Nuevo revés para el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos tras sufrir una gran derrota parlamentaria en el Congreso al rechazar la oposición el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los ahorros municipales. Pedro Sánchez suma así otro frente en forma de tormenta política contra el poder local. El acuerdo quedó derogado y, por tanto, los ayuntamientos ganaron su primera batalla. Sin embargo, pese a que se han salido con la suya, la rebelión de los alcaldes no ha cesado. Ayer, los regidores del PP de las principales ciudades de esta provincia pidieron que el Ministerio de Hacienda presente un nuevo decreto municipal rechazando en bloque el acuerdo propuesto por el Ejecutivo para tomar el control de la gran bolsa de ahorros de los municipios y que pretendía sumar liquidez a la hora de afrontar las consecuencias del coronavirus.
En la fórmula anunciada por el Ministerio, el poder local iba a disponer de una parte reducida de esa hucha acumulada por el municipalismo. Los ayuntamientos alicantinos habrían recibido 254 millones de euros del Gobierno si hubiesen aceptado entregar más de 800 millones ahorrados, sin poder utilizarlos debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La fórmula pasaba por prestar el superávit para articular una devolución a plazos como ingresos no financiero. Ayer, los alcaldes del PP celebraron el fracaso en la votación sobre la convalidación del decreto ley pero exigieron que no se tome la «revancha» con las administraciones locales. Todos mostraron su satisfacción y destacaron la necesidad de retomar las conversaciones para poder hacer uso de sus ahorros y dedicarlos a las necesidades de los ciudadanos y a la emergencia social agravada por el coronavirus. También se sumó a la protesta la síndic del PP en las Cortes, Isabel Bonig, quien instó a Pedro Sánchez a que ponga a disposición de los ayuntamientos los 14.000 millones de euros del remanente que acumulan para reactivar la economía.
La mayoría de alcaldes consultados por este medio insistieron en la importancia de retomar la senda de la negociación para alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes. El primer edil de Alicante, Luis Barcala, acudió ayer al Congreso y dijo que «los vecinos han ganado la partida porque no es admisible que nos quiten los ahorros y no es admisible esta falta de diálogo. Exigimos poder utilizar los remanentes de tesorería». También reiteró esta idea el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, asegurando que «aunque sea dura, debe haber negociación. No pueden pagar los ciudadanos la venganza que ya anuncia el Gobierno». Además de los populares, también Compromís manifestó su disconformidad con ceder los remanentes de tesorería al Gobierno. Ayer el primer edil de Altea, Jaime Llinares, afirmó que «no estamos de acuerdo porque ese dinero debe quedarse en las administraciones locales para hacer frente a las necesidades de sus ciudadanos». Frente a esta postura, los alcaldes socialistas de la provincia denunciaron que lo único que ha quedado sobre la mesa tras esta derogación es la Ley Montoro y recordaron que también se incluía la no aplicación de la regla de gasto. Además, lamentaron que ahora los consistorios no puedan disponer de sus ahorros para dar respuesta a los retos derivados de la pandemia. El alcalde de Elche, Carlos González, afirmó que «el voto en contra del PP supone perder 3,5 millones de euros este año y, además, nos obliga a pagar 10 millones a los bancos en lugar de destinarlos a atender las necesidades de los ilicitanos». También el alcalde de Elda y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de la Comunidad, Rubén Alfaro, pidió al PP que ofrezca una alternativa y dijo que «es lícito estar en contra, pero los meses pasan y los depósitos aumentan sin poder invertirlos».
El controvertido sistema para tener el mando del dinero tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo laberinto político. Desde Unidas Podemos se emplazó al Gobierno a seguir negociando sobre la base del acuerdo alcanzado. También Ciudadanos exigió un nuevo decreto que garantice a los municipios recursos para abordar esta crisis. Además, el resto de grupos exigieron a Hacienda que presente una nueva fórmula para solucionar la situación de los ayuntamientos. Sin embargo, la ministra María Jesús Montero dejó claro que es la oposición la que tiene ahora la responsabilidad de formular una alternativa, dando a entender que no tiene en sus planes presentar un nuevo texto.
