El jefe del Consell, Ximo Puig, y el líder de Ciudadanos en la Comunidad, Toni Cantó, han acercado posiciones sobre un punto que arrincona al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. La Generalitat está ultimando la ley para obligar a la institución provincial a sumarse al Fondo de Cooperación y dotar de fondos a los ayuntamientos sin cáracter finalista. Ximo Puig y Toni Cantó han abierto un canal de comunicación directa sobre este tema y, al margen de abordar la elaboración del presupuesto, también están dispuestos a alcanzar un acuerdo para consensuar esta nueva normativa. Han estrechado relaciones para exigir a Mazón que apruebe este instrumento de financiación local impulsado por la Generalitat y que permitiría conceder ayudas por valor de 13,7 millones de euros a las entidades locales de la provincia.
El Consell tiene prácticamente terminada la ley y el objetivo es llevarla a pleno en un mes para la primera vuelta. Posteriormente, tendría que pasar por el Consejo Jurídico Consultivo para dar paso a la segunda vuelta en sesión plenaria del Consell y, por último, tramitarla en las Cortes Valencianas. El PSOE confía en que la medida contará con el apoyo del Botànic y también con Ciudadanos, cuyo líder autonómico ha iniciado un pulso contra Carlos Mazón, zarandeando la estabilidad del pacto en la Diputación.
Fuentes de Ciudadanos aseguraron que la formación va a estudiar el proyecto al detalle, dejando claro que «este es un camino que ha abierto Ciudadanos, al obligar al PP a sumarse al Fondo de Cooperación. Si esta formación no hubiese tomado la iniciativa poniéndola encima de la mesa en la Diputación, nadie más podría obligarles», añadiendo que «siempre hemos defendido una mejor financiación para los alicantinos, por lo que el instrumento sea el que sea, será bienvenido si así lo garantiza». Por su parte, a preguntas de este medio, el PP en la Diputación prefirió no hacer declaraciones sobre el desarrollo de esta ley, aunque en los últimos meses ha insistido en que las competencias sociales y sanitarias que asume la institución provincial ahogan su presupuesto
La Diputación de Alicante ha sido la única de la Comunidad que en los últimos cinco años se ha negado a aplicar la medida. Ahora, el Consell está decidido a regularla por ley. Se trata de un fondo que da autonomía a los municipios, prácticamente no tiene trámites burocráticos y no es finalista, por lo que el 1 de enero los ayuntamientos ya podrían disponer de los recursos para decidir si hacen inversiones u otras actuaciones sin tener que presentarse a convocatorias.
El director general de Administración Local, Toni Such, pidió ayer el apoyo del PP para que la nueva ley cuente con una posición unánime y manifestó que en los próximos días mantendrá conversaciones con todos los grupos para trasladarles el texto, independientemente de que posteriormente se debata en las Cortes Valencianas «Nuestro interés es que se genere consenso». Toni Such calificó como una «injusticia» que los municipios de las provincias de Valencia y Castellón reciban el doble de dinero que los de Alicante», considerando este hecho como «una anomalía que hay que modificar». En su opinión, existe la necesidad de que las tres provincias obtengan los mismos recursos. «El proyecto de ley propicia que todos estén obligados a sumarse a este fondo. Para continuar en la arbitrariedad no haríamos nada porque la Generalitat no pide a la Diputación de Alicante que nos dé el dinero, sino que lo distribuya entre los municipios», dijo Such.Además, el Consell también aprobará la próxima semana el decreto de la comisión bilateral para regular las reuniones con la Diputación y establecer plazos de encuentros.
Cantó comenzará a revisar este mes los pactos que tiene suscritos en la Comunidad Valenciana pero, como manifestó esta semana, «no quiere decir que se vayan a cambiar automáticamente», sino que se trata de evaluar el estado de cada uno de ellos y no ve riesgo en los suscritos en Alicante.
