los portavoces de PP y Ciudadanos en la institución aprovecharon ayer la celebración del pleno para escenificar su unidad y mostrar la solidez de su pacto. Una puesta en escena que se produce después del pulso que Toni Cantó echó este verano a Carlos Mazón para exigirle que se sumara al Fondo de Cooperación que impulsa la Generalitat y así hacer llegar 13,7 millones de euros a los municipios con criterios objetivos. De hecho, una de las principales discrepancias entre los socios de gobierno reside en la insistencia del líder autonómico de la formación naranja para que los municipios alicantinos reciban más recursos y puedan equiparse a los de Valencia y Castellón.
Mientras Toni Cantó, siguiendo la estela de Arrimadas, sigue mostrando su capacidad de entendimiento con Ximo Puig, los dos diputados provinciales de Ciudadanos tratan de hacer justo lo opuesto: unir sus fuerzas con el PP y alejarse de la mayoría de propuestas que proceden de la bancada de la izquierda, tratando de tapar el agujero creado por los roces entre Cantó y Mazón, pese a que las aguas siguen revueltas. Empieza un curso político tormentoso en la Diputación. Ayer, los dos representantes provinciales de Cs se unieron al PP para rechazar la reprobación de Alejandro Morant por sus comentarios sobre emigración en redes sociales. Pese a la presión de PSOE y Compromís para que el diputado y también alcalde de Busot pidiera disculpas por considerar su publicación «racista y xenófoba» e instar al presidente, Carlos Mazón, a cesarlo de sus competencias, los dos socios de gobierno votaron en contra. La oposición denunció el discurso deliberadamente diferente de los de Inés Arrimadas en las Cortes, donde hace justo un mes presentaron una propuesta para aprobar un pacto valenciano contra el racismo y la xenofobia para tener en cuenta las posibles discriminaciones que ha provocado el coronavirus. No obstante, ahora los dos representantes naranjas en el Palacio Provincial han optado por lanzar la imagen de que trabajan codo con codo con sus socios de gobierno y argumentar que los comentarios de Morant se realizaron en un espacio privado. En su publicación en redes sociales, el alcalde de Busot mostró varias imágenes de pateras y publicó frases como «este es el turismo que fomentan podemitas y socialistas. Vamos camino de un futuro oscuro donde otras culturas acabarán con nuestra propia identidad». La posición de Ciudadanos despertó los reproches del PSOE y Compromís, cuyo portavoz preguntó a Javier Gutiérrez «cómo ha sido comprado por el PP», en alusión a sus nueve asesores. También recordó Gerard Fullana que en 2018 este mismo partido tachó a Morant de «xenófobo» y pidió su dimisión, tras opinar sobre el cierre de fronteras y las deportaciones.
Uno de los momentos más tensos del pleno lo protagonizaron el presidente, Carlos Mazón, y el portavoz de Compromís, Gerard Fullana. Tras denunciar el valencianista que Mazón «no es de fiar» por no haber cumplido sus compromisos en el acuerdo de los presupuestos para aprobar el Fondo de Cooperación y ayudas por la DANA, Mazón tomó la palabra y, visiblemente molesto, recordó que Fullana pactó este presupuesto y que el Gobierno central es el responsable de la infrafinanciación de la Diputación. «Sufrimos un bloqueo por parte del Gobierno que no nos permite gastar nuestros ahorros y no aprueba las ayudas de la DANA e imposibilita que podamos aprobar las nuestras», indicó Mazón.
INSTAN AL CONSELL A REALIZAR PRUEBAS PCR ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
PP y Ciudadanos sacan adelante una moción para exigir a la Generalitat que haga test a los profesores ante el inicio del curso
El pleno de la Diputación de Alicante aprobó ayer una moción conjunta del equipo de gobierno para instar al Consell a realizar pruebas PCR para la detección de casos positivos entre la comunidad educativa ante el inicio del curso académico. La moción salió adelante por el voto de calidad del presidente, Carlos Mazón, ante la ausencia del diputado del PP Sebastián Cañadas, tras el empate a 15 votos entre el equipo de gobierno y PSPV y Compromís.
Después de que el Ayuntamiento de Torrevieja suspendiera hace unos días las pruebas serológicas que, a través de Ribera Salud, iba a realizar a los docentes y personal educativo de todos los colegios e institutos de la ciudad, fue el diputado y alcalde de este municipio, Eduardo Dolón, quien instó a la Generalitat a realizar y financiar las pruebas de detección del covid-19 de forma masiva entre la comunidad educativa y exigir que las mismas se realicen de forma continua y periódica para evitar focos de contagio.
Dolón reclamó el apoyo de toda la corporación a una medida que, según indicó, «se ha adoptado en otras comunidades porque da seguridad a las familias y contribuye a que nuestros alumnos vayan a los centros con garantías». En esta misma línea, la vicepresidenta, Julia Parra, reclamó la unidad política para implementar los protocolos de detección inmediata de contagios en centros escolares mediante pruebas aleatorias y continuadas.
También a instancias del equipo de gobierno se solicitó al Consell que incorpore una enfermera escolar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Ambas propuestas salieron adelante con el apoyo de los grupos del equipo de gobierno y el voto en contra del PSOE y Compromís. Según denunció Julia Parra, «nos parece insólito que el PSOE no respalde que los centros escolares dispongan de un servicio de enfermería propio, y más en la situación actual. Dudo mucho de que los padres y madres y los docentes puedan entender esta cerrazón».
Finalmente, desde el PSPV, Eva Delgado mantuvo que se busca dar «una falsa seguridad», y recordó que las PCR no son una vacuna: «Es una foto fija y no garantiza que no haya contagios», dijo Delgado, incidiendo en que las medidas deben ir prescritas por facultativos «y no por partidos».
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, defendió que la Conselleria de Educación sigue las directrices marcadas desde Sanidad y que establecen los epidemiólogos. Fullana insistió en que las pruebas PCR «no dan garantías», y se refirió a Madrid donde «se ha multiplicado el caos al intentar hacer las pruebas», según sentenció.
